El Estado incauta barcazas y obtiene indemnizacion, en juicio

Las barcazas Victoria II, de generación eléctrica, y Sky III, abastecedora de combustible, de propiedad de la empresa Intervisatrade S.A., están intervenidas por el Estado desde el 24 de diciembre de 2014, por orden judicial.

Esa compañía privada tenía desde el 20 de agosto de 2004 una concesión por 25 años para la generación y comercialización de energía eléctrica, para lo cual utilizaba las barcazas.

Ambas unidades, acoderadas en el sector de Las Esclusas, en Guayaquil, pasaron a confiscación por orden del Sexto Tribunal de Garantías Penales, en sentencia emitida el pasado 16 de marzo, dentro de un juicio por presunto delito tributario planteado en 2014 por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae).

En su fallo, el Tribunal declaró como autor del delito de mal uso de exenciones o suspensiones tributarias aduaneras a Pablo Ch. B., quien ejerció la gerencia de Intervisatrade entre 2001 y 2009.

Supuestamente, las barcazas estaban siendo utilizadas de forma indebida y sin cumplir las formalidades aduaneras por parte de la mencionada empresa, que había adquirido esos bienes el 11 de febrero de 2004.

Según una auditoría efectuada por el Senae, para la operación de las barcazas había sido autorizada la empresa Energycorp S.A. (anterior propietaria de las estructuras).

EXPRESO publicó ayer un reportaje en el que se revelan detalles sobre una demanda por $ 140 millones que Energycorp entabló en contra del Estado, por la terminación unilateral y anticipada de un contrato de compraventa de energía. Lo había suscrito en 1998 con el desaparecido Instituto Ecuatoriano de Electrificación (Inecel).

En el juicio, que se dirime en el Tribunal Contencioso Administrativo de Quito, la compañía logró que se declare la nulidad de las resoluciones de terminación del compromiso. El proceso se encuentra en la fase previa al pronunciamiento final de los jueces.

Según la auditoría del Senae, la evasión tributaria entre 2000 y 2006 habría causado un perjuicio económico al Estado por alrededor de 5 millones de dólares.

Por ello, como reparación integral del daño, los jueces dispusieron en contra de Intervisatrade una multa por casi $ 50 millones (equivalente a diez veces el valor de lo que supuestamente se pretendía evadir).

En el caso estaban procesados como presuntos cómplices Wilson G. A. (exgerente de Intervisatrade) y Luis G. M. (exgerente de Energycorp), sobre quienes se ratificó su inocencia.

El delito de mal uso de exenciones o suspensiones tributarias aduaneras se sanciona con prisión de 3 a 5 años. Sergio Delgado, abogado defensor de Pablo Ch. B., el único sentenciado en el caso, dijo a EXPRESO que formalmente aún no habían sido notificados de la sentencia.

“La acción legal que seguiremos la podremos adoptar una vez que nos llegue el texto de la resolución”, adelantó.

Hasta el cierre de este artículo, EXPRESO no pudo obtener una versión de Calixto Vallejo, abogado defensor de la empresa Intervisatrade, a quien se lo llamó en varias ocasiones a su despacho jurídico.

Durante el proceso, en su versión libre y voluntaria, Wilson G. A., el último gerente de Intervisatrade antes de ser intervenida, desmintió que hubo un uso indebido de las barcazas.

“Desde que ingresaron al país se han dedicado a generar energía eléctrica en virtud de los contratos celebrados con las instituciones del Estado y cuentan con la debida autorización de la propia administración aduanera”, sostuvo.

Este Diario está a la espera de un pronunciamiento de Xavier Cárdenas, director general del Senae, a quien se le pidió una entrevista a través de su área de Comunicación.

La operación de las barcazas hoy está en manos de Electroguayas, una de las unidades de negocios de la empresa pública Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP).