Algo huele mal en México y el peligro es que otros lo copien | Por Martin Pallares
Hay que imaginar cómo actuarían en Ecuador los grupos criminales si tuvieran la oportunidad de empujar candidaturas a jueces
El presidente de México está a punto de poner en práctica el sueño húmedo que todo dirigente populista y autoritario de la región tiene para controlar la justicia: la elección popular de jueces y de altos magistrados. Un sueño húmedo que, según especialistas, coincide con el interés de las mafias del narcotráfico.
Lo de México huele mal no solo por lo que puede pasar en ese país, sino también porque se podría convertir en un precedente motivador para los movimientos políticos alineados con el presidente mexicano en otros países de la región. Uno de ellos, Ecuador.
La reforma judicial propone la elección popular de los jueces del Poder Judicial. Así, se cambiaría de un modelo basado en exámenes profesionales a un sistema de votación popular. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, actualmente nombrados con participación del Ejecutivo y del Senado, también serían elegidos por voto popular, así como los magistrados electorales. Además, la reforma contempla replicar el mismo modelo en los 32 estados de México.
¿Cómo sería la nueva forma de elegir jueces en México?
En este nuevo esquema, las candidaturas a los cargos judiciales serían postuladas por los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. De acuerdo a la reforma, después de una convocatoria pública, cada poder integraría un Comité de Evaluación compuesto por personas expertas para seleccionar a un listado corto de aspirantes.
Uno de los grandes problemas de este esquema propuesto por AMLO que entregará el poder a su sucesora Claudia Sheinbaum el 30 de septiembre, es que, como el Ejecutivo y el Legislativo están dominados por Morena, el partido de gobierno, los candidatos serán figuras del agrado de ese partido. Y no contentos con esto, la reforma plantea la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, también integrado con magistrados electos por voto popular, que se encargará de sancionar a jueces. Con esto, se garantiza la total obediencia del poder judicial: juez que no haga lo que le guste a Morena, será sancionado por este tribunal.
La iniciativa ya ha creado un cortocircuito con dos socios comerciales que, junto a México, tienen uno de los acuerdos comerciales más grandes y exitosos del mundo: el T-MEC. Los embajadores de EE. UU. y Canadá han enviado cartas al presidente mexicano donde le dicen sin ambages que el esquema planteado rompe ciertos acuerdos entre los dos países y que va a ahuyentar las inversiones de esas dos potencias en México. De hecho, un grupo de importantes asociaciones empresariales de los EE.UU., entre las que están la National Association of Manufacturers, National Mining Association y Electric Components Industry Association, han enviado una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, diciendo que la reforma al Poder Judicial violaría las obligaciones de México en el T-MEC. El Washington Post publicó un editorial el domingo pasado donde decía que el Gobierno de los EE.UU. tiene toda la razón al opinar sobre el tema ya que la reforma incluso podría acabar con la democracia mexicana.
Intereses del crimen organizado en la elección de jueces en México
Pero el problema no tiene únicamente que ver con el interés del partido de AMLO por controlar la justicia, sino con los intereses de los cárteles de la droga. Una coincidencia que puede ser causa común. Elegir a jueces por voto popular les permitirá financiar campañas de amigos suyos que podrían ser jueces y alentar a las poblaciones que están dentro de los circuitos territoriales que dominan a votar por dichos candidatos a juez.
La célebre experta y escritora Anabel Hernández está alarmada. “Si ya hemos hablado de cómo el crimen organizado y cárteles de la droga compran candidatos, influyen en las elecciones, amenazan, secuestran a quienes no son partícipes de sus corruptelas, imaginemos a un Poder Judicial en manos del narcosistema”. A Hernández no le falta razón: tan solo hay que imaginar cómo actuarían en Ecuador los grupos criminales como Los Choneros o Los Lobos si tuvieran la oportunidad de empujar las candidaturas a jueces de sus amigos y aliados con un esquema como el que propone AMLO.
No es la primera vez que un movimiento del socialismo del siglo XXI se aventura con esta receta: en el 2013 en la Argentina, Cristina Kirchner hizo aprobar al Legislativo de su país una reforma parecida pero la Corte Suprema de Justicia la anuló por inconstitucional. Y Bolivia lleva un sistema parecido desde 2011 y, según el diario español de izquierda El País, ha sido un “desastre”.
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