La guerra interna desafía la regulación del uso de la fuerza

“No estamos en tiempo de paz, porque eso lo perdimos hace rato. Y si la norma dice que estamos en guerra, ¿cómo es que se va a regular el ataque al crimen?”, opina el militar en servicio pasivo y experto en seguridad, Patricio Acosta, quien señala que “está de más el pedido de actualización del manual del uso progresivo de la fuerza en Ecuador”.

Acosta afirma que el país “tiene que aprender” que una guerra trae “horror, fuego, dolor, sangre, destrucción y muerte”. Si no estuviese vigente la declaratoria, reflexiona, se deberían aplicar las regulaciones pedidas.

Compara que esto es similar a los conflictos internacionales entre países, donde las escaladas de violencia van en aumento por ambas partes. En el caso de Ecuador, sostiene que el ataque a los grupos criminales debería ser igual, especialmente porque no detienen la crueldad y la violencia.

“Se trata de un enfrentamiento directo. El problema es que Ecuador no tiene leyes para actuar en caso de guerra. Entonces, le queda someterse a la normativa internacional, tratados y acuerdos. Y como nadie conoce de esto, se apunta hacia el lado equivocado”, advierte.

Por tal motivo, insta a seguir un modelo como el de Chile, que aprobó la Ley Naín-Retamal, cuyo objetivo es proteger el ejercicio de la función policial, de carabineros y militares, para que puedan “trabajar con tranquilidad y tener la certeza de que lo que van a hacer no será cuestionado ni por el Ministerio Público ni por las autoridades”.

Añade que en Perú ocurrió algo similar en 2014, y que a inicios de agosto último se otorgaron más facultades para la investigación.

Sin embargo, desde la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional se enfatiza que en los últimos años se han aprobado varias leyes para que los integrantes de la seguridad pública y del Estado puedan cumplir con los objetivos anhelados.

Se destaca la Ley del Uso Progresivo de la Fuerza, la Ley de Control del Espacio Aéreo, la Ley de Armas, y que está en tratamiento la Ley de Inteligencia. Además, se pondera que no existe una normativa nacional sobre guerra, ya que “los convenios de Ginebra son los que regulan de forma internacional ese tema”.

Por su parte, el experto penal Efrén Guerrero Salgado resalta que la actualización de los manuales sirve para evitar la “rienda suelta” y cumplir con la jurisprudencia internacional, pero subraya que los cambios deben enfocarse primero en modernizar el parque automotor, reforzar la seguridad de los rastrillos para que las armas estatales no lleguen a manos equivocadas y, sobre todo, evitar el tráfico ilegal de pertrechos. “Con eso, vamos a apoyar mejor a las Fuerzas Armadas que con la actualización de manuales”.

No obstante, para el director del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO), Renato Rivera Rhon, la principal acción debe centrarse en sanear de la corrupción y de las mafias a las filas policiales y militares. Sus infiltrados sirven de obstáculo para la eficacia en los operativos de control e inteligencia.

“Está bien modernizar los procesos; eso se realiza dentro de cualquier estrategia de profesionalización de los cuerpos de seguridad. Pero me preocupa que esto se malinterprete dentro de las filas. Es un instrumento de última ratio y debe ir acompañado de formación previa en solución de conflictos y en inteligencia táctica”, ponderó.

En relación con la aplicación de la justicia a quienes son capturados en el marco de la guerra interna, los expertos coinciden en que debe existir una fuerte capacitación a los magistrados sobre la urgencia de procesar eficientemente y adecuadamente los casos, y, obviamente, limpiar la justicia de la corrupción para que sea eficaz.

“Es que desde que se declaró la guerra, no hay celeridad en el juzgamiento de integrantes de grupos terroristas, líderes de mafias, extorsionadores, sicarios y otros. Pero todo sigue igual”, lamentó Acosta.

Mientras tanto, el experto en seguridad ciudadana Nelson Yépez expone que el pedido realizado por el Gobierno Nacional responde a una medida disuasiva para los grupos delictivos en general. “Las leyes ya están establecidas, los acuerdos ministeriales, protocolos y procedimientos. Ya está todo, es cuestión de enfatizar y enviar el mensaje de que se van a tomar acciones”.

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