Guayaquil retoma el pulso nacional

Dejó el palacio de Carondelet cercado por las fuerzas de seguridad y, desde ayer, el presidente Lenín Moreno despachó desde el edificio del Gobierno zonal en Guayaquil. Su traslado, a última hora del lunes, llevó a la ciudad porteña el pulso de la difícil coyuntura nacional. Mientras miles de manifestantes seguían sus marchas por las carreteras y en la capital, el presidente se arropaba en la Costa con los representantes de las funciones del Estado.

Con la firma en Guayaquil, se emitió un nuevo decreto presidencial que formalizaba el traslado de la sede del Gobierno y que añadía el toque de queda desde las ocho de la noche a las cinco de la mañana, todos los días, en zonas aledañas a edificios públicos o puntos estratégicos. Además, se modifica la duración del estado de excepción, de 60 a 30 días, para ajustarlo al pronunciamiento de la Corte Constitucional.

A media tarde compareció en una breve cadena nacional en la que se insistió en desacreditar los actos violentos cosechados en los últimos días de protestas y a chantárselo a fuerzas “foráneas” aliadas con partidarios del expresidente Rafael Correa. Todas las intervenciones de representantes del Ejecutivo se alinearon en torno a ese argumento.

En una imagen de unidad, representantes de las Funciones del Estado participaron de un pronunciamiento conjunto en respaldo al Gobierno Nacional, en medio del ambiente tenso que vive el país. El presidente Lenín Moreno dio paso al designado vocero del resto de autoridades, el contralor Pablo Celi, quien manifestó el respaldo de las autoridades al Gobierno Nacional y dijo que las reivindicaciones de los grupos sociales no pueden ser utilizadas por fuerzas ajenas. “Es necesario diferenciar el reclamo social legítimo, de las acciones conspirativas que pretenden instaurar un ambiente de caos en el país con ataques violentos”.

De igual manera, el contralor dijo que en resguardo de la seguridad, de la integridad del Estado y del orden legal e institucional vigente, adoptarán todas las acciones de control, juzgamiento y sanción “de todo acto reñido con la ley y la ética pública”. “Alentamos el diálogo nacional como el camino necesario para encontrar un cauce común para que prime el interés nacional y la paz social”.

Este pronunciamiento se dio luego de que el presidente mantuviera una reunión con representantes de las Funciones del Estado, entre ellos aparte de Celi, el procurador Íñigo Salvador; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint; el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, César Solórzano; el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Christian Cruz; y la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado.

Durante la mañana, el canciller José Valencia convocó a la prensa internacional y aseguró que tenían “información y conocimiento” de que, con el anuncio de las reformas económicas, se iba a producir una escalada de violencia, coordinada y premeditada. Aseguró que “declarar el estado de excepción ha ayudado a contrarrestar estos eventos en una buena medida”. El canciller planteó el diálogo, tal y como ha reiterado Moreno en cada ocasión, como una de las vías de solución para la crisis actual. Valencia confirmó que el representante del sistema de Naciones Unidas en el país, Arnaud Peral, así como obispos de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y rectores de universidades del país, se habían ofrecido para mediar en el conflicto abierto con sectores indígenas y sociales.

“El representante de la Organización de Naciones Unidas comunicó la disposición de la ONU para propiciar un diálogo que permita encontrar acuerdos entre los sectores sociales y el Estado ecuatoriano”, manifestó.