Hernán Luque quería asistir al juicio del caso Encuentro vía telemática

A través de un habeas corpus, Hernán Luque Lecaro, expresidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), pidió ser juzgado por delincuencia organizada en el caso Encuentro.

Para el exfuncionario, la etapa de juicio está suspendida. La razón es que el Código Integral Penal ecuatoriano excluye el delito de delincuencia organizada del catálogo de infracciones que se permiten juzgar en ausencia del procesado, como por ejemplo el peculado o el cohecho.La demanda de Luque indicaba que él se encuentra con arresto domiciliario en Buenos Aires, capital de Argentina, desde abril pasado, mientras la Corte Suprema de esa nación tramita su apelación a la autorización de extradición que hiciera el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 5.

El abogado de Luque señaló que al juez de instrucción del caso Encuentro "se le indicó que lo que correspondía era que el Estado ecuatoriano, por medio de la autoridad judicial, reconociera la equivalencia de la medida cautelar de arresto domiciliario en Argentina como si la sufriera en Ecuador, más aún cuando la medida es dentro de un proceso de extradición invocado por el propio Estado ecuatoriano”.

De esta forma, solicitó que se le incluya entre los juzgados, se haga una audiencia telemática y se le permita comparecer desde Argentina; ya que por ahora solo están siendo juzgados Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y Antonio Clemente Icaza Morla, exgerente general de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), pues son los únicos que se encuentran en el país. 

Una pretensión similar fue solicitada por Gabriel Nain Massuh Villarruel, otro de los procesados que está fuera del país. Pidió al Tribunal de Juzgamiento que se le autorice la conexión vía telemática para escuchar las intervenciones de las partes procesales, “acceso que de ya solicitamos sea sin la activación del micrófono para evitar cualquier circunstancia en detrimento de esta audiencia (…)”.

Ambos pedidos fueron negados y la audiencia se desarrolla de forma presencial en Quito, por disposición de los jueces Barahona (ponente), Kevin Cabezas y Consuelo Tapia, integrantes del Tribunal Especializado en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado.

Siete peritos y dos testigos fueron llamados en el segundo día de juicio 

Este 24 de septiembre se realizó el segundo día de audiencia de juicio. La Fiscalía ha llamado a nueve personas, entre testigos y peritos, pero tres no asistieron, entre estos Alfredo Borrero, exvicepresidente, e Iván Correa, exconsejero de Lasso. Otro de los testigos fue Martín Cabezas, un abogado en libre ejercicio. Era secretario de la Vicepresidencia con Borrero. Sus funciones consistían en coordinar y supervisar el mandato presidencial con la implementación de las políticas públicas. 

Dijo que conoció el caso cuando dio una versión en 2023. Mencionó que en su periodo ingresó a un correo de la Vicepresidencia de una empresa que no recordaba bien el nombre. Dijo que fue un correo dirigido a Borrero y mencionaba un proyecto de plantas potabilizadoras de agua. Pero el correo terminó archivado cinco días después porque no se dio seguimiento y no se dio ninguna acción vía Quipux.

La defensa de Danilo Carrera haya de posibles inconsistencias en la investigación 

El abogado de Danilo Carrera, Alfonso Zambrano Pasquel, expresó por X una serie de puntos, que a su criterio, son las deficiencias de la investigación fiscal. La mayoría se basaban en dos conceptos: que el caso nació con las pruebas manipuladas y que no hay pruebas para sostener que el cuñado de Lasso es el líder de una organización criminal.

“La Fiscalía General del Estado no ha entregado pruebas de ningún registro de voz, correo electrónico y ningún otro documento que permita afirmar que Danilo Carrera se reunió con alguna persona para idear, planificar y organizar actos delictivos como líder de un grupo de delincuencia organizada. No hay pruebas de que haya gestionado cargos públicos para beneficio propio ni de nadie; ni ha recibido algún contrato con empresas del Estado para beneficiarse de su relación con el gobierno del presidente Guillermo Lasso”.

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