Hay que resistir a los resistentes
La captura de Leonidas Iza pone sobre la mesa un debate atrasado: ¿cuáles son los límites del derecho a la resistencia? Las izquierdas lo tienen claro: ninguno.
Alharaca incendiaria
A las seis de la mañana de este martes, cinco horas después de su detención, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos daba a Leonidas Iza por “detenido-desaparecido”. Así lo declaró en un comunicado público que no se molestó en enmendar minutos más tarde, cuando supo dónde estaba. Constituida en octubre de 2019 para acompañar el intento de golpe de Estado de aquel momento, en el que no ve nada criticable, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos no acostumbra a enmendar. Lo resuelve todo a una velocidad inverosímil, prácticamente sobre la marcha, y lo lanza a los cuatro vientos a través de comunicados que pone a circular en las redes sociales, encienden los ánimos de la militancia de izquierdas y luego, en muchos casos, se desinflan o se olvidan. El de las seis de la mañana de este martes era concluyente: la detención de Leonidas Iza, clamaba, era “ilegal, arbitraria e ilegítima”; la orden la había dado el gobierno “en represalia por el ejercicio de la protesta y la resistencia”; todo el procedimiento había sido irregular, según les pareció a ver en el video (más bien confuso) difundido por la Conaie; se trataba, en fin, de “una nueva acción estatal de criminalización y persecución”. Todo resuelto y sin grises. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos no tiene tiempo de corroborar los hechos, está muy apurada echando gasolina al fuego.
Patente de corso
El gobierno parece haber construido bien su caso. El parte policial que detalla las razones de la detención de Leonidas Iza es sólido y contundente. Se habla ahí de cómo el presidente de la Conaie dispuso (en reuniones y mítines) que sus bases bloquearan carreteras en todas las provincias (de hecho, en un video del lunes, se jacta de mantenerlas bloqueadas); de cómo esos bloqueos atentan contra la libre movilidad y el derecho a la alimentación de las personas pues su objetivo es, precisamente, detener la circulación de buses y camiones; de cómo se atentó, además, contra la salud de las personas al impedir el paso de ambulancias: según el ministro del Interior, Patricio Carrillo, el lunes hubo siete de estos casos, que en octubre de 2019 causaron muertes. Todo eso apenas si necesita ser demostrado: es público. Pero, además, la Policía adjunta testimonios que le permiten acusar a Iza de cobro de aportaciones forzosas (en dinero y bienes) para financiar las protestas. Y de haber manifestado incansablemente su intención de derrocar al presidente (cosa que también ha escuchado todo el mundo). La verdad de estos hechos no está en discusión. Sin embargo, el país se ve abocado a un debate inverosímil: no si Iza es el responsable de todas esas acciones (se sabe que sí) sino si tiene derecho a realizarlas. Las izquierdas, desde el guevarismo hasta Alberto Acosta, pasado por la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos sostienen que sí: que al derecho a la resistencia no le cabe ningún límite.
Negocio redondo
“No al cobro de regalías en la producción de flores”. Así dice la línea final de una de las diez demandas contenidas en el pliego de peticiones del paro nacional: la número 3, que trata sobre la necesidad de fijar precios justos a los productos agrícolas. “No al cobro de regalías en la producción de flores”: la frase está puesta ahí como de paso, inadvertidamente, sin relación con nada. Leonidas Iza nunca ha dicho una palabra al respecto porque, si la dijera, le tocaría explicar sí o sí de quién es el negocio que pretende beneficiar con esta exigencia.
¿Qué son las regalías de la producción de flores? Es lo que pagan las empresas florícolas a los obtentores, como se denomina en esta actividad a los laboratorios especializados que desarrollan, mediante procesos de investigación biogenética, las nuevas variedades de flores de exportación protegidas por el sistema de propiedad intelectual. Un hecho poco conocido de la industria florícola es la existencia de una creciente producción pirata, basada en el robo de cepas y variedades, y que abarca, según una publicación del portal Plan V, 500 hectáreas. Ahora Leonidas Iza quiere legalizar a esos piratas.
