El Gobierno se topa con otra muralla, la Corte Constitucional
Determinar la “urgencia” se ha vuelto en el principal escollo. Hay defensores y detractores de las decisiones de los jueces constitucionales
Asumiendo un rol político o cumpliendo con el deber ser. La decisión de la Corte Constitucional (CC) de no dar paso a los dos últimos decretos ley enviados por el presidente Guillermo Lasso abre nuevamente el debate sobre el rol que cumple este organismo a falta de la Asamblea Nacional.
El Gobierno y algunos expertos en la materia consideran que la mayoría de los jueces constitucionales se están extralimitando en funciones, sobre todo, en lo referente a determinar qué es urgente en materia económica.
“¿Por qué seguir insistiendo con otras propuestas si la CC prácticamente hace control político (conveniencia y oportunidad) y económico de los decretos ley?”, se preguntó el abogado constitucionalista André Benavides que considera que el Gobierno estaría vedado de presentar más decretos en los casi cinco meses que le quedan.
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No todos están de acuerdo con esa postura. La constitucionalista Ximena Ron considera que es un error decir que la Corte ha asumido el rol de contrapeso que dejó el Legislativo y recuerda que el artículo 148 de la Constitución le da la potestad de determinar la urgencia de los proyectos ley.
“Está cumpliendo lo que dice la ley, pero tampoco hay que descartar que el efecto de los fallos de la Corte Constitucional terminan teniendo un efecto además de jurídico, político”, puntualizó Ron.
Ismael Quintana creía que en el decreto ley sobre beneficios a las personas que enfrentan coactivas por créditos educativos los jueces constitucionales serían benevolentes y dejarían pasar. El otro, sobre reestructuración empresarial tenía menos posibilidades por ser regresivo el derecho, a su criterio.
“El problema que tenemos es con el tema de la urgencia (...) en el caso de las coactivas la corte reconoce el espíritu del proyecto, pero también señala que no va a aplicarse de inmediato porque la propia propuesta establece una transición de 60 días y lo que le dicen es que en ese tiempo ya tendremos Asamblea”, señaló Quintana.
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Los dos especialistas coinciden en señalar que el Gobierno probablemente se imaginó que sin Asamblea sería más sencillo empujar sus proyectos y que no ha sido lo suficientemente cuidadoso a la hora de elaborarlos y plantearlos.
Un Ejecutivo “asombrado”, que insistirá en enviar propuestas
“Seguiremos enviando (proyectos leyes)”, fue la respuesta que dio ayer el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, ante la inquietud de EXPRESO en el sentido de si vale la pena insistir con otras propuestas, teniendo en cuenta los fallos de los jueces constitucionales.
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“La Corte Constitucional le dice, una vez más, no a los ciudadanos, pensando que es al Gobierno. Pasaron de lo mínimamente verosímil, por lo cual ya son historia, a lo inverosímil, que en un país en crisis se nieguen oportunidades a los ciudadanos. En Ecuador, en estos momentos, todo lo económico es urgente, pero la Corte de forma sesgada y subjetiva, confunde el control constitucional con el accionar de un gobierno”, señaló.
En un comunicado, el Ejecutivo dijo recibir con “asombro y preocupación”, la decisión especialmente del tema de los beneficios a quienes tienen coactivas educativas.
