El indulto de una mujer deja ver las falencias de la Justicia
María Sanipatín fue condenada en 2012 por peculado por un acto de 2001 e ingresó en prisión 20 años después. El monto del perjuicio fue de $ 702,29
Un indulto del presidente Lenín Moreno le permite a María Sanipatín, de 72 años, volver a su casa. Ella fue internada en la Clínica de la Universidad Espíritu Santo tras dejar el Centro de Rehabilitación Social de Mujeres de Guayaquil al que llegó el martes 28 de julio. El día anterior la policía ejecutó una orden de detención vigente y ella se mantuvo en su casa con custodia policial. Fue internada en el pabellón de atención prioritaria.
La detención se produjo el lunes cuando regresaba de comprar pañales y encontró un operativo de revisión de documentos. Con su número de cédula la policía comprobó que tenía una orden de captura vigente por una condena por peculado.
Según el sistema Satje de la Función Judicial, la denuncia fue presentada por Ricardo Vargas, entonces director del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante. Él conoció que la entidad fue perjudicada por cuatro cajeros desde mayo a octubre de 2001.
De manera sistemática se habían sustraído el dinero producto de la recaudación por servicios médicos, de laboratorio clínico, rayos X, insumos médicos, medicamentos, entre otros.
El monto del posible perjuicio era de 702,29 dólares. Fueron acusados, enjuiciados y sentenciados dos sospechosos: Sanipatín y Luis García. Aunque el llamado a juicio se dio en 2006, la sentencia solo vino en 2012. Fue ejecutoriada por el Ministerio de la Ley. García fue indultado por el expresidente Rafael Correa en septiembre de 2016.
La orden de detener a Sanipatín, que para ese entonces era considerada prófuga, se mantuvo vigente hasta que se ejecutó el 27 de julio en Guayaquil. Así, el proceso se mantuvo activo en el sistema judicial por casi 14 años.
Para casos como el de María Sanipatín, más es lo que invierte el Estado en el proceso que lo que pudo haber recuperado. Entre 10.000 y 20.000 dólares podría costar un juicio según estimaciones de un exjuez, un exfiscal y un abogado litigante.
Luis Fernández, exjuez de Pichincha y exmiembro de un Tribunal Penal, estima que a ese monto se llega tomando en consideración los sueldos de policías, fiscales, el juez de primera instancia, miembros del tribunal, jueces de Corte, secretarios, amanuenses, asistentes, la intervención de la Contraloría y otras instancias, más el tiempo empleado en el caso.
Dice que invertir de 10.000 a 15.000 dólares por esos juicios de ‘bagatela’ es un despropósito. Recuerda que hay juicios grandes que llegan a prescribir. “No hay una lógica ni un planteamiento claros de Fiscalía y de los jueces”, reitera. Además menciona que mientras a Sanipatín por $ 702 fue condenada a ocho años, hay casos con perjuicios de millones de dólares que reciben penas bajas. Opina que se debe replantear la justicia.
Para evitar este tipo de casos deberían existir “directrices que tiene que emitir la Fiscalía o el Consejo de la Judicatura para que los jueces y fiscales actúen con lógica”, dice el exjuez.
Pablo Encalada fue fiscal de Pichincha. Indica que no hace falta una reforma legal. Lo que se necesita es inteligencia. Recuerda que la Constitución dice que la Fiscalía debe actuar en función del principio de oportunidad. Esto significa que debe analizar y decidir en qué gasta sus recursos económicos y humanos. “Nunca van a tener los recursos suficientes para perseguir todos los delitos”, añade.
Coincide en que un caso como el de Sanipatín como mínimo le puede representar al Estado unos 15.000 dólares y hasta más, porque intervienen fiscal, secretario, asistente, policías, peritos, juez de garantías, secretario, notificador, tres jueces de Tribunal, secretario de Tribunal, entre otros actores.
El abogado Paúl Ocaña considera que deben existir cambios porque es insólito tener este tipo de casos. Él calcula que un proceso como ese representaría, al menos, unos 10.000 dólares.
La semana anterior la familia de la mujer defendió su inocencia y reiteró que le ganó un juicio de indemnización al hospital que la denunció por peculado, donde trabajó como cajera durante 15 años. La indultada está aquejada de varias dolencias.
Dolencias. María Sanipatín padece de diabetes desde hace 37 años, retinopatía desde hace 10, insuficiencia renal e hipertensión.
