Jueza acoge pedido de abogados y difiere juicio por irregular convenios de pago a hospitales del IESS

En medio de un calor insoportable y con problemas de sonido, el Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil suspendió la audiencia de juzgamiento que convocó este viernes 25 de junio de 2021, para resolver la situación jurídica de Daniel Salcedo Bonilla, implicado dentro de una trama de corrupción durante la emergencia sanitaria por la COVID-19, en un proceso por presunta delincuencia organizada que investigó la supuesta adjudicación irregular de contratos, mediante convenios de pago a través de hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) del Guayas.

Un juicio que se extiende al expresidente del directorio de la entidad Paúl Granda López, además de otros exfuncionarios de alto nivel; y Jacobo Bucaram Pulley, hijo del expresidente Abdalá Bucaram.

La diligencia fue convocada en la modalidad presencial y telemática, en la Unidad Judicial Penal Norte 2 de Guayaquil (Albán Borja), donde se solicitó la presencia de grupos especiales de la Policía Nacional, para resguardar la sala 10, separada para el evento. Previo a resolver la instalación de la audiencia, la jueza Dora Vargas, presidenta del tribunal que conoce la causa, dio la palabra a los abogados; uno de ellos, José Moreno, defensor de Daniel Salcedo. El jurista pidió que se suspenda la diligencia y que se excuse la juzgadora por cuanto ya había intervenido en el juicio de fraude procesal, dentro del cual Salcedo fue sentenciado a cuatro años de cárcel, junto con otros dos acusados. 

Otros defensores solicitaron además que se espere a los resultados del recurso de hecho propuesto por la Fiscalía General del Estado, dentro del caso y que pasaría a manos de una Sala Especializada Penal de la Corte Provincial del Guayas.

“Con mérito en ese pedido el tribunal decidió suspender para dilucidar si corresponde o no conocer la causa tal como está integrado el tribunal o si van a presentar alguna excusa”, explicó Carlos Luis Sánchez, abogado de Susana Mera León, exgerente del hospital Los Ceibos del IESS. El jurista consideró además “sano que se resuelva el recurso, de lo contrario, se dividiría a los sujetos procesados en diferentes audiencias y no tiene sentido”. El abogado Alfredo Arboleda, defensor de Jacobo Bucaram Pulley, corroboró lo dicho por su colega, pero aclaró que ellos no solicitaron nada dentro de la diligencia. El tribunal suspendió además los plazos que corren por la caducidad de la prisión preventiva que, en este caso, pesan contra seis de los procesados, cuatro de ellos en calidad de prófugos y dos detenidos, quienes son los hermanos Daniel y Noé Salcedo. También se dispuso que en la próxima convocatoria las partes procesales acudan de manera presencial.

El pasado 17 de mayo de 2021, el juez Ronald Guerrero, quien conoció la causa en primera instancia, llamó a juicio a 12 de las 16 personas que fueron acusadas por la Fiscalía, de ser presuntamente parte de “una estructura delictiva que habría favorecido a grupos y empresarios a través de convenios de pago ilícitos en los hospitales Los Ceibos y Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. Varios de estos convenios superan el millón de dólares”.

El juzgador no acogió el dictamen que presentó el fiscal Eduardo Díaz, en contra de otros procesados y dictó sobreseimiento a favor de los hermanos Michel y Abdalá (Dalo) Bucaram Pulley, su esposa Gabriela Pazmiño y Marco Sevillano Macías.

De los doce llamados a juicio dentro del caso, el tribunal resolverá la situación jurídica de solo ocho. Según un informe remitido por el juez Guerrero, cuatro de los acusados se encuentran prófugos. Se refiere a: Pablo Jorge Mendoza, Federico Xavier Zenck Alfaro, Jorge Josué Henriques Aguilera y Xavier Edmundo Jordán Mendoza, por lo que se suspende el juicio para ellos hasta que se entreguen voluntariamente o se ejecuten las boletas de aprehensión que dictó la anterior jueza que tramitó la causa.

Con respecto a la exreina y empresaria Karina Marlene Cadena Aguilera; y el contador Jorge Antonio San Lucas Vanegas, ambos se encuentran con medidas alternativas a la prisión. Los acusados Jacobo Bucaram y Paúl Granda permanecen con arresto domiciliario; igual medida cumplen Luis Enrique Jairala Zunino y Susana Paola Mera León, exgerentes de los hospitales Guasmo Sur y Los Ceibos, respectivamente. Además cuentan con dispositivo electrónico.

Los únicos que están tras las rejas son los hermanos Noé y Daniel Salcedo Bonilla. El primero en el Centro de Rehabilitación de Machala, mientras que el segundo en el Centro de Rehabilitación de la ciudad de Quito, desde donde se conectarán para la diligencia.

Ambos encaran juntos otra audiencia de juzgamiento, por el delito de lavado de activos que se tramita en la provincia de El Oro.

Por separado, Daniel encara otro juicio por el delito de peculado junto con exfuncionarios del hospital Los Ceibos, por la irregular adquisición de fundas para cadáveres que se necesitaron durante la emergencia sanitaria por la COVID-19.

Mientras, Noé es juzgado en otro proceso por el delito de delincuencia organizada que investigó la presunta venta de un medicamento que fue donado a hospitales públicos, para pacientes diagnosticados con el coronavirus. En el caso también se analiza la conducta de Abraham Muñoz, exentrenador personal de Daniel Salcedo; además de otros cuatro acusados, exfuncionarios del hospital Guasmo Sur.