Grupo de juristas rechaza y expresa preocupación por últimas decisiones de Noboa

Las últimas decisiones legales y constitucionales del presidente Daniel Noboa generan preocupación en un sector de los profesionales del Derecho. Este 7 de enero de 2025, 31 juristas suscribieron un documento en el que habla de actos que afectan al Estado de Derecho.

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Esta mañana, un nuevo decreto relacionado con el encargo de la Presidencia tomó por sorpresa a todos. Contra todo pronóstico, Noboa optó por la licencia para hacer campaña pero argumentó un caso de fuerza mayor para delegar la Presidencia a Cynthia Gellibert.

El grupo de juristas, bajo la denominación de Foro por la Democracia, emitieron un carta pública en la que se lee: “Quienes suscribimos este documento – profesionales del Derecho y las Ciencias Políticas- expresamos nuestro rechazo y profunda preocupación por la continua y sistemática inobservancia de la Constitución y las Leyes”.

Plantean cinco cuestionamiento relacionados con decisiones del Ejecutivo. El primero tiene que ver con la obligatoriedad de solicitar licencia para una campaña electoral en caso de buscar la reelección. El grupo de juristas critica el que se interprete una sentencia de la Corte Constitucional de 2010 para argumentar que, el actual mandatario, no debe solicitarla. “La sentencia no regula la figura de la licencia; solo se refiere al cómputo de los periodos”, se lee en la carta.

El otro cuestionamiento está relacionado con la obligatoriedad de que Verónica Abad asuma la Presidencia. Existen tres causales para que se configure la ausencia temporal de una vicepresidenta elegida en urnas y, según el criterio de los expertos, no se ha cumplido ninguna: enfermedad, circunstancia de fuerza mayor o licencia otorgada por la Asamblea. “El presidente no puede designar mediante decreto ejecutivo a una nueva vicepresidenta”.

El tercer cuestionamiento es sobre las infracciones electorales a las que se arriesgaría Noboa al hacer campaña sin contar con licencia. Los juristas recordaron que, para las infracciones electorales muy graves hay sanciones como la destitución o la perdida de los derechos de participación hasta por cuatro años.

Como cuarto punto hablan de las competencias de los organismos como el Consejo Nacional Electoral (CNE), Contraloría y Corte Constitucional. Sobre esta última, el grupo plantea que puede actuar para evaluar el cumplimiento de normas claras, expresas y exigibles que constan en disposiciones infraconstitucionales.

Un llamado a entes de control y la Corte Constitucional

Finalmente plantearon críticas por las declaraciones del ministro de Defensa Giancarlo Loffredo respecto a las disculpas por la desaparición y asesinato de los cuatro menores de Las Malvinas. “En lugar de asumir su responsabilidad se ha utilizado una cadena nacional para intimidar a la jueza que determinó la exigencia de la desaparición forzada”, se lee en la carta.