"Hay datos que no puedo dar porque pongo en riesgo la vida"

Aunque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) la desconoce y Tania Castillo reclama su puesto, la abogada Zaira Rovira seguía ayer despachando desde la oficina del titular de la Defensoría del Pueblo, en Quito. Asegura que continuará en el lugar hasta el 17 de agosto, cuando termina la subrogación.

Si la mayoría del CPCCS le desconoce en ese informe como defensora subrogante ¿por qué sigue en el cargo?

Porque en ninguna parte de ese documento dice que es para remover o ratificar y no lo dice por una sencilla razón: el CPCCS no tiene esa competencia, no es órgano de control de las instituciones que pueda ratificar o revocar resoluciones de las instituciones o hacer observaciones a sus procedimientos administrativos.

A reconocido que Freddy Carrión sigue siendo el defensor titular ¿por qué no acató la remoción que le hizo desde la Cárcel 4?

Él es titular con imposibilidad de ejercer por fuerza mayor, no está en ejercicio. Podría haber tomado cualquier resolución de removerme si estuviese en ejercicio. Solicitó vacaciones el 17 de mayo al 17 de junio, un día después debió emitirse la acción de personal donde se reintegra a sus funciones y ahí si destituirme, pero nunca se reintegró.

¿A qué atribuye el afán de separarla del cago y poner a alguien más?

Hay varios escenarios. Desde que asumí recibí una serie de presiones para que la institución realizara la vigilancia del debido proceso en el caso del doctor Carrión y presente un informe inmediato. Eso no puede ser porque la propia norma interna nos impide actuar así porque no se trata de un caso generalizado, sistemático y de relevancia social. Es un escándalo social, que es diferente.

¿Ese es el único interés o hay otros de tipo político?

Evidentemente, hay un tema político. Me preocupa porque parece que se busca manipular algunos casos, entre ellos el del doctor Carrión, porque la persona que pongan tendrá que ceder a sus exigencias por agradecimiento.

¿De qué otros casos de interés está hablando?

Aquí hay situaciones muy complejas al punto que tuvimos que remover a varios delegados de la Defensoría y personal administrativo porque hubo un boicot al trabajo; hicieron que se declaren desiertos concursos para la adquisición de insumos. Delegaciones que se han prestado para presentar garantías constitucionales a favor de personas de complicada conducta, por decir lo menos, pero no puedo dar más datos porque pongo en riesgos hasta mi vida. A ese punto hemos llegado.

¿Cuál será su reacción ante la acusación de que ha usurpado funciones?

Por eso mismo habrá una demanda en contra de los cuatro consejeros de Participación que votaron por ese informe y pedí a la Asamblea Nacional que, en el ejercicio de sus facultades de fiscalización, llame a los consejeros porque no podían emitir o acoger una resolución así.

Con todo este panorama, ¿ha podido trabajar?

Nos ha costado y realmente esa es la mayor preocupación y molestia que tenemos, porque todo esto lo que persigue es desestabilizar a la institución. Tuvimos que hacer colectas entre los servidores porque no íbamos a dejar que se caiga la Defensoría del Pueblo. Tuvimos que pedir prestado a otras instituciones. Pese a ello, hemos hecho varias acciones que estaban represadas.

¿En este tiempo ha podido auditar la gestión de Carrión?

Esa no es mi función como subrogante. Hay un examen especial que se está desarrollando, pero desde antes de que yo llegara, aquí ya estaba la Contraloría. Y aunque no es mi función auditar, sin embargo, sí debo decir que cuando tuve que avalar los sustentos de teletrabajo de los servidores de la entidad, me llegó una alerta que está en análisis profundo, para ponerla en conocimiento de las autoridades: se trata de una servidora que cobraba sueldo y no vino a trabajar por un año con la autorización del doctor Carrión.