Gobierno suspende el derecho a la libertad de asociación a días del paro nacional

Este 2 de julio el Gobierno Nacional ha decretado, por tercera ocasión, nuevo estado de excepción en seis provincias del país y un cantón, como parte de su estrategia de seguridad para enfrentar al crimen organizado y los grupos terroristas que operan en el país. 

Si bien el decreto ejecutivo pretende mantener a los militares en las calles de las provincias y cantones más violentos del país, como Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, también dispone suspender varios derechos que podrían reconfigurar la agenda de las organizaciones sociales que prevén salir a las calles el próximo 4 de julio para protestar en contra de la eliminación de subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís.

Al menos así lo estipula el artículo cinco del decreto ejecutivo, en el que se establece suspender el derecho a la libertad de asociación y reunión, en estricta relación con los motivos del estado de excepción, "observándose los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad".

Si bien un primer párrafo indica que la limitación de la libertad de asociación y reunión de las personas consiste en impedir cualquier acción que afecte la seguridad y el orden público provocada por integrantes, colaboradores o personas afines a grupos armados o delincuencia organizada, un segundo inciso amplía el espectro y establece que las autoridades podrán disolver toda reunión que ponga en riesgo la seguridad ciudadana o el orden establecido.

"En tal sentido, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional quedan facultadas para impedir y desarticular reuniones en espacios públicos donde se identifiquen posibles amenazas a la seguridad ciudadana e integral, así como al orden constituido", reza el artículo cinco del nuevo decreto.

¿El estado de excepción puede impedir el paro nacional?

Desde otra perspectiva, el analista político Kleber Siguencia señala que esta nueva disposición constitucional podría configurar un escenario en el cual se interprete que las protestas del próximo jueves representan un peligro para la seguridad pública. Por lo tanto, agrega que lo que se debe cuestionar es hasta qué punto se considera o se podría considerar que las próximas manifestaciones afectan la seguridad ciudadana o contribuyen a crear un escenario de inseguridad o riesgo para la ciudadanía: "Todo queda en manos del Bloque de Seguridad y su criterio", explica Siguencia.

A las calles en señal de protesta: 4 de julio

Se tiene previsto que el próximo jueves 4 de julio de 2024 distintas organizaciones sociales salgan a las calles a protestar en contra del incremento del precio de las gasolinas Extra y Ecopaís. Según el Frente Unitario de Trabajadores, las movilizaciones se realizarán en 23 de las 24 provincias del país.

En la provincia del Guayas, las marchas se llevarán a cabo en la ciudad de Guayaquil. De acuerdo a la agenda programada por los diversos sectores sociales y sindicales que se unirán a la manifestación, la concentración en el Puerto Principal se dará en el Parque Centenario a las 16:00.

Colectivos como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Frente Popular (FP) y la Unión Nacional de Educadores (UNE) son los que liderarán estas movilizaciones como muestra de rechazo a la reducción en el subsidio a los combustibles.

Este martes 2 de julio en algunas ciudades del país se realizaron algunas protestas como un preámbulo al paro nacional anunciado para el jueves. Según reportes ciudadanos, las marchas en Guayaquil se registraron sobre la avenida Narcisa de Jesús. Videos que circularon en redes sociales mostraron cómo los manifestantes quemaban llantas y gritaban consignas en contra del Gobierno nacional.

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