Guillermo Lasso se queda sin consejeros ad honorem, tras escándalos de dos de ellos
La gestión de esos funcionarios está bajo el escrutinio de una comisión legislativa, que pidió a la Contraloría que fiscalice el uso de recursos
En plataforma de consulta de decretos presidenciales consta el decreto ejecutivo 530 con el que se agradece a Roque Sevilla por los servicios prestados como consejero de gobierno ad honorem para el medioambiente y con el que también se deroga el decreto 364, del 4 de marzo pasado, que establecía la vigencia de ese cargo.
Con la salida de Sevilla, el Gobierno de Guillermo Lasso sumaba la cuarta baja de los consejeros bajo esa figura colaborativa que instauró el jefe de Estado cuando asumió la Presidencia de la República.
El Ejecutivo presindió de la consejería ad honorem de Gobierno que ostentaba Aparicio Caicedo, quien pasó a ser funcionario de planta de la Presidencia. Caicedo está envuelto en un escándalo luego de que se filtrara un audio de una llamada que sostuvo semanas atrás con Raúl González, entonces candidato para el cargo de Superintendente de Bancos. En la llamada se evidencia la presión que ejerce Caicedo a González para que este desistiera de seguir en el concurso. Algo que también resultó curioso es que el actual superintendente formaba parte de la terna que envió el mismo Ejecutivo.
El presidente Lasso después eliminó la consejería para la gestión y estrategia de comunicación, a cargo de Rafael Cuesta Vallarino. Estas decisiones se registraron después de los señalamientos a su exconsejero en temas de banano, Juan José Pons, cuyo nombre ha trascendido en una investigación de venta de cargos públicos en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), y de la polémica llamada protagonizada por Aparicio Caicedo.
El último consejero ad honorem que le quedaba al Gobierno era Luis Coloma, para temas vinculados con la lucha contra la desnutrición infantil. Una fuente del Ejecutivo confirmó a Diario EXPRESO que Coloma presentó la renuncia. Esa información circuló en redes sociales.
La gestión de quienes se desempeñaron como consejeros presidenciales está siendo escrutada por la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea. Entre las acciones que ha emprendido este organismo lefislativo está la solicitud que hizo a la Contraloría para que se fiscalice el uso de recursos públicos.
