¿Qué implica tratar la desaparición de niños en Guayaquil como desaparición forzada?
La jueza Tanya Loor Zambrano aceptó un habeas corpus en el que se la declara como tal y ordenó medidas de reparación
La desaparición de cuatro niños en Guayaquil ha generado alarma nacional e internacional tras ser calificada como desaparición forzada por la jueza Tanya Loor Zambrano, un delito considerado una grave violación de los derechos humanos. Este enfoque obliga al Estado a asumir una responsabilidad directa en las investigaciones y la búsqueda de las víctimas, además de garantizar justicia para las familias afectadas.
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Leer másEl caso, que involucra a 16 uniformados de las Fuerzas Armadas que participaron en un operativo en el sur del Puerto Principal, es investigado por la Fiscalía General del Estado, luego de que se cuestionara que los militares ecuatorianos no aplicaron los protocolos correspondientes en caso de haber encontrado a los menores cometiendo un delito.
En Nochebuena (24 de diciembre), la jueza Loor Zambrano aceptó un habeas corpus planteado por los familiares de los menores y ordenó la activación de protocolos de búsqueda en todo el país, además de la creación de una comisión multidisciplinaria que investigue los hechos de forma independiente al proceso judicial.
#URGENTE Jueza constitucional de Guayaquil acepta la acción de habeas corpus y declara la existencia de desaparición forzada de #LosCuatroDeGuayaquilEcuador pic.twitter.com/BYoUqVqlNJ
— CDH.GYE (@CDHGYE) December 25, 2024
Las medidas de reparación dictadas incluyen:
- Que el Estado, por medio del sistema nacional competente, continúe con los actos de investigación para dar con el paradero de los menores desaparecidos.
- Que se garanticen protocolos suficientes para localizar a Ismael, Saúl, Josué y Stiven.
- Que el Ministerio de Salud Pública brinde atención psicológica a los familiares de los menores.
- La creación de una comisión de cinco personas que trabaje en una investigación independiente a la que lleva a cabo la Fiscalía.
La decisión judicial coincidió con la solicitud de la Fiscalía de fijar fecha y hora para formular cargos contra los 16 militares por el delito de desaparición forzada, por su presunta participación en los hechos.
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Responsabilidad estatal y protocolos especializados. Al ser calificado como desaparición forzada, el Estado ecuatoriano tiene la obligación de activar mecanismos inmediatos para la búsqueda de los menores. Esto incluye operativos conjuntos entre la Policía Nacional, la Fiscalía y organismos de derechos humanos, además de garantizar la protección de las familias y posibles testigos.
De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas se entiende por desaparición forzada “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.”
Monitoreo internacional Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ya han mostrado interés en el caso. La declaración implica que el Estado ecuatoriano debe rendir cuentas sobre sus acciones para localizar a las víctimas y esclarecer los hechos.
Investigaciones bajo enfoque diferenciado
Las autoridades deben determinar si funcionarios públicos, policías u otros actores estatales están involucrados de alguna manera, ya sea por acción u omisión. La Fiscalía también debe indagar posibles vínculos con redes de trata de personas o crimen organizado.