Guadalupe Llori acude a la justicia para esquivar un tema administrativo
La presidenta pide medida cautelar contra el pleno. Exige que se cumpla lo que dice Procuraduría. El oficialismo apoya comisión, pero con condiciones
No se aferra, pero demuestra que hace todo por quedarse. La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, sorprendió ayer con un pedido de medidas cautelares en contra del pleno del Legislativo en el que cada vez hay más unanimidad para la conformación de la comisión pluripartidista que la evalúe junto al Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Precisamente, eso es lo que quiere evitar Llori con la acción que fue presentada en el Complejo Judicial, ubicado en el norte de Quito, y por sorteo es tratada por el Tribunal de Garantías Penales, que lo conforman los jueces Julio César Obando (ponente), Mabel Tapia y Azucena Ruiz.
Esto pese a que, la semana pasada, durante una reunión con los coordinadores de las bancadas legislativas se había comprometido a permitir hoy, durante la sesión del pleno, el tratamiento de todos los cambios del orden del día que se propongan, incluyendo los relacionados con la evaluación de las autoridades de la Función Legislativa.
He presentado una medida cautelar ante la justicia para evitar que se vulnere el debido proceso y la seguridad jurídica en la @AsambleaEcuador, respecto a la conformación de una comisión pluripartidista ad-hoc. No se puede irrespetar la ley y los pronunciamientos de la @PGEcuador
— Guadalupe Llori (@GuadalupeLlori) April 5, 2022
Esto incluso motivó al oficialismo que, en nombre de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), anunció ayer que se unía al pedido de Unión por la Esperanza (UNES), Partido Social Cristiano (PSC) y los rebeldes de Pachakutik, pero teniendo en cuenta algunas condiciones que establece la normativa que rige a la Asamblea y un pronunciamiento del procurador general del Estado.
Juan Fernando Flores, de CREO, dijo que la comisión debe estar conformada por las cinco bancadas que oficialmente hay en la Asamblea Nacional y que estén representadas por sus respectivos coordinadores. Es decir, UNES por Marcela Holguín; Pachakutik por Rafael Lucero; Izquierda Democrática (ID), por Marlon Cadena; el Partido Social Cristiano (PSC), por Esteban Torres, y el BAN por Flores.
Pero, además, el legislador oficialista dijo que hay que cumplir con procedimientos establecidos en una consulta elevada a la Procuraduría General del Estado que, entre otras cosas, señala que para iniciar un proceso de este tipo deben existir denuncias previas que deben ser calificadas por el propio CAL. Eso coincide con lo que pide Llori en las medidas cautelares.
Pero a criterio de Mireya Pazmiño, asambleísta separada del bloque de Pachakutik, cuando se presente el cambio del orden del día para la creación de la comisión, quien lo haga deberá motivar las razones por las que se pide la evaluación de las autoridades y eso sería suficiente para cumplir lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Conformación
Aunque todavía no la tienen clara, los partidos detractores de Llori tienen una idea distinta a la de CREO sobre la conformación de la comisión evaluadora. Pazmiño considera que los cinco miembros deberían salir de, al menos tres bancadas, y representantes de los legisladores denominados independientes.
Plazos
Flores dijo que para la evaluación también se debe tener en cuenta lo que establece el Comité de Ética con relación a los tiempos de procesamiento de la evaluación. Esto irían entre 23 días y máximo en 46. En tanto que los bloques de UNES, PSC y los disidentes de Pachakutik, hablan de 30 días.
Antecedentes
No es la primera. Sofía Almeida también solicitó medidas cautelares para evitar ser removida como presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Antes, lo hizo el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, ante el proceso de destitución que inició en contra del Concejo Metropolitano.
