Indígenas van al Constitucional por los planes extractivos en la Amazonía de Ecuador
Se trata del Decreto Ejecutivo 95, emitido por el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, el 7 de julio, que ordena varias acciones para incrementar la producción actual de petróleo.
Una coalición de organizaciones indígenas y ONG presentaron este lunes ante la Corte Constitucional de Ecuador una demanda de inconstitucionalidad a un decreto presidencial que promueve duplicar la producción petrolífera en el país.
Se trata del Decreto Ejecutivo 95, emitido por el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, el 7 de julio, que ordena varias acciones para incrementar la producción actual de petróleo, que no llega a los 500.000 barriles diarios, a fin de alcanzar el millón.
La demanda de inconstitucionalidad alega que con esa decisión del Ejecutivo se vulnera el derecho internacionalmente reconocido de los pueblos originarios a la consulta previa y el consentimiento libre e informado, además de otros derechos colectivos y de la naturaleza.
DEMANDA CONTRA LASSO
"Es una demanda contra el presidente Lasso porque en realidad vemos que él no está respetando nuestro derecho de la vida, nuestro derecho de la naturaleza", manifestó a Efe Nemonte Nenquimo, líder del pueblo waorani de Ecuador.
Distinguida el año pasado con el Premio Goldman, considerado el "Nobel del medio ambiente", la activista aseguró que los decretos presidenciales representan una amenaza para todas las nacionalidades de la Amazonía de Ecuador:"Nuestro territorio no está en venta", aseveró.
La dirigencia indígena también tiene intención de presentar una segunda demanda al Constitucional sobre otro decreto presidencial, el 151, que busca incrementar la actividad minera en puntos críticos del paisaje amazónico y "relajar los controles ambientales para acelerar la entrada de empresas mineras extranjeras en la Amazonía".
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza, que encabezó la representación que entregó hoy la demanda, censuró que la decisión presidencial ha ninguneado a los pueblos originarios, "sin tener en cuenta los efectos desastrosos, negativos que ha significado (la explotación petrolera) para toda la Amazonía ecuatoriana".
Exigió, asimismo, que "de manera inmediata" se suspenda "cualquier pretensión" de llevar a la práctica el decreto relativo a la duplicación de la producción, "mientras no se garantice el derecho a la consulta libre e informada".
Y recordó el llamamiento de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), de "proteger el 80% de la Amazonía", respaldado por la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).
Las políticas aprobadas por el Gobierno de Lasso para intensificar la producción petrolera y minera en el país, tienen como objetivo declarado impulsar la economía y reducir la pobreza.
Sin embargo, las organizaciones indígenas censuran que su experiencia a lo largo de décadas pone de manifiesto que los beneficios no llegan a las comunidades y que la actividad extractiva entraña riesgos y desastres irreparables para la naturaleza y su forma de vida.
REQUISITOS PARA DIALOGAR
En este sentido, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), Marlon Vargas, exigió al Gobierno como condiciones para el diálogo "la remediación absoluta e inmediata del territorio de las nacionalidades indígenas contaminadas hace 50 años".
También pidió una revisión de contratos y convenios con empresas extractivas en la Amazonía norte, y la derogación de los decretos 95 y 151, "porque simplemente están violando a la Constitución".
El abogado de la ONG Amazon Frontlines, Jorge Acero, recordó el derecho fundamental de los pueblos y nacionalidades a ser consultados antes de la toma de "cualquier decisión administrativa que de una manera u otra pueda afectar a sus derechos colectivos".
Más del 85% del petróleo -abundó- se extrae de la Amazonía ecuatoriana y las previsiones indican que aparte de las áreas explotadas se plantea la apertura de nuevas zonas que no habían sufrido la actividad petrolera.
Los denunciantes indicaron que los planes del Gobierno tienen como objetivo franjas remotas en la selva tropical, que alberga algunos de los niveles más altos de biodiversidad del planeta y abarca territorios nacionales Shuar, Achuar, Kichwa, Waorani, Shiwiar,m Andoa, Sapara y Ai Cofan.
