Human Rights Watch envía carta a Noboa por acciones tomadas en el conflicto armado
El documento habla de una aparente ejecución extrajudicial y múltiples casos de detenciones arbitrarias
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) emitió un escrito dirigido al presidente de la República, Daniel Noboa, en el cual señaló que "ha monitoreado, con enorme preocupación, el aumento de la violencia en Ecuador, que en los últimos años se ha convertido en uno de los países con la tasa de homicidios más alta de la región".
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En ese orden, expuso que en reiteradas ocasiones se ha pedido a las autoridades de la nación que adopten políticas de seguridad efectivas y respetuosas de los derechos humanos, y hace énfasis en que se fortalezca "el frágil sistema de justicia del país".
El escrito está firmado por Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, y expone que desde enero pasado, cuando se declaró la guerra interna, se han desencadenado “serias violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad”.
Entre esos hechos se incluyen una presunta ejecución extrajudicial y múltiples casos de detenciones arbitrarias, malos tratos y falta de procesamiento judicial a los más de 13,000 detenidos en los controles diarios.
Un conflicto armado interno sin sustento legal
La entidad que defiende los derechos humanos, cuestionó que el gobierno ecuatoriano no ha presentado evidencias suficientes sobre los enfrentamientos con cualquiera de los 22 grupos criminales constituyan un conflicto armado no internacional.
"La existencia de un conflicto armado—internacional o no internacional—no depende de la declaración o determinación que haga un gobierno o su presidente, sino de un análisis objetivo de los hechos sobre la base de los criterios establecidos en el derecho internacional", se destaca en el escrito.
Un conflicto armado no internacional consiste en “violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre esos grupos”. Y por tal motivo se explica que para declarar esta medida se debe enmarcar en dos variables apegadas al derecho internacional: La primera es por el nivel de organización de los grupos armados y la segunda por el nivel de intensidad de las hostilidades.
“Las Fuerzas Armadas no están entrenadas para tareas de vigilancia e investigación. Ponerlas a ejercer ese papel aumenta el riesgo de abusos”, dijo Goebertus. “El gobierno debería limitar la actuación de las Fuerzas Armadas a las circunstancias estrictamente necesarias. Ecuador necesita más funcionarios judiciales y policías mejor entrenados para investigar al crimen organizado, no más soldados en las calles" concluyó.
