El gran reto de la institucionalidad

Los desafíos son de todo tipo. Al nuevo presidente no solo le esperan problemas económicos o relativos a la vacunación por la pandemia de la COVID-19. También, una institucionalidad debilitada, en su conjunto, con funciones estatales cuestionadas en su gestión y hasta con pedidos de desaparición.

La reinstitucionalización planteada por el presidente Lenín Moreno para que los poderes del Estado no se concentren en manos del Ejecutivo, como sucedió entre 2007 y 2017, no tuvo resultados del todo satisfactorios. Sin embargo, el mandatario considera que “la independencia de funciones del Estado es un legado que dejamos luego de estos 4 años de gobierno”, según dijo.

Pese a ello, el propio Moreno reconoce que su sucesor no recibirá “la mesa servida” como a él le ofrecieron, sino que “le va a tocar trabajar bastante”. Parte de ese trabajo debe ser para recuperar la confianza perdida por los ciudadanos en sus instituciones.

Por la coyuntura, la Función Electoral es la que más expuesta se encuentra hoy al escrutinio público. Los problemas al interior del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y entre ambos minó la confianza de los partidos políticos y la ciudadanía en el ámbito de las elecciones.

Colectivos ciudadanos como Voces de la Democracia que agrupa a actores sociales y organizaciones de la sociedad civil han hecho en las últimas horas un llamado y casi ‘desesperado’ a la ciudadanía, pero también al CNE para que garantice la transparencia del proceso electoral. A finales de marzo, la aprobación del ente apenas superaba el 12 %.

No es muy distinta la situación de la Función Legislativa cuyos integrantes dejarán sus curules el 14 de mayo con un 89 % de ciudadanos que no cree en su palabra, según Cedatos. La renovación del Legislativo le podría dar un nuevo aire, pero sostener ese eventual apoyo dependerá de las primeras acciones y su predisposición para buscar soluciones para el país, más allá de sus distancias políticas.

La actual relación Ejecutivo- Legislativo está rota tras el escándalo por el reparto de los hospitales y se agudizó con la llegada de la campaña electoral, porque los bloques políticos se han esforzado por alejarse de un Gobierno desgastado, al punto de poner en peligro proyectos como la Ley de Defensa de la Dolarización.

La analista política Dayanna León reconoce que el panorama para el futuro mandatario es complejo porque asumirá con una institucionalidad debilitada dentro del Gobierno central, por la inestabilidad en su Gabinete, pero también del resto de funciones estatales.

“¿Cómo recuperar la confianza? Respetando la independencia de funciones, pero también garantizando los presupuestos para su funcionamiento. No puede ser que entidades como la Fiscalía tengan que salir a decir que atraviesan situaciones económicas graves”, señaló León.

Un complejo comienzo también atravesó en el proceso de reestructuración el Consejo de la Judicatura (CJ) y, por consiguiente, la Función Judicial en donde las renuncias y denuncias fueron la tónica. Los problemas de la entidad no han parado, aunque manejados con un perfil más bajo. Órganos como la Fiscalía General del Estado anhelan independizarse del CJ y en la Corte Constitucional (CC) reposa un pedido del Comité por la Institucionalización Democrática para lograr aquello.

Annunziata Valdez considera que el presidente debe empezar a mostrar respeto hacia la democracia y tener un manejo adecuado de las cosas públicas. “Con las acciones y no con palabras el nuevo mandatario va a consolidar su legitimidad y de paso la de las demás instituciones. Este es un momento de sentarse a conversar con todos, afines y adversario, sin verlos como enemigos”, señalo Valdez.

La lista de pendientes para el nuevo Ejecutivo no puede estar completa sin mencionar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es parte de la Función de Transparencia y Control Social, una entidad creada durante la década pasada y que 11 años después de su primera sesión y de haber ayudado a configurar un sistema de poder total a favor de un Gobierno, según activistas sociales como Pablo Dávila, no ha logrado cumplir a cabalidad el objetivo por el que fue creado: propiciar la participación ciudadana y luchar contra la corrupción.

Situación. Pese a las críticas, al interior del Palacio de Carondelet están convencidos de que uno de los logros del Gobierno radica en haber alcanzado la independencia de los poderes.

Entrega

La información que entregará el Gobierno se organiza en cuatro bloques: proyectos en curso, contratos, sistemas de información y normativas en construcción.

Justicia en la mira

La renovación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) trajo varias críticas y cuestionamientos al Consejo de la Judicatura que estuvo a cargo del concurso de méritos y oposición. De las 16 vacantes que debían ser llenadas, solo 11 fueron copadas. Todavía está pendiente la realización de un nuevo concurso para completar a los jueces nacionales.

Penas a la medida

La Asamblea Nacional termina funciones agobiada por los escándalos de corrupción en los que se han visto involucrados algunos de sus integrantes, por el reparto de casas de Salud, y la obtención de carnés de discapacidad con los que se habrían beneficiado de exoneraciones tributarias. Las sanciones e investigaciones en el órgano Legislativo han sido a la carta.

Cambio Obligado

Con las elecciones de hoy, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se juega una de sus últimas carta para demostrar que su trabajo ha sido transparente e intentar ganar la confianza de los actores políticos y sociales para futuros procesos. El CNE entrará en el tercer trimestre del año en un proceso de reestructuración. Dos de sus integrantes dejarán el organismo por orden constitucional.

Eterno cuestionado

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es visto con recelo por varios actores sociales y políticos del país, por su papel durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa. En la Corte Constitucional aún reposa un pedido de consulta popular que, entre otras cosas, pide la eliminación de este organismo. Eso podría ser resuelto en los primeros meses del nuevo Gobierno.

Una transición que puede marcar la diferencia

León es poco optimista sobre los cambios que pudiera implementar Moreno en los 43 días que le restan al frente del Ejecutivo, pero considera que una acción puede marcar una importante diferencia: que ejecute un proceso de transición transparente en el que se revele el nivel de endeudamiento del país, la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la situación sanitaria.

El Gobierno instaló una mesa técnica con el objetivo de tener una transición eficiente y garantizar la continuidad de políticas públicas. “La intención es que no se pierda continuidad en las obras, que no venga el siguiente ministro a buscar documentación y desbaratar anaqueles”, señaló el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez.