La gran carencia de Ecuador para prevenir desastres

El Gobierno Nacional anunció que transfirió cerca de un millón de dólares para siete municipios, con el fin de atender las emergencias desencadenadas por las intensas lluvias que empezaron el pasado 14 de junio en las regiones Amazónica y Sierra.

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Óscar De la Cruz, alcalde de El Chaco, uno de los municipios que recibieron dinero, dijo que dichos recursos son obligaciones atrasadas desde noviembre de 2023 y que únicamente llegó el 50  %.

“Nos correspondían 141.000 dólares (les entregaron 72.498,90), conforme al Código de Planificación y Finanzas, pero no tenemos respuesta del Gobierno en ese sentido... Vamos a usar (el dinero) para la red vial y agua potable, porque por las lluvias nos hemos quedado sin el servicio por días”, declaró.

De la Cruz lamenta que no puede crear políticas de prevención de riesgos en su territorio, ya que a duras penas recibe recursos para pagar sueldos y permanentemente toca la puerta del Gobierno central porque su localidad es golpeada desde 2020 por la erosión regresiva del río Coca. Ha reubicado poblaciones para que no caigan al abismo.

Según la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR), las lluvias afectaron en una semana a 42 cantones de 15 provincias. Hasta el cierre de esta edición iban 19 fallecidos y aún no se dimensiona el total de las pérdidas materiales.

Entre enero y mayo del año en curso, la entidad ya había contabilizado que por la misma causa hubo nueve víctimas mortales. Es decir que en este 2024 van 28 casos, mientras que en todo 2023 hubo 44 víctimas mortales.

No obstante, Ecuador acumula más fallecimientos por otros eventos adversos que las 72 víctimas de las lluvias en el reciente año y medio. Hay desastres naturales que en algunos casos fueron alertados, pero no se tomaron las medidas correspondientes para prevenir muertes y graves afectaciones.

Una muestra es lo ocurrido en Alausí, provincia de Chimborazo, donde en marzo del 2023 hubo un deslave en el que murieron 65 personas y otras 10 quedaron desaparecidas. Un año antes se registró un hundimiento en la vía E35 y la alerta de posibles daños, pero fueron ignorados.

Asimismo, en abril pasado hubo un aluvión que afectó a 390 personas y dejó a otras 32 damnificadas.

Para el geólogo Jorge Sevilla, quien también fue subsecretario de Minas en la década de los noventa, las autoridades de Ecuador no se han preocupado nunca por concretar un estudio completo que sirva de guía sobre las amenazas naturales y antrópicas, debilidades, fortalezas y riesgos de todos los ecosistemas que integran el país.

Este ejemplar serviría de guía para una ordenada planificación del Ecuador, porque se conocerían profundamente las características, dimensiones y más aspectos del suelo, de los recursos hídricos, volcanes, bosques, mar, desiertos y más elementos que componen el territorio nacional.

Sevilla manifestó que por la ausencia de dicha información, muchos estudios, informes, manuales y protocolos existentes (más el accionar de las autoridades locales y nacionales) son de carácter reactivo.

De su lado, la SGR ha informado que cuenta con un mapa de riesgos que ha sido elaborado por organismos como el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), el Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar) y el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IGEPN).

La información está disponible en el portal alertasecuador.gob.ec y cuenta con ventanas dedicadas al fenómeno de El Niño, lluvias, inundaciones, movimientos en masas, volcán Cotopaxi, incendios forestales, el tiempo y oleajes. En algunos ítems, las secciones están actualizadas con reportes diarios, pero en otras ni si quiera hay material subido.

Adicionalmente cuenta con un manual para la declaración del Comité de Operaciones Emergentes (COE) en los gobiernos locales del país.

Para Sevilla, esto no es suficiente porque no cuenta con la totalidad de amenazas que se registran en Ecuador. “La SGR es una entidad dedicada al posdesastre, hace cálculo de daños ocasionados, luego informes; pero no trabaja en la prevención de eventos que en Ecuador ocurren todas las semanas”.

Las soluciones que puede aplicar Ecuador 

Héctor Hugo, planificador territorial y docente investigador, señaló que en vista de la precariedad económica que existe en Ecuador, para identificar posibles escenarios y la prevención de daños es necesario aprovechar los estudios independientes existentes.

“Hay una demanda insatisfecha permanente. Y la oferta de bienes y servicios del Estado se mantiene en una zona de confort. Hay que identificar patrones y generar predicciones, realizar modelos, tomar decisiones con base en estas predicciones. ¡Eso es gestión de riesgos!”, enfatizó.

Hugo añadió que como no se ha correlacionado las variables existentes de las amenazas y sus afectaciones, no se puede prevenir y tampoco se podrá ejecutar una planificación territorial eficiente, una inversión social adecuada, ni darle utilidad a los recursos para que sean sostenibles.

Aseveró que un camino pueden ser las alianzas público-privadas y que se puede arrancar con la simulación de escenarios.

“La modelación de escenarios empieza con la amenaza, pero si no se logra por cualquier motivo ejecutar las obras que se requieren para eliminar o reducir la amenaza, entonces hay que reducir la vulnerabilidad, que puede ser que haya ciudadanos que habitan en una zona. Hay que educarlos, reubicarlos o lo que se tenga que hacer según el estudio realizado”.

Ante esta propuesta, Sevilla puntualizó que primero se debe sanear a las instituciones públicas de la corrupción, especialmente de mandos medios que no cuentan con personal capacitado en estos temas, sino especializado en burocracia entorpecedora de procesos.

“Nuestro Estado es ineficiente y las instituciones, además de ser corruptas, son negligentes, porque quienes están al frente se preocupan por mantener el cargo. No trabajan ni usan los recursos para planificación a largo plazo, se hacen desperdicios millonarios”.

En tanto que Carolina Bernal, investigadora de la Politécnica Nacional, se refirió a una solución que desde su criterio puede ser viable, en vista de los problemas que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas para la asignación de recursos a gobiernos locales.

En Colombia se ha determinado desde enero de 2023 que en cada municipio se contrate de planta a un geólogo, con el fin de que las autoridades planifiquen con base en las condiciones naturales de su territorio, para evitar daños, desperdicio de recursos y muertes.

“Desde que existe la vida hay desastres. La idea es que no se construya por muy bonito o rentable que podría ser. El terremoto de 2016 es el ejemplo más grande. Porque cada 40 años o más se repiten los terremotos. Es probable que ocurra en el 2056 o después y hay que construir sabiendo que tenemos debilidades”.

Bernal sostuvo que la meta de Colombia tiene como referencia lo hecho en Japón, país que se sitúa en una zona muy sísmica y mantiene la disciplina de construir edificaciones frágiles, no solo para salvar vidas sino para reconstruir con rapidez lo que se pueda dañar y así optimizar recursos y dinamizar su economía con velocidad.

“Es un problema de directrices. Es súper importante ponerlo como básico en el presupuesto, porque si bien es cierto (los desastres naturales) no ocurren siempre, cuando pasan reinician la zona afectada. Y otra vez hay que comenzar desde cero, pero con fallecidos, complicaciones y muchas variables que se puedan presentar”, reflexionó.

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