Indignacion y zozobra por el cierre del CEBI

Jorge Almeida buscó la sombra de un árbol en el parterre de la calle Luis Orrantia. A las 10:50 de ayer esperaba a que su hijo, que cursa el último año de bachillerato en la Unidad Educativa Bilingüe Interamericano (CEBI), saliera de su último examen.

Achinaba los ojos por el sol y la indignación. La noche del pasado jueves se enteró de la orden de clausura de esa institución del norte de Guayaquil, donde su otra hija también estudia, en el noveno año de educación básica. La niña, contó apenado, lloró cuando lo supo.

No quitaba la mirada de la entrada de cristal, donde cada cinco minutos entraban y salían padres de familia para saber qué significaba el comunicado del Ministerio de Educación que recibieron en sus correos electrónicos y que resolvió revocar definitivamente la autorización de funcionamiento de la entidad, a partir del periodo lectivo 2019-2020.

Esto, supuestamente, por incumplir una sanción, tras los casos de abuso sexual que fueron denunciados en noviembre de 2017 y que habría cometido Miguel Paredes, exprofesor de música de la entidad. El acusado cumple una condena de cinco años por el delito.

“Yo no estoy de acuerdo con que lo cierren. Hubo un problema, sí, pero por cuatro o cinco personas involucradas no es justo todo esto. La sanción es exagerada”, renegaba Jorge acalorado y cuestionaba por qué se cerraba ese establecimiento y no otros en los que también hubo denuncias similares.

Media hora antes la subsecretaria de Educación, Érika Láinez, explicaba los motivos. Dijo que la institución fue notificada con una nueva sanción, al no haber cumplido inmediatamente con la primera que se le impuso en marzo pasado, de 49 salarios básicos unificados (18.914 dólares). Este pago tenía que efectuarse en un plazo de 72 horas, lo que no ocurrió, precisó la funcionaria.

“Por eso se inició un segundo proceso sancionatorio, sumado a varias irregularidades que se presentaron en la institución educativa con la interventora”, informó.

Además de la clausura, la unidad educativa fue multada con 50 salarios básicos (19.700 dólares). Láinez anunció que a la par del proceso de cierre, empezará un plan de contingencia para dar apoyo a los padres de familia, con el fin de garantizar la continuidad de los estudios de los alumnos del CEBI.

Esto es lo que más preocupaba a cuatro madres de familia que llegaron, agitadas, al colegio a las 11:30 de ayer. No quisieron identificarse, como decenas de padres que entraban y salían buscando respuestas, porque “es un asunto muy delicado”.

En la mañana, se dedicaron a recorrer otras unidades educativas para buscar cupos para sus hijos. Al igual que a Jorge, también les parece injusto el cierre, porque creen que los más perjudicados son los más de 1.500 estudiantes y 200 empleados que forman la institución.

“Nos toca volver a comprar uniformes, libros, tantas cosas...”, renegaba una de ellas, quien anunció que asistiría a la marcha que realizarían el próximo lunes, como protesta.

EXPRESO intentó dialogar con las autoridades del plantel, pero la recepcionista dijo que no darían entrevistas.

“A nosotros tampoco nos definieron nada. Estamos a la espera a ver qué sucede”, se lamentó Oswaldo Benítez, otro padre de familia que se retiró cabizbajo.