Inaccion en la Asamblea
Los llamados representantes del pueblo no están en sintonía con el acontecer nacional, incluso hay asambleístas que defienden o miran para otro lado cuando se habla de la corrupción de estos últimos doce años, que es lo que pide el pueblo, que pongan leyes más severas para los corruptos que festinan los dineros de las instituciones del Estado. Quienes cometen estas irregularidades están sujetos a sanciones por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, con penas que no van acorde con el perjuicio al Estado y al pueblo. Es indignante que estos casos se sentencien con seis años de cárcel; debe ser de acuerdo al perjuicio causado, con un mínimo veinte años acumulados por cada delito y una condena adicional del 25 % de la pena si miente el juez. Como los actos de corrupción están en todas las esferas, también se debe legislar para sancionar a los jueces que en estos delitos no actúen de acuerdo a la ley. La ciudadanía conoce a los testaferros: familiares, compadres, trabajadores, compañeros de toda la vida que hoy tienen gasolineras, hoteles, equipos camineros, haciendas y prósperos negocios; pero ni los legisladores ni los políticos que ya se perfilan como candidatos proponen una respuesta innovadora para recuperar los dineros robados de las arcas estatales.
Ing. Pablo Jarrín Reinel