Los golpistas vuelven a colocar sus fichas

Las piezas están dispuestas sobre el tablero. Hay un caso contra el presidente de la República; una comisión parlamentaria de mayoría correísta para investigarlo; un dirigente indígena preparando el estallido: la torre, los peones, el caballo. El alfil viene de México: la figura de Ricardo Patiño, cuya amnistía se tramita en la Asamblea, es un recordatorio de cómo la recuperación por medios violentos del poder ha sido la prioridad velada de los correístas desde el día en que lo perdieron. Basta con evocar las razones por las que el exministro de Rafael Correa huyó precipitadamente del país. Así que los agitadores incendian las calles, el movimiento indígena paraliza la nación desde las carreteras y la Asamblea busca la salida de esta conmoción social procesando al presidente. Una combinación de ingredientes violentos y constitucionales que conforman la receta del golpe parlamentario desde los tiempos de Napoleón y que se viene repitiendo en el Ecuador desde 2019. No, lo que está ocurriendo no es nuevo: cuando las fichas se disponen de la manera en que lo están haciendo, el país sabe perfectamente a qué atenerse.

Con Patiño en la colada no hay donde perderse. Caso excepcional dentro del correísmo (es el único prófugo de ese movimiento al que no se le busca por ratero sino por instigador: un delito contra la seguridad del Estado), el exministro comodín de Rafael Correa (ocupó las carteras de Economía, Defensa, Relaciones Exteriores...) es un agitador profesional. Huyó del país en 2018 porque se le descubrió preparando un golpe de Estado contra Lenín Moreno. Todavía él y los suyos no han conseguido retirar de YouTube todas las copias de aquel video famoso en el que aparece arengando a sus bases para pasar de la “resistencia pacífica” a la “resistencia combativa” (“¡com-ba-ti-va!”, gritaba subrayando cada sílaba). Su abogado de entonces, Fernando Yávar, argumentaba que “combativo” es un término típico de la izquierda, “pero no es violento”. Lo cierto es que, en su discurso, Patiño oponía claramente lo combativo a lo pacífico. “Porque tenemos que tomarnos las instituciones públicas. Tenemos que cerrar los caminos”.

No hubo ministerio en el que Patiño no protagonizara algún escándalo, cada uno peor que el anterior. En Economía fueron los pativideos, aquella conversación secreta sobre los mecanismos para ganar millones manipulando el mercado de los bonos. En Cancillería fue la pativalija (no le gustaba a Patiño que se la llamara narcovalija), bochornosa exportación de cocaína a Italia con salvoconducto diplomático. En Defensa, finalmente, fue el sospechoso asunto de los patifusiles: 10 mil AK-47 que aparecieron en uno de los contenedores enviados desde China con ayuda (gestionada por Patiño) para los damnificados del terremoto de Manabí y Esmeraldas. Los llamados kalashnikov, de diseño soviético, son incompatibles con el tipo de armamento que utiliza el Ejército ecuatoriano, que es el de la OTAN. Ahí quedaron. Nunca se explicó para qué diantres los quería Patiño. Lo cierto es que su descubrimiento accidental (ante los periodistas que habían acudido a la apertura de los contenedores y en presencia del propio Patiño) le aguó el negocio o lo que fuera que se propusiera a hacer con ellos. Ese es el angelito que el correísmo se propone amnistiar y traer de vuelta. Esos son sus límites.

Las actividades que pueda desarrollar este personaje en el país vendrán a sumarse a las que cumplen, cada vez con más intensidad, aquellos que amenazan con convertirse en una fuerza paramilitar en toda regla: las guardias indígenas que Leonidas Iza ha decidido (así lo anunció hace pocos días) volver contra la fuerza pública, o sea contra el Estado. Ahí donde operen las guardias indígenas para controlar las actividades mineras ilegales, advirtió el presidente de la Conaie, no podrán entrar la Policía y las Fuerzas Armadas. Territorio con minería ilegal, viene a decir el movimiento indígena, es territorio cerrado. De lo cual resulta que el supuesto control de esa minería ilegal se convierte, para los ciudadanos que no tienen manera de saber lo que verdaderamente ocurre ahí, en una cuestión de fe: toca confiar en que efectivamente la Conaie la esté controlando. En la práctica, nadie garantiza que no esté haciendo, por ejemplo, todo lo contrario: protegiéndola.

En junio del año pasado ya vimos a las guardias indígenas en acción. Las vimos entrar a saco en la ciudad de Puyo y ocuparla, someterla, saquearla. Las vimos tender emboscadas a los convoyes militares que custodiaban camiones de abastecimiento y asesinar a un soldado. Las vimos posar para la foto, desafiantes, con las carabinas en alto. Desde entonces hasta la fecha, no han estado quietas. En septiembre, en la comunidad cofán de Sinangoe, tuvieron su primer encuentro nacional, en el que resolvieron fortalecerse “para la defensa de la vida y el territorio frente a las graves amenazas contra nuestro territorio y nuestro pensamiento propio”. Lo que significa que hay lugares en la República del Ecuador en los que solo se puede pensar de una manera. Así lo ha decretado la Conaie de Leonidas Iza.

Grupos paramilitares “fortalecidos” en las zonas rurales; un agitador profesional moviendo a sus bases en las ciudades con bastante más eficiencia de la que demostraron en octubre de 2019 Paola Pabón y Virgilio Hernández; y en el frente político, una comisión parlamentaria afín a todos ellos ocupada en revestir de una apariencia constitucional (no se necesita más que eso) a todo este proceso. La comisión ocasional “por la verdad, la justicia y la lucha contra la corrupción en el caso denominado El Gran Padrino”, que se constituyó esta semana violando todos los artículos de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que invoca, está integrada por siete representantes de lo que la mayoría parlamentaria entiende por “multipartidismo”: hay una correísta, cuatro legisladores afines al correísmo que siempre votan con él (un independiente, un socialista, una disidente de Pachakutik y otro de la Izquierda Democrática), un socialcristiano que seguramente lo hará también y, digno saludo a la bandera, un gobiernista. Muy equilibrada no es. Conformada el miércoles con mucho apuro (porque la lucha anticorrupción es urgente) no ha tenido ninguno para empezar a trabajar: terminará su informe para fines de febrero, en un ‘timing’ perfecto para coincidir con el cronograma revolucionario de Leonidas Iza.

Claro que en el mes del que dispone para realizar su investigación, la comisión no tendrá el tiempo suficiente (y probablemente tampoco el interés) para auditar los cerca de 4 mil contratos del sector eléctrico que tiene ya identificados el Frente Parlamentario Anticorrupción, ninguno de cuyos miembros está representado ahí. El sentido común sugiere que los datos duros de la corrupción están en esos contratos y, por tanto, cualquier pesquisa debería empezar por ellos. No le hace. No sería la primera vez que una comisión correísta da la espalda a los hechos. La de Garantías Constitucionales, por ejemplo, en el primer intento de golpe parlamentario contra Guillermo Lasso, no necesitó rastrear sus inversiones, auditar su conducta tributaria o identificar a sus testaferros para acusarlo de tener bienes y capitales en paraísos fiscales. Le bastó con llenar de ideología un informe de 241 páginas. Como en aquella ocasión, también ahora el análisis ideológico ya está hecho: el presidente es culpable. Solo habrá que invitar a los sociólogos y analistas que lo confirmen. Y a Andersson Boscán, que lo puso en la cúspide de un organigrama. Si para entonces la calle está lo suficientemente caliente, la conmoción social estará servida. Uno los conoce como si los hubiera parido.