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CAMIONETAS DE SEGURA EP
Flota de camionetas parqueada en área de Montebello. Desde inicios de julio, se dejaron de hacer los patrullajes 24/7.Crédito: Miguel Canales

Guayaquil: Una flota de patrullas municipales guarda polvo los lunes y los martes

Un lunes asesinaron a dos taxistas y reos se escaparon de centro de salud, en la misma zona donde los carros están parqueados

Varios disparos sellaron la amenaza de la que había sido objeto un grupo de taxistas que laboran en la zona del Hospital Universitario de Guayaquil, en el noroeste de Guayaquil. Dos conductores fueron asesinados por miembros de una banda que los extorsionaba. Los delincuentes pedían $ 0,50 por conductor, según testigos.

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Ese mismo día y muy cerca de ahí, cuatro reos -que eran atendidos en un centro de salud de Bastión Popular- huyeron con la ayuda de varios sujetos que blandían armas de fuego en su huida.

Esos hechos son una muestra de lo que sucedió solo en una zona de Guayaquil el lunes 22 de julio pasado. Uno de los días de la semana en que hay menos patrullajes en esa parte de la urbe. En el transcurso de esta historia cobrará sentido este último dato que está relacionado con Segura EP, que creó el alcalde Aquiles Álvarez al mes de haberse posesionado.

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Esta empresa pública del Municipio de Guayaquil es una de las 25 entidades que se benefició de los $ 109 millones que se concedieron a través de convenios que aprobó el concejo cantonal en el último año. Diario EXPRESO revisó los documentos de las sesiones de la corporación edilicia, de mayoría correísta, de mayo de 2023 a mayo de 2024. En total se registraron 32 convenios, como se lo publicó en una entrega periodística anterior.

De hecho, Segura EP recibió la mayor parte de esos recursos, $ 87,2 millones. Este Diario solicitó una entrevista con el presidente de la entidad, Fernando Cornejo, para abordar el tema de los recursos, su uso y otros temas relacionados con las tareas por las que se justificó la creación de la empresa. Sin embargo, sigue pendiente una respuesta concreta.

Jorge Largo, comunicador de la entidad municipal, pidió que se enviaran las preguntas concretas “para direccionar la información”. También se solicitó una entrevista al área de comunicación del Municipio de Guayaquil. Está pendiente la contestación y la entrega de los informes parciales o finales de los proyectos o del destino del dinero público que se concedió a través de los convenios.

El detalle de los convenios a favor de Segura EP

Uno de los convenios relacionados con Segura EP data del 31 de agosto de 2023 para el traspaso de competencias, ante la extinción de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG), por $ 20,8 millones. Los otros tres convenios se aprobaron el 22 de febrero, el 4 y el 28 de marzo pasados, para temas inherentes a un contrato de cámaras de videoseguridad, obras y actividades de la institución, por un total de $ 66,4 millones.

La percepción ciudadana sobre la seguridad ciudadana y el pedido a las instituciones

Desde la ciudadanía hay pedidos puntuales para Segura EP, como lo hizo el 6 de julio el Comité Promejoras de Mucho Lote 2, ante la presencia de motorizados armados que rondan los negocios, algo que se pensaba que sucedía solo en la ruralidad en sitios más deprimidos, donde es escasa la presencia del Estado. “Que las cámaras de @segura_ep sirvan para algo”, publicó el comité en su cuenta de X, para reforzar las imágenes de un video. Otro ciudadano se sumó. “No hay una vigilancia preventiva en el sector que nos ayude a prevenir los robos”.

Segura EP también usa las redes sociales para difundir sus números. “En este primer año hemos recibido 1.800.000 llamadas de emergencia que se han derivado en 586 mil atenciones”, dijo el presidente de la empresa pública, en un video.

Las cifras de Cornejo distan de las que constan en los registros del ECU-911, entidad que tiene un acuerdo de cooperación con Segura EP para la recepción de llamados de auxilio y la coordinación de las emergencias de Guayaquil. Según los datos, en ese mismo periodo, las llamadas ascendieron a 1.571.505, y las emergencias atendidas fueron 558.230. Y si se compara esta última cifra con las atenciones del periodo junio 2022-junio 2023, las emergencias de este año son mayores, en más de 20 mil registros. ¿Aumentaron los problemas o mejoró la capacidad de atención?

Lo cierto es que en los registros del ECU-911 también se puede observar la recurrencia de las llamadas de emergencias, en su mayoría relacionadas con seguridad ciudadana. Por ejemplo, en lo que ha transcurrido julio, varios rangos de horas de los lunes han sido igual o más movidos que similares espacios de otros días.

Una flota de camionetas de seguridad que le da descanso al hampa

CAMIONETAS DE SEGURA EP
Vista aérea de flota de camionetas municipales que se adquirieron para para patrullar la ciudad. Sin embargo, ya no dan el servicio 24/7.Crédito: Miguel Canales

Esto coincide con que en este mes decenas de camionetas de Segura EP, que se adquirieron para patrullar varios distritos de la ciudad, permanecen parqueadas en un área del mercado de transferencia de víveres de Montebello. Dos fuentes municipales, que no se conocen entre sí, le confirmaron a este Diario que en esos días los vehículos dejan de hacer las rondas que antes se hacían las 24 horas de los siete días de la semana.

“El mes de julio del presente año cambió todo. Los choferes tienen este horario. El primer grupo entra de 6:00 a 14:30 y el segundo grupo de 15:00 a 23:30. De miércoles a domingo trabajan y los francos son lunes y martes”, asegura una fuente.

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Otro trabajador municipal también contó que los lunes y martes son los días libres de los choferes, por tanto, las camionetas no se mueven. Esos días, dijo, los miembros de las fuerzas de seguridad realizan su trabajo como pueden, ya sea a pie o en las escasas camionetas que sí funcionan en sus instituciones.

Entre los trabajadores de Segura EP también hay pedidos para que se invierta parte del dinero de los convenios en prendas básicas de seguridad, como chalecos, sobre todo, para quienes participan de los patrullajes en zonas conflictivas. La ciudadanía espera que se justifique la entrega de esos recursos con la puesta en marcha de planes que realmente combatan la inseguridad, como proyectos sociales para brindar oportunidades de capacitación y trabajo en las comunidades.

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