HRW insta a la Asamblea Nacional a eliminar toda sanción penal para aborto en Ecuador

Human Rigths Watch (HRW) instó este miércoles a la Asamblea Nacional (Parlamento) a eliminar "todas las sanciones penales para el aborto" en Ecuador, y al jefe de Estado, Guillermo Lasso, a trabajar con las autoridades pertinentes para "garantizar el acceso al aborto no punible" conforme a la ley.

Así lo indicó en una rueda de prensa Ximena Casas, investigadora de las Américas de la división Derechos de la Mujeres de HRW y una de las participantes de una investigación realizada por esa organización sobre la situación en Ecuador y en la que abordaron 148 casos en los que se criminalizó el aborto.

Casas consideró que Ecuador debería implementar de manera cabal e inmediata la decisión de la Corte Constitucional del país que "reconoce a todas las personas que queden embarazadas como resultado de una violación, el derecho a un aborto no punible y asegurar el acceso pleno del aborto legal".

Además, "dejar de judicializar a las mujeres y a las niñas que buscan atención médica esencial".

Por ello -añadió- la Asamblea Nacional debe promulgar leyes que ratifiquen la obligación constitucional de asegurar el secreto profesional y que especifiquen que, en caso de emergencia obstétrica vinculadas con aborto, no existe la obligación de denunciar el caso.

Asimismo, asegurar "que el marco regulatorio para todos los casos de violación que van a discutir en los próximos meses no incluya la obligación de denunciar los casos de violencia sexual, y la objeción de conciencia".

"Sin embargo, si Ecuador elige prever la objeción de conciencia en la atención de salud, ésta -dijo- solo deben poder ejercerla profesionales de la salud a título individual y, en ningún caso pueden convertirse en una barrera de acceso para niñas y mujeres".

IMPACTO DE LA CRIMINALIZACIÓN DEL ABORTO

HRW presentó en la rueda de prensa virtual el informe "¿Por qué me quieren volver a hacer sufrir", que analiza el impacto humano de la criminalización del aborto en Ecuador, en el que se incluyó el análisis de 148 casos entre 2009 y 2019.

Gracias a ello, identificaron los patrones de vulneración a derechos humanos que enfrentan las personas judicializadas por aborto, particularmente contra las mujeres y niñas, quienes constituyeron el 81 % de los casos; el 14 % se dirigía contra acompañantes hombres, que ayudaron a la realización del aborto y el 5 % contra el profesional de la salud que realizó la interrupción.

En la investigación hallaron que muchas personas vulneradas se acogían al consejo de abogados de declararse culpables para tener los beneficios de un proceso abreviado.

El informe de 128 páginas contempla que las acusadas por aborto suelen experimentar violaciones de sus derechos al secreto profesional y al debido proceso, y enfrentan obstáculos para poder acceder a la representación legal de calidad.

El estudio determina que una legislación restrictiva "no impide que las mujeres aborten", la consecuencia de ello es que los abortos ocurren, pero de manera insegura, principalmente para mujeres que tienen menos recursos y viven en zonas rurales.

Concluye, además, que la criminalización del aborto disuade a las gestantes a solicitar el acceso a prácticas seguras, refuerza la estigmatización social del aborto y genera temor a la posibilidad de persecución penal entre mujeres y profesionales de la salud.

La tercera conclusión es que en Ecuador "las mujeres y las niñas están siendo judicializadas por aborto y no solo aquellas que desean interrumpir voluntariamente un embarazo, sino quienes tienen abortos espontáneos, emergencias obstétricas o que requieren atención post aborto".

De los 148 casos analizados, 38 cumplieron penas de prisión tras la condena o estuvieron privadas de la libertad durante o antes del juicio, dijo y relató el caso de una niña de 15 años, violada cuando regresaba a su casa desde el colegio, y quien fue condenada a cinco años de prisión después de que su bebé muriera tras da a luz sola en el baño de su casa.

El 73% de los casos analizaos se iniciaron después de que un profesional de la salud denunciara a la paciente a la Policía, violando el secreto profesional, detalló.

Y en 99 de los casos analizados, la policía interrogó a la mujer en el hospital sin que hubiera un abogado presente, indicó HRW al hablar sobre los casos identificados de violación de derechos.