¿Por qué es importante la Defensoría Pública?
Proveer de abogados gratuitos significa intervenir en los procesos legales para lograr justicia o impunidad
En la ley de la Defensoría Pública se dice que este es un órgano autónomo de la Función Judicial “cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos”.
La Defensoría Pública prácticamente es el órgano que provee de abogados gratuitos a los que no pueden pagarse uno. Justo allí radica su importancia.
El penalista Guillermo del Castillo indica que los defensores públicos son partes procesales. Significa que acceden al contenido de las investigaciones, analizan las evidencias, participan de los procedimientos de investigación, etc.
“Si a la Defensoría Pública llega una persona vinculada con personajes de la criminalidad o la política, lo que puede pasar es que los defensores se conviertan en un instrumento para entorpecer, dilatar o viciar un proceso que les interesa a esos grupos”.
El jurista pone de ejemplo un caso donde un defensor público no se presenta a una audiencia de extracción de información de un celular. “Imaginemos que dicha diligencia se intenta dar por tres veces, pero no se logra y finalmente termina la instrucción fiscal”, agrega.
La importancia de llegar a ser la primera autoridad de la Defensoría Pública radica también en que la nueva autoridad tiene un delegado actuando como vocal del Consejo de la Judicatura.
De la terna de la Defensoría Pública, por ejemplo, salió Juan José Morillo, ahora procesado, quien junto con Maribel Barreno y Fausto Morillo confirmaron la vieja mayoría de la Judicatura.
El contar con poder en la Judicatura significa incidir en la administración de la justicia, que este año tiene previsto nombrar más de 500 jueces de primer y segundo nivel, 11 magistrados para la Corte Nacional de Justicia, nombrar jueces temporales para la Corte Nacional e iniciar la evaluación de más de 1.000 jueces en el país.
Con este contexto se ha desarrollado, desde hace tres años, el concurso para el nuevo titular de la Defensoría Pública. Un proceso de selección que ha estado plagado de incidentes. Se han presentado denuncias y más de 9 acciones de protección; los comisionados han recibido amenazas de muerte, una aspirante recibió una corona fúnebre y hasta la Fiscalía ha iniciado una investigación reservada por posible asociación ilícita en la que están envueltos los tres expostulantes mejor puntuados: Daniel Frías Toral, Byron Guillén y Jorge Cristóbal Ballesteros.
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