Imputan delincuencia organizada a tres militares detenidos con $ 95.000 en Ecuador
Los implicados habrían planificado actividades relacionadas con organizaciones criminales
La Fiscalía de Ecuador incorporó este jueves 16 de mayo la imputación de delincuencia organizada contra tres militares, dos de ellos en servicio activo y uno en servicio pasivo (retirado), detenidos en febrero en Quito con 95.000 dólares en efectivo y que ya eran procesados por presunto lavado de dinero.
El Ministerio Público explicó en un comunicado que durante la investigación se encontraron indicios de que los procesados, previo al hecho (lavado de activos), habrían planificado actividades relacionadas con organizaciones criminales, con el propósito de cometer otros delitos y así obtener beneficios económicos.
De acuerdo con la Fiscalía, el dinero encontrado en poder de los tres procesados sería parte de un pago entregado por un grupo de crimen organizado, a cambio de proporcionar “información militar reservada” relacionada con el mayor decomiso de droga de la historia de Ecuador, cuando en enero se encontraron cerca de 22 toneladas de cocaína en un sótano de un predio rural.
En la audiencia de reformulación de cargos, el fiscal del caso señaló que Héctor C. V., Orlando J. M. y Jairo A. L. – además del lavado de activos– adecuaron su conducta al delito de delincuencia organizada con fines de revelación de identidad de agente encubierto, informante, testigo, persona protegida o funcionario judicial protegido, entre otros delitos.
También, presentó como elementos de convicción el informe pericial de la materialización de la información contenida en cuatro celulares decomisados al momento de la detención, que evidenció que los involucrados se habrían organizado de forma previa para la comisión de la infracción penal, pues intercambiaron mensajes, llamadas telefónicas y archivos.
Al término de la audiencia, la jueza ratificó la prisión preventiva para dos de los procesados, mientras que mantuvo para el otro la libertad condicional, con presentaciones periódicas y prohibición de salida del país, decisión que fue apelada por el fiscal.
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