Los impuestos se van entre carros con chofer y burócratas dorados

A Lenín Moreno se lo recordará por haber desbaratado el andamiaje de corrupción y despilfarro que se construyó durante diez años en todas las instituciones del Estado. Con determinación y una consulta, acabó con la usurpación de órganos de poder como Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Consejo de Participación Ciudadana y, por supuesto, el mismo Gobierno central. De yapa, enterró la reelección indefinida para evitar el regreso de quienes armaron esa oprobiosa estructura. Es cierto que también cometió errores terribles que no olvidaremos, como la entrega de los hospitales a grupos indeseables que saquearon el sistema de salud. Pero eso no fue lo único que hizo Lenín Moreno. Muy pocos conocen de su eficiente manejo del gasto público, algo que su sucesor destruyó en apenas 900 días. A las pruebas me remito.

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Dos días después de su posesión, Moreno dispuso la eliminación de cuatro de los seis ministerios coordinadores, cuya única función era coordinar el trabajo de otros ministerios. Los otros dos los fusionó en uno. Para el año 2020, de los 36 ministerios y secretarías creadas entre 2007 y 2017, quedaron 21. De nueve secretarías técnicas, quedaron cuatro y de las 15 agencias de control, se eliminaron tres. Al terminar su mandato dejó 14 ministerios, en lugar de los 25 que recibió.

Moreno recibió un gobierno con una nómina de 434.000 funcionarios y redujo esa cifra en un 4,16 %, en menos de tres años. Parecería poco, pero ese pequeño porcentaje representó un 10,7 % del gasto en sueldos de burócratas, equivalente a 978 millones de dólares, porque sacó de sus puestos a aquellos ocasionales que ganaban mucho y trabajaban poco. Cuando terminó su gobierno, el número de funcionarios era 415.000 y el gasto anual en sueldos bajó de $ 9.139 millones de dólares a $ 8.161 millones.

En el año 2022, el gasto en sueldos volvió a subir a 9.174 millones de dólares, el 2023 a $ 9.738 millones y para 2024, de acuerdo con el Presupuesto General del Estado, el pago de sueldos será de 10.207 millones de dólares, destinados a 492.000 funcionarios públicos. Es decir, un aumento de $ 2.046 millones y de 77.000 burócratas, en apenas tres años. No hay impuestos, préstamos internacionales ni eliminación de subsidios que cubran esa carga laboral.

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Algo similar ocurrió con los vehículos del Estado. Lenín Moreno recibió un parque automotor gubernamental de 16.100 vehículos y lo redujo a 13.600. Hoy, el Gobierno tiene alrededor de 30.000 vehículos, de los cuales, 4.000 son tractores, camiones y volquetas de obras públicas y agrícolas. También están en esta lista los tanques, tanquetas y buses de las Fuerzas Armadas. De los 26.000 vehículos restantes, 8.000 son motocicletas, la mayoría al servicio de la Policía Nacional y Comisión de Tránsito del Ecuador. De estos 16.000 vehículos, hay 6.000 que funcionan como patrulleros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y CTE. Los 10.000 que quedan están al servicio de la burocracia dorada: Presidencia, ministros, subsecretarios, directores, jefes, asesores y un largo etcétera que llega a miles de funcionarios.

Estos 10.000 vehículos, entre camionetas, jeeps y automóviles, con un costo promedio de 25.000 dólares cada uno, significaron un egreso de 250 millones de dólares de nuestros bolsillos. Pero este no es el único costo. A este valor hay que añadirle el gasto anual de mantenimiento ($ 750), matrícula ($ 400), combustible ($ 2.050), seguro ($ 1.200), llantas ($ 500), parqueo, multas e imprevistos ($ 500) y, por supuesto, el salario del conductor ($ 7.100). Esto suma 12.500 dólares al año. En total, 125 millones de dólares pagados con el dinero de los ecuatorianos para que burócratas privilegiados tengan carro con chofer en la puerta de su casa.

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Esa cifra bien puede reducirse a 100 funcionarios y a 1.000 vehículos como máximo. Causa fastidio ver las caravanas de vehículos sin placas y vidrios oscuros con ministros o funcionarios, desfilando por las ciudades, pagadas por los contribuyentes. Entiendo que hay ministros que requieren protección especial, como los del Interior o Defensa, pero no todos, peor aún los subsecretarios, jefes, directores que bien pueden ir a su trabajo en su propio automóvil o en taxi con combustible subsidiado por el pueblo. En los países desarrollados, los ministros de Estado no utilizan vehículos estatales para su movilización; usan el transporte público o un vehículo de su propiedad. Da indignación la poca o nula sensibilidad del Gobierno cuando nos pide sacrificios, pero no está dispuesto a sacrificar ni un centavo del despilfarro de sus instituciones.

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