Golpe violento contra una ciudad indefensa

La izquierda antisistema ecuatoriana pretende demasiado. Reclama, a nombre de un pueblo cuya representación se atribuye, el derecho de levantarse contra un presidente democráticamente electo e intimidar con violencia al país que lo eligió, impedir la movilidad de bienes y personas, suspender los servicios, paralizar la producción, desabastecer los mercados… En fin, asfixiar al país hasta tumbar al gobierno. Al mismo tiempo, niega a ese gobierno la posibilidad de defenderse; a la democracia, las herramientas para repeler esas amenazas; a la población, el derecho a reaccionar contra la violencia. Si la Policía responde con gases a los estudiantes que le lanzan adoquines, los organismos de derechos humanos que esa izquierda antisistema controla y utiliza para sus fines la acusan de brutalidad. Si el Ministerio del Interior dispone la detención del líder de la revuelta por delito flagrante, una bien aceitada maquinaria jurídica lleva al ministro ante la Justicia. Si el presidente decreta un estado de excepción para proteger a la capital, la Asamblea responde de inmediato, esa misma noche, con un plan para derogarlo. Cierto es que se trata de un decreto chapucero, lleno de puntos debatibles, pero el proyecto de resolución que ya está listo para remitirse al Pleno (donde la mayoría para aprobarlo está asegurada) no cuestiona los excesos del decreto de estado de excepción sino la facultad misma del presidente para dictarlo: “Ante el ejercicio del derecho a la resistencia de los sectores populares del país -dice- corresponde aplicar (…) políticas públicas adecuadas que respondan al clamor del pueblo”. O sea que el gobierno no tiene otra alternativa que bajar la cabeza y hacer lo que se le ordena o resignarse a contemplar impotente cómo el país arde en llamas. El Ecuador tumbó tres gobiernos en diez años, pero nunca había visto semejante nivel de impunidad y de descaro.

Y lo peor: aquí nadie se hace cargo de sus actos. Nadie responde por los saqueos, las extorsiones, los secuestros, la destrucción de bienes públicos y privados, las pérdidas económicas, el miedo… Si se habla de violencia, los dirigentes responsabilizan a supuestos infiltrados anónimos llegados quién sabe de dónde, personajes ignotos, alienígenas ancestrales, como si hubiera una disidencia de la disidencia jugando a la clandestinidad entre los disidentes. Como si los grupos que reivindican a Abimael Guzmán y el Che Guevara, que tienen vínculos de vieja data con la guerrilla colombiana y envían a sus militantes a campamentos de instrucción militar en el extranjero, no estuvieran medrando desde hace rato en las propias organizaciones de la izquierda, recibiendo fondos de oenegés, ocupando cargos de confianza en sus fundaciones de derechos humanos, en sus medios digitales, en las facultades universitarias que controlan. Como si el propio presidente de la Conaie no justificara, en sus escritos, la violencia sagrada de los pueblos como mecanismo legítimo de cambio social. Como si entre el movimiento indígena, los comandos urbanos y las células estudiantiles no supieran perfectamente quién es quién.

Esos agitadores que aparecen en los videos instruyendo a las bases sobre cómo sembrar el miedo entre la población, o disparando bengalas con bazucas artesanales de PVC en la Plaza de Santo Domingo, ¿de dónde salen sino de las organizaciones de la izquierda antisistema? Nomás faltaba que el asambleísta de Pachakutik Salvador Quishpe, haciendo alarde de su capacidad para rizar el rizo del cinismo, pidiera al Estado que se hiciera cargo de ellos, escribiendo en un proyecto de resolución que el Pleno aprobó con 95 votos a favor: “Exhortar a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a estar atentas a la presencia de infiltrados que pretenden sembrar el caos”. ¡Pero si es él quien los conoce! ¿Por qué no los identifica él mismo? En octubre de 2019 sí lo hizo: habló de los mariateguistas, señaló a la Facultad de Comunicación de la Universidad Central, nombró a su decano... De eso ya no se acuerda. Le resulta más cómodo lavarse las manos repitiendo la mentira de los infiltrados.

Sembrar el miedo: en eso consiste la absoluta novedad del capítulo de protestas sociales inaugurado en octubre de 2019, aporte de Leonidas Iza a la causa del comunismo indoamericano. Antes de eso, marchas indígenas llegaron hasta Quito en numerosas ocasiones y ocuparon el parque de El Arbolito y se juntaron con agrupaciones de izquierda y se dirigieron juntas a Carondelet y tumbaron gobiernos y nunca, en ningún momento, la ciudad se sintió bajo amenaza. Hoy, en cambio, por primera vez desde que existe la Conaie, el objetivo de los levantamientos aupados por la izquierda antisistema es la sociedad civil: su paralización, su desabastecimiento, su sujeción por el miedo. Es un cambio cualitativo del que ningún sociólogo se ha hecho cargo. En ese contexto, el anuncio de Iza de que se dispone a marchar hacia la capital en las próximas 48 horas sólo puede ser tomado como una amenaza. El estado de excepción parece una herramienta adecuada ante la posibilidad de que los episodios de 2019 se repitan, pero ya está trabajando la Asamblea para despojar de esa herramienta al gobierno y dejar, probablemente, a Quito en la indefensión. Al cierre de esta edición, el correísmo y Pachakutik casi habían completado las 70 firmas que se necesitan para autoconvocarse y derogar el decreto presidencial.

Se trata de que la democracia no pueda defenderse. Desde el primer día, una lista de demandas imposible de atender dejaba claro el objetivo del levantamiento. La Conaie quiere que el gobierno restituya los subsidios a los combustibles (con un costo de más de mil millones anuales) y detenga la producción petrolera (lo cual implicaría renunciar a dos mil millones por semestre) pero, al mismo tiempo, le exige incrementar el presupuesto de salud, mejorar la infraestructura educativa, resolver el desempleo con inversión pública, sostener la economía popular y pagar la deuda con el IESS. Acabar con la inseguridad y ganar la guerra contra el narcotráfico. Nada menos. O lo tumbamos. Y luego viene la Asamblea y exhorta al gobierno “para que viabilice de forma urgente los puntos propuestos por la Conaie (…) con la finalidad de encontrar de forma oportuna la paz y la armonía”. Pero sobre todo, nada de lanzarnos gases o meternos presos mientras aterrorizamos a la población civil. No hay vuelta que darle: esto es una tentativa de golpe de Estado en toda regla. Van dos.

NO a la fuerza, ni legítima

Nadie en Pachakutik y la Conaie entiende el concepto de uso progresivo de la fuerza. Leonidas Iza lo percibe como una amenaza en lugar de verlo como una garantía. “Usted -dijo a Guillermo Lasso- ofrece diálogo, pero a la vez amenaza con aplicar el uso progresivo de la fuerza. No tiene coherencia”. Cecilia Velasque sigue un razonamiento idéntico: “El gobierno dice que llama al diálogo, pero por el otro lado dice que se va a utilizar la fuerza progresiva”. Los asambleístas de su partido creen que es una especie de doctrina fascista que está buena para aplicársela a todos aquellos a los que sí se puede (y hasta se debe) coser a balazos: delincuentes comunes, sicarios, narcotraficantes… Creencia que, bien mirada, los convierte en fascistas a ellos. Todos coinciden: contra los manifestantes, nada de fuerza. Aunque quemen la Contraloría.