Iglesia Católica de Ecuador rechaza proyecto de ley y lo tilda de “malintencionado”
La Conferencia Episcopal reaccionó a la recomendación del archivo del proyecto de Ley de Libertad e Igualdad Religiosa
Este martes 1 de abril, la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional aprobó un informe recomendando el archivo del proyecto de Ley Orgánica de Libertad e Igualdad Religiosa, impulsado por la legisladora correísta Esther Cuesta.
La propuesta de normativa señala la creación de un régimen patrimonial para las organizaciones religiosas, un régimen sancionatorio previsible, así como la garantía del respeto a la diversidad religiosa.
En el debate en la mesa legislativa, realizado el viernes 28 de marzo, la legisladora Jhajaira Urresta propuso agregar sanciones para las organizaciones religiosas que participen en procesos democráticos y electorales. La asambleísta señaló a la Iglesia Católica por su supuesta inmersión en el proceso electoral actual.
Conferencia Episcopal Ecuatoriana: Un proyecto de ley "malintencionado, peligroso, sectario"
Una vez que se conoció el informe en el que se recomienda el archivo del proyecto de ley, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana reaccionó celebrando la decisión de los comisionados, alegado que fue la medida fue adoptada por "presión de la sociedad".
En un comunicado, la organización acusó a un grupo de asambleístas de difundir "información falsa sobre la Iglesia Católica del Ecuador", en el contexto de las elecciones presidenciales de segunda vuelta. Asimismo, señaló que dicho proyecto de ley "atenta contra la libertad y la igualdad", y que "agredía y violentada los derechos del 70 % de ecuatorianos que se confiesan católicos".
La Conferencia Episcopal Ecuatoriana señaló que los defensores de la propuesta desconocían las relaciones de la Iglesia con el Estado. Además, la entidad indicó que no fueron invitados para trabajar en la elaboración del proyecto.
El grupo religioso destacó que ha "contribuido a la paz, al diálogo y a la reconciliación del país" en momentos conflictivos de la vida política. "Nosotros hemos dado la cara (...) Quizás por eso, lastimosamente, hay personas y grupos a los que nuestra acción y nuestra voz molesta tanto".
La institución calificó al proyecto de ley como "malintencionado, deficiente, sectario, peligroso e inconstitucional". Y señaló que la laicidad, contemplada en la Constitución, no significa que el Estado "deba limitar el accionar de las organizaciones religiosas, o establecer un régimen de sanciones para quienes manifiesten mensajes contrarios al poder de turno, o imponer creencias ajenas a sus propias creencias como la ideología de género".
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