En Guayaquil no hay ordenanzas que frenen a la delincuencia
Existen otras normas que no surten efecto para bajar el índice delictivo. Expertos y líderes hacen observaciones al ordenamiento aprobado en Quito.
Robos, asaltos y muertes violentas a la orden del día. Guayaquil y Quito, las dos principales ciudades del país, al igual que otras, registran un histórico incremento delictivo que no se veía, al menos, en los últimos 12 años. Gran parte de estos hechos se cometen con armas blancas, es decir: cuchillos, navajas, destornilladores, tijeras, estiletes, entre otros objetos metálicos.
El jueves, una mayoría del Concejo Metropolitano de Quito tomó la decisión de sancionar el porte de esos artículos a quienes no los utilizan como una herramienta de trabajo, estudio u oficio. El incumplimiento de la normativa se sanciona con multa de hasta un salario básico ($ 425). Un tema que el Concejo de Guayaquil no ha tratado, y que la ciudadanía pide que lo haga. Con urgencia.
La Agencia Metropolitana de Control se encargará de las sanciones en Quito. El ente realizará operativos, y de oficio un funcionario de la institución podría iniciar el proceso sancionador a un ciudadano.
No hay manera o forma de distinguir entre el ciudadano honesto y el otro que adquirirá o llevará un arma para atacar. Hay que tener cuidado con esto.
¿Pero la norma reducirá los niveles de violencia? Para Marcel Merizalde, docente universitario y analista en temas de seguridad, la ordenanza es de doble filo. “No hay manera o forma de distinguir entre el ciudadano honesto y el otro que adquirirá o llevará un arma para atacar. Toda norma tiene la posibilidad de ser violentada. Hay que tener cuidado con esto porque podría generar efectos no deseados”, comentó.
Si bien Guayaquil es la ciudad con más robos: 3.095 hasta el mes de abril según las denuncias o hechos flagrantes en Fiscalía; en Quito la cifra es inferior. Según la Policía, hasta el pasado mes se registraron 2.794 asaltos a personas y durante el 2021 el 80 % se cometió con armas blancas u otros objetos metálicos.
La novedad es que en el Consejo habrá un delegado del Consejo de Protección de Derechos y las políticas de seguridad tendrán un enfoque de derechos humanos.
De enero a mayo del presente año, la Policía Nacional ha incautado 861 armas de fuego y 12.214 armas blancas en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), principalmente en la urbe porteña.
En los últimos días, la alcaldesa Cynthia Viteri ha cuestionado al Gobierno por el nivel de inseguridad que vive el país y el Puerto Principal, donde a pesar de un estado de excepción focalizado continúan los crímenes y asaltos, últimamente a expresos escolares; pero más allá de eso, critica el ciudadano, no se ha hecho más. Viteri, han repetido hasta el cansancio, no ha dejado de hablar, pero en el Concejo Cantonal, que es el camino para tomar decisiones severas, el tema no se aborda.
Que los ediles están dormidos y son indiferentes a la problemática, han asegurado, como lo ha publicado ya este Diario.
La burgomaestre ha reiterado que desde el Cabildo han destinado más de 27 millones de dólares en materia de seguridad. Pero, a la par, ¿qué otras acciones está tomando el Municipio para combatir a la delincuencia común? ¿Por qué no replicar una ordenanza que impida esa tenencia indiscriminada de armas blancas? Las acciones que se han tomado desde el Cabildo tampoco han logrado disminuir lo que a diario vive la ciudadanía en las calles.
Se debe replicar inmediatamente en las principales ciudades. Hacer una sesión de Concejo urgente y aprobar este tipo de ordenanzas para reducir la delincuencia.
El jurista Julio César Cueva es claro en señalar que “en Guayaquil no se está haciendo nada. ¿Usted cree que darle de comer a la policía es hacer algo por la seguridad? No”, sostiene al referirse a las reiteradas expresiones de Viteri con respecto a lo que el Municipio ha entregado a la Policía para la seguridad de la urbe.
El penalista recuerda la ordenanza que prohíbe la circulación de dos personas en moto, la que para él no ha dado los resultados que se necesitan para reducir los hechos delictivos. “¿Por qué no se exige que los motociclistas carguen la placa de la moto marcada en un tamaño de letra que pueda ser visible a distancia, en los cascos? ¿O los Uber (Eats), por ejemplo, en las cajitas del delivery? ¿Por qué la ATM no hace operativos para detener los carros con vidrios oscuros y sin placa, las motos sin placas (...)? ¿Por qué no lanza una ordenanza que prohíba y suspenda el permiso de operación y de funcionamiento a los que venden películas antisolares? Eso es competencia de ella. En vez de estar llorando al Gobierno, debería hacer lo que está en su competencia”, cuestiona Cueva, al describir la serie de acciones que podrían desplegarse desde el Municipio y sus departamentos.
Pero a su juicio, lo que ha hecho Quito resultará “un saludo a la bandera”, pues es muy difícil quitar o incautar un arma blanca, además de que plantea la duda de cómo se realizará el cobro de la multa. “¿Cómo se le cobra a una gente que a veces ni cédula carga?”.
El concejal Héctor Vanegas no recuerda que en Guayaquil se haya aprobado una ordenanza como lo ha hecho el Concejo capitalino. Es algo que considera viable de hacer también en la urbe porteña.
Esto es un saludo a la bandera, porque quitar un arma de fuego es difícil, ahora un arma blanca es más todavía. Segundo, ¿cómo le van a cobrar la multa?
Carlos Pástenes, residente de la urbanización Vía al Sol y líder comunitario de la vía a la costa, opina que lo hecho en Quito debería de replicarse en ciudades que por estadísticas tienen mayores problemas en temas de seguridad, como Guayaquil, Esmeraldas, Manta. “Como dijo el presidente (Guillermo) Lasso, la seguridad depende también de las alcaldías”.
a personas a escala nacional hasta abril. Guayaquil tiene 3.095 y Quito 2.205 robos.
