Holguín tiene evidencia de que la fuga de Duarte fue con ayuda del embajador Fuks

El embajador de Argentina, Gabriel Fuks, declarado persona non grata en Ecuador tras la fuga a Venezuela de la exministra María Duarte, quien estaba refugiada en su residencia desde 2020 para evitar ir a prisión por un caso de corrupción, tenía previsto abandonar ayer el país. Así lo aseguró el canciller ecuatoriano, Juan Carlos Holguín, al anotar que el diplomático tenía programado dejar Ecuador a las 10:00 hora local.

Holguín consideró que Fuks “no solamente fue cómplice de la salida de la señora Duarte de la Embajada”, sino que además mintió “desde el día lunes hasta el miércoles, no en una sino en varias ocasiones”. “Fue su propio presidente el que lo desmintió. Fue su propio canciller el que lo desmintió”, unas incongruencias que provocaron la decisión ecuatoriana, dijo el canciller en declaraciones a la radio FM Mundo sobre la situación de Fuks, a cuya expulsión respondió Buenos Aires con la retirada del embajador de Ecuador, Xavier Monge.

Holguín dijo que las versiones, al día martes, “de las más altas autoridades argentinas determinaban que ellos tuvieron conocimiento de que la señora Duarte no estuvo en la Embajada desde el día sábado”.

“Nuestros detalles ya indican que ellos, y el embajador Fuks directamente, el día viernes sabía que ella no estaba ahí”, indicó Holguín, al apuntar que a él le comunicaron del hecho la tarde del lunes.

Por ello, reiteró que “en el mejor de los casos hubo una negligencia en la custodia que debía tener una persona a la que le habían entregado ilegalmente” un asilo, pues Duarte tiene una sentencia en firme sobre un caso de corrupción. “En el peor de los casos, que es en el que hoy como canciller me mantengo y tengo la evidencia suficiente para decirlo: la complicidad del embajador Fuks”, subrayó.

Esas aseveraciones de Holguín ya fueron respondidas el jueves por Gabriela Cerruti, portavoz de la Presidencia de Argentina, quien negó haber favorecido el viaje de Duarte hacia Venezuela.

Duarte fue condenada en 2020, junto al expresidente Rafael Correa, a 8 años de cárcel por cohecho como parte del caso Sobornos 2012-2016, una trama de financiación irregular del entonces movimiento oficialista Alianza PAIS, liderado por Correa, con aportes indebidos de empresas que no fueron declarados.