La guerra por el control del Consejo de Participación, desde las sombras
Un grupo de legisladores apunta al Ejecutivo. El oficialismo niega ser partícipe de la pugna. Lasso no descarta consulta sobre las funciones del ente
Un ansia por tener el control de la que nadie se hace responsable. Ayer hubo fuego cruzado de acusaciones sobre quién o quiénes están detrás de las dos facciones que se disputan el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), además de para qué.
Cada bando dice tener pistas o certezas. Una naciente mayoría en la Asamblea Nacional, conformada por Unión por la Esperanza (UNES), el Partido Social Cristiano (PSC) y el grupo ‘rebelde’ de Pachakutik, apunta hacia el Gobierno.
“No nos hagamos los desentendidos, todos sabemos de dónde vienen y que lo que pretenden es tomarse todas las instituciones del Estado”, dijo el correísta Ferdinand Álvarez al hablar de los cuatros consejeros que el miércoles nombraron presidente a Hernán Ulloa en lugar de Sofía Almeida.
A la anterior mayoría, liderada por Almeida, se la vinculaba con los intereses del PSC y UNES. Ahí también está David Rosero, que fue removido como vicepresidente, y Juan Dávalos.
Las acusaciones que hacen algunos asambleístas deben tener fundamento. Hasta ahora no hay una sola prueba de la relación entre lo ocurrido en Participación y el Gobierno.
El CPCCS es el encargado, entre otros, del concurso para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), a cargo de las elecciones seccionales y del propio CPCCS en 2023. También, de la que es considerada ‘la joya de la corona’ de las entidades de control: la Contraloría General del Estado. De ahí su importancia.
Que lo prueben, respondió el asambleísta oficialista Juan Fernando Flores, que negó que el Ejecutivo tenga algo que ver en la pugna interna, aunque cree que lo actuado y la designación de Ulloa tienen validez.
“Sin duda hay intereses y Almeida ha mencionado que había presiones desde diferentes actores políticos que seguimos esperando que los mencione. Aunque no sabemos si en eso tiene que ver algo Pedro Almeida (padre de Sofía Almeida) u otros elementos relacionados”, señaló Flores.
¿Pero quién gana y quién pierde con esta disputa? El analista político Arturo Moscoso dice que lo único que está claro es que los grandes perdedores, hasta ahora, son los ecuatorianos, que tienen entidades con titulares subrogantes como el contralor, el defensor público y dos consejeros del CNE.
“¿Quién se beneficia? Esa es la pregunta del millón. Pero es obvio que hay un grupo interesado en trabar los concursos para que el Consejo no pueda cumplir con las designaciones y no haya funcionarios que controlen y descubran sus fechorías pasadas”, argumentó.
El problema con el Consejo es que es un organismo con mucho poder y cuyas decisiones casi siempre han sido opacas, distinto a lo que se ofreció cuando se lo creó.
Al asambleísta Salvador Quishpe, de Pachakutik, también le gustaría saber quién saldrá fortalecido y quién debilitado de esta pugna, pero sí cree que hay una injerencia desde la Función Ejecutiva y basa su afirmación en la presencia de policías en el CPCCS el miércoles pasado.
En medio de la polémica, también apareció el presidente Guillermo Lasso para decir que los problemas internos del CPCCS deben ser resueltos por sus integrantes, que son independientes y no parte del Ejecutivo.
Sin embargo, volvió a hablar de la posibilidad de incluir en una consulta popular una pregunta sobre las atribuciones que tiene este organismo, las cuales podrían pasar a la Asamblea.
