La inclusion, a media llave
Sin una entidad fiscalizadora, la integración de estudiantes con discapacidad no llega al 100 %. Las universidades privadas tienen más avances en el proceso.
A paso lento y dispar. En los nueve años desde la instauración del Proyecto Modelo de Educación Inclusiva del Ministerio de Educación, creado con el fin de establecer la normativa para integrar a los estudiantes con necesidades especiales a escuelas, colegios y universidades del país, este aún no se cumple a cabalidad.
La situación se visibiliza, sobre todo, en los institutos superiores, donde lejos de contar con fiscalización estatal, las propias universidades son las responsables de cumplir con la norma y adecuar sus centros, currículos educativos y capacitar a sus docentes para recibir a alumnos con discapacidades.
Según datos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) 687.316 personas con necesidades especiales estudian en universidades públicas y privadas del país. Más del 50 % de esta cifra corresponde a instituciones públicas.
En Guayaquil, la experiencia universitaria con la inclusión no se basa solo en las normas educativas vigentes, sino también en la disposición e interés que el propio centro tenga para integrar a los alumnos.
La Universidad Politécnica Salesiana es uno de sus principales ejemplos. El instituto educativo cuenta no solo con un proyecto de inclusión basado en la adecuación de la infraestructura y la capacitación docente, sino que dirige la mayor parte de sus proyectos de vinculación comunitaria y de tesis de grado hacia este fin.
“Como grupo de investigación tenemos como objetivo desarrollar estrategias y tecnologías que sirvan para la integración, y que incluyen la capacitación docente y el seguimiento al estudiante. Parte de ese proceso es vincular a los alumnos, y es así que muchos de ellos realizan como parte de sus proyectos académicos software para ayudar al aprendizaje de personas con discapacidad o proyectos de socialización comunitaria en temas como autismo y ceguera. Queremos que la universidad se convierta en un referente nacional del modelo inclusivo ”, explicó Nelson Mora, catedrático y miembro del Grupo de tecnología y comunicación relacionada a la discapacidad de la entidad.
Vladimir Velasco es uno de los encargados de la Tifloteca y del Centro de Apoyo e Inclusión de la institución. El joven con discapacidad visual se graduó el año pasado de la carrera de Ingeniería Comercial. “Estos espacios, creados por la UPS, están diseñados para que los estudiantes puedan acceder a material de estudio que se adapte a sus necesidades, sobre todo para quienes tienen discapacidad visual o intelectual y discapacidad física”, explicó.
Al otro extremo de la balanza está la Universidad de Guayaquil que recién el mes pasado empezó el levantamiento de datos para conocer cuántos estudiantes con discapacidad son parte de la comunidad universitaria.
“El modelo de inclusión no se ha venido desarrollando en la universidad. Esta es una época nueva, en la que estamos empezando a alinear todo lo que existe para poder implementar una educación que realmente sea inclusiva”, indicó Monserrate Bustamante, vicerrectora académica de la institución.
En junio, la universidad empezó con un proyecto piloto a través de las tutorías de apoyo académico en la Facultad de Ingeniería Civil. “Vamos a hacer el diseño de un programa que incluye el levantamiento de docentes que tengan experiencia metodológica en temas de discapacidad y solo entonces empezar a dictar talleres y capacitaciones de adaptación curricular. Tenemos que hacer este proceso paso a paso, de manera integral para que la inclusión se dé de manera sostenible”, añadió.
Para quienes cursan sus carreras en la Estatal, los pendientes en el proceso de inclusión deben solucionarse.
Eyleen Swanton es alumna de sexto semestre de Ingeniería Civil. “En este semestre se ha reforzado el tema académico y de ayudas económicas, que es algo que agradezco y que me ha permitido continuar estudiando pero se debe hacer más en cuanto a la socialización de discapacidades, y a la integración con la comunidad universitaria”, comentó.
En otros institutos públicos como la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), el avance en infraestructura ha sido más veloz que la capacitación docente. Estos esperan solucionar las disparidades a través de la alianza con el Observatorio Regional para la Calidad de la Equidad en la Educación Superior, que el año pasado, con integrantes de la comunidad educativa, hizo un mapa de diversidad humana para identificar y dar apoyo y seguimiento a los estudiantes de inclusión.
El centro educativo señaló que además de “llevar a cabo programas de becas, acompañamiento y ayudas económicas a estudiantes en situación de vulnerabilidad,” prepara, un estudio sobre accesibilidad integral en el campus Gustavo Galindo Velasco y alista “una política de acción afirmativa que genere una estrategia de acompañamiento a estudiantes con necesidades educativas especiales y propone acciones de capacitación docente”.
Mientras tanto, en la Universidad Casa Grande, el apoyo pedagógico ha sido crucial para desarrollar el proceso. Así lo indicó Elena Betancourt, consultora de Bienestar Estudiantil.
“Tenemos un equipo, compuesto por una psicóloga, una investigadora y una educadora especial a través de los cuales damos seguimiento y apoyo a los estudiantes y capacitación a los docentes que recibirán a esos estudiantes. Ahorita estamos preparando talleres de adaptación curricular”, dijo.
Además de no facultar la fiscalización, la Ley Orgánica de Educación Superior tampoco determina métodos de revisión a la inversión educativa en inclusión que hacen las universidades, ni siquiera en temas de capacitación docente. “El monto asignado a las universidades públicas para capacitación es de $ 6’065.579”, explicó a EXPRESO la Senescyt. “En ese sentido, las instituciones de educación superior, en el marco de su autonomía responsable, pueden desarrollar programas de formación docente en función de sus necesidades institucionales, pero no es su obligación notificar a esta secretaría de Estado sobre las áreas de capacitación que desarrollan, por tanto no es posible identificar el monto específico que las instituciones dedican a la capacitación en temas de necesidades educativas especiales”, estableció.