Gobierno de Noboa: la razón de la suspensión de gasolineras ligadas a Álvarez
El abogado de Copedesa alega que el procedimiento ejecutado por agencia gubernamental es una persecución política
Un nuevo episodio se registra en la investigación que ejecuta la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburos (ARCH) a la operación de las distribuidoras de combustible ligadas al negocio familiar de los hermanos Álvarez Henriques (el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez es uno de ellos).
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El jueves 19 de septiembre, personal de la ARCH suspendió las operaciones de varias gasolineras y un centro de distribución de gasolina al pie del mar, según la información que se conoció ese día. Eran notorios los sellos con la leyenda "Suspensión", pero no se detallaba el motivo.
Este viernes 9 de septiembre, José Julio Neira, secretario General de Integridad Pública, detalló el motivo, en un video que publicó en su cuenta de la red social X.
"Hoy les puedo anunciar que la agencia de control y regulación hidrocarburífera ha emitido la notificación de suspensión de entrega de combustible a todas las comercializadoras y distribuidoras del grupo Alba3 S. A., consorcio que maneja todas las gasolineras asociadas con Copedesa. Ustedes se preguntarán cómo los exaccionistas de Copedesa se hicieron millonarios de la noche a la mañana, el acto ilícito consistía en usar las compañías hoy denunciadas para la compra de diésel con subsidio, que debía ser comercializado dentro de un segmento específico: Entiéndase, automotriz, industrial o naviero", explicó el funcionario.
Y agregó: "Pero que en la práctica era desviado de un segmento a otro. Por ejemplo, se observó que el diésel subsidiado del segmento automotriz Gasquil S. A. se desvió a Corpalubri S. A. que pertenece al segmento industrial en beneficio de los accionistas, ahora ex accionistas de las referidas empresas y así han causado un gran perjuicio al Estado ecuatoriano".
El daño económico para el Estado, según el secretario de Integridad Pública
Neira indicó que identificaron "el daño económico causado por el desvío de diésel subsidiado" calculando la diferencia entre el precio de diésel con subsidio y el precio sin subsidio. También multiplicaron la diferencia por el número de galones vendidos en los años 2021, 2022 y 2023, asegura.
El funcionario afirmó que "el perjuicio al Estado ecuatoriano es de aproximadamente $ 94 millones de dólares.
Actualmente, la Fiscalía también investiga el caso, por lo que en su momento se ejecutaron allanamientos a las oficinas de Copedesa.
El abogado de Copedesa responde a la suspensión
Joffre Campaña es el abogado de Copedesa. Él comentó que la acusación obedece a una persecución política.
"La supuesta infracción sería haber vendido combustible a través de compañías que no estaban autorizadas en ciertos segmentos. La notificación fue el día de ayer con un informe realizado en 24 horas, a espaldas de la empresa, violando absolutamente la ley, en este caso el Código Orgánico Administrativo", sostuvo el letrado.
"Que obliga, a previo a iniciar cualquier expediente sancionador, notificar con un informe para pedir los descargos de la empresa. Se violó por completo este trámite y de allí que el resultado es un procedimiento absolutamente arbitrario e ilegal".
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