Las grandes carencias del control

En Guayaquil los controles se escapan de las manos. El volquete que rodaba con papeles falsos, que tumbó un paso peatonal en la autopista Narcisa de Jesús, y la compañía empacadora de mariscos donde hubo una fuga de amoniaco, que trabajaba con normalidad pese a haber sido clausurada, ponen en evidencia este problema.

¿Qué pasa en esta ciudad para que los controles no funcionen como debe ser? En el caso específico de la contaminación de aire en las inmediaciones del Leonidas García, que lleva un mes cerrado, cabe una sola razón: descuido.

Así lo asegura Iván Ortiz, presidente del Colegio de Biólogos del Ecuador. “Esto indudablemente responde a la falta de inspección de las autoridades competentes, que en este caso es la Dirección de Ambiente del Municipio”, apunta.

El 10 de noviembre, el Municipio clausuró la empresa Aromali, la empacadora de camarón que presentó una fuga de amoniaco el jueves pasado, de acuerdo a documentos mostrados a EXPRESO por el vocero de la entidad Jorge Rodríguez, que pone en la mesa este argumento para asegurar que el Cabildo sí cumplió con su parte.

“Al momento de la primera inspección -lee Rodríguez de un informe de su escritorio- Aromali adujo que no se encontraba operando porque estaba en quiebra (...). Para nosotros la compañía estaba cerrada, pues había incumplido su Programa de Manejo Ambiental, por lo que se descartó ese lugar como posible foco de contaminación. ¿Qué más podíamos hacer?”, se cuestiona.

Sí había algo que hacer. El ingeniero agrónomo Gabriel Benites, extécnico del Ministerio de Ambiente, explica que una vez que se clausura un local debe haber un seguimiento y una verificación de que la sanción se esté cumpliendo. “Y más en este caso. Por lo impactante que ha sido requirió un poco más de acuciosidad de la que muestra”.

Rodríguez insiste en que el Municipio está trabajando. Ayer solicitó a la fiscal iniciar una investigación contra la compañía para sancionar “con el máximo rigor de la ley” a los responsables de la fuga de amoniaco. Además se esperan dos estudios nuevos de la zona, asegura. Los padres, en cambio, cansados de no recibir respuestas, interpusieron una acción de protección contra todas las entidades involucradas, incluida la Alcaldía de Guayaquil (ver subnota).

Los moradores de la zona dicen que los problemas se iniciaron hace casi cinco años, cuando decenas de empresas empezaron a instalarse en el sector.

“Si hay peligro, queremos que saquen a las empresas, no al colegio que tiene 50 años funcionando. Lo malo es que no se irán. Una prueba de ello es que hoy (ayer) mucha gente sigue ingresando pese a que está clausurada”, precisó Marlene Villacís, una vecina.

Pero no solo en temas ambientales hay fallas. El vehículo pesado que se impactó con el puente, además de no tener papeles, infringió una serie de reglas. Entre otros detalles, tenía un permiso de circulación falso y la bañera que llevaba el cabezal corresponde a otro carro.

Tampoco respetó el horario de circulación, que debe ser de 12:00 a 06:00, a no ser de que posea un salvoconducto avalado por la Autoridad de Tránsito Municipal, ni fue detenido por ningún agente cuando cruzaba por el carril de velocidad, algo prohibido para volquetes.

El gerente de la ATM, Andrés Roche, se defiende. “Hacemos operativos y tenemos agentes en la autopista, pero lamentablemente no podemos abarcar todos los vehículos. Para evitar estos inconvenientes estamos analizando la instalación de cámaras en los ingresos a la ciudad, para verificar las placas. Pero también será necesario que la base de datos esté conectada a las entidades encargadas del control vehicular.

El abogado de la ATM, Fadull Mosquera, insistió en la necesidad de que los propietarios de cualquier tipo de automotor realicen la Revisión Técnica Vehicular (RTV), acotando que “prefieren irse a cantones para una revisión al ojo y Guayaquil es perjudicada hoy por un vehículo que no tiene documentación, que no tiene RTV, que tenía limada la serie del motor, que aparentemente no debería estar operando en el Ecuador. Esa es la diferencia entre lo que hoy lamentamos y lo que pudimos haber evitado cumpliendo con la ley”, estimó.

Los padres presentan una acción de protección

Luego de un mes desde que se registró la primera fuga de gas tóxico que afectó a los estudiantes de la Unidad Educativa Leonidas García, ubicada en el noreste de Guayaquil, los padres de los alumnos han decidido interponer una acción de protección en contra del Municipio, de la Prefectura del Guayas, Ministerio de Ambiente, Fiscalía del Guayas y Ministerio de Educación.

En el documento, al que EXPRESO tuvo acceso, los padres detallan que durante tres semanas las instituciones involucradas “no se han pronunciado ni tratado de dar una solución al problema”, que no solo les afecta a ellos y a sus hijos, sino también a los moradores del sector.

La medida fue tomada el pasado miércoles porque, según los padres, los menores han tenido constantes molestias relacionadas al olor de supuestos gases tóxicos.

Los habitantes de la zona explican que los problemas empezaron hace tres meses. Mariana Guillén, dueña de un restaurante, dice que ella y sus hijas han tenido varios problemas de salud a raíz de las fugas y que el inconveniente afecta también a sus ventas. “Ya casi nadie quiere venir a comer acá”. Lo mismo opina Ramón Zambrano, dueño de un taller. “Antes me hacía $ 100 diarios. Ahora nada”.

La empresa involucrada busca un acuerdo

El gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), Andrés Roche, informó que atendió a una representante de la empresa dueña del volquete responsable del colapso del paso peatonal elevado de la autopista. El objetivo era buscar una solución por los daños ocasionados.

Por tratarse de un bien público, la funcionaria fue derivada al Municipio, donde mantiene conversaciones con el departamento legal.

De manera independiente, la ATM y la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) presentaron acciones legales contra la empresa.

La denuncia es por falsificación y uso doloso de documento público.

El director ejecutivo de la CTE, José Gálvez, aclaró que la entidad no tiene la competencia en matriculación vehicular, por ende está impedida de emitir permisos de circulación vehicular provisional.

Añade que el papel que se encontró en el automotor registra inconsistencias, como por ejemplo que registra aparentemente una firma del prefecto jefe José Ángel Reasco, quien a la fecha de la supuesta emisión del permiso (16 de octubre del 2017) ya no ejercía como comandante del Cuerpo de Vigilantes.

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