El habeas corpus de Terán abre dos frentes judiciales
Otros presos de La Roca pueden acceder a la libertad o mejores condiciones si alegan “tratos crueles”
La figura de Wilman Terán despierta posiciones encontradas. Para unos, es correcto y legal el habeas corpus correctivo otorgado por las juezas Katerine Muñoz Subía y Emma Tapia, de la Corte Nacional de Justicia. Para otros, se trata de un precedente que abre la puerta a que otros presos de La Roca pidan el mismo tratamiento.
Por lo pronto, quien busca recuperar la libertad es Jorge Glas. El 20 de agosto a las 15:30 será la audiencia de estrados dentro del habeas corpus presentado por el exvicepresidente, quien se encuentra en la cárcel La Roca, en Guayaquil. El recurso lo conocen los jueces de la Sala laboral de la Corte de Guayas.
Otro preso de La Roca que puede presentar un habeas corpus o un habeas corpus correctivo es Pablo Muentes, exlegislador del Partido Social Cristiano, procesado en el caso Purga.
La diferencia entre el habeas corpus y el habeas corpus correctivo es que con la primera demanda, el procesado busca recuperar la libertad porque argumenta que ha sido detenido de forma arbitraria e ilegal. En cambio, con la segunda figura se permite que se corrijan situaciones puntuales que se relacionan a la pérdida de la libertad. Por ejemplo, si un preso con cáncer necesita un tratamiento urgente pero no lo recibe en la cárcel, puede usar este recurso para salir de prisión durante el tratamiento.
El problema con el habeas corpus correctivo es que ha sido usado para sacar a peligrosos criminales: narcotraficantes, violadores, traficantes de personas, sicarios, etc. En el caso Purga, el abogado Lenin Vimos Vimos, hombre de confianza de Cristian Romero, quien fue abogado de Glas, los Bucaram y el narcotraficante Leandro Norero, indicó que por cada orden de libertad cobraba unos 25.000 dólares. Una parte de ese dinero era para él, otra para el juez y otra para los funcionarios del SNAI.
Con Terán, la abogada Lorena Grillo reconoce que hay un aspecto diferente, por lo que cree que está bien aplicado el fallo de las magistradas Muñoz y Tapia. Se trata del hecho de que Terán ha decidido ejercer su derecho a la defensa. Implica que necesita recursos como internet para preparar su caso. Los otros presos, en cambio, tienen abogados que hacen ese trabajo.
Las juezas también ordenaron su traslado de La Roca a la Cárcel N.° 4, que “es como un hotel”, en palabras de Daniel Salcedo, contenidas en sus chats con Norero. Las juezas ordenaron que allí tenga acceso a diferentes equipos electrónicos, visitas ilimitadas, revisiones médicas y psicológicas, así como la medicina que llegara a necesitar el procesado. Aunque sí ha recibido visitas médicas en su internamiento, según el Ministerio de Salud.
Para la Fiscalía, la concesión de las medidas esconde un presunto cohecho. El viernes dirigió allanamientos a la casa y a las oficinas de las juezas.
“Ni el SNAI ni el MSP presentaron evidencia alguna que refutara las aseveraciones de daño psicológico presentadas por el accionando, dejando al tribunal la tarea de resolver el caso sobre la base de las pruebas disponibles”, argumentó Tapia, al tiempo que defendió su decisión como técnica y no política.
Rasquiña abrió el camino
El 20 de abril de 2020, la jueza Alzira Benítez, encargada de la Unidad Judicial Penal de Latacunga, tramitó y falló a favor un habeas corpus presentado por el líder de la banda criminal Los Choneros, Jorge Luis Zambrano, más conocido por su alias de Rasquiña. A partir de allí se inició un precedente para que otros presos como Daniel Salcedo, Jorge Glas, Junior Roldán o alias Fito lograran desde la libertad hasta ir a mejores cárceles. Salcedo dijo que pagó 30.000 dólares por el habeas corpus que ordenó su traslado a la cárcel N.° 4, en el norte de Quito.
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