Los infiltrados quedan sueltos

Vargas declara la guerra

Noche de terror en Puyo: saqueos, secuestros, desapariciones, fuego y sangre. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, tiene claro quién es el responsable: “el dirigente local Marlon Vargas -dice-, que enardeció con su posición absolutamente radical a estas comunidades”. De eso no hay duda: Vargas es un talibán vocacional con ínfulas napoleónicas que gusta de rodearse de guardias pretorianas y hablar de sí mismo en tercera persona. “Vargas es pueblo. Aquí nadie nos va a amedrentar ni con cárceles”, responde en un video. En medio de una intimidante escuadra de guerreros erizada de lanzas de chonta, confirma las certezas del ministro y le declara la guerra: “Si hay que morir, hay que morir luchando”. A su lado, monta guardia su fiel Lavrenti Pávlovich Beria con tawasap de plumas: Severino Sharupi. Ambos estaban siendo investigados (en uno de esos casos en los que la Fiscalía no movió jamás un dedo) por conformar una fuerza de guardias armados que ellos llaman comunitaria pero podría clasificarse también como paramilitar sin ningún problema. Y adivinen qué. Exacto: la amnistía les cayó del cielo.

Después de las declaraciones del ministro, se supone que a Vargas lo busca la Policía. Pero esa misma tarde, helo ahí: en la capital de la República, parado junto a Leonidas Iza en la rueda de prensa de las organizaciones. Hasta le pasaron el micrófono y todo. Dijo: “Hay personas infiltradas del Ejército y de la Policía Nacional para hacer quedar mal la lucha histórica”. A su lado, impertérrito, Severino Sharupi.

Mario Ruiz vuela alto

La suerte del ministro Patricio Carrillo está ya escrita: cuando este paro nacional haya terminado, será llamado a juicio político por la Asamblea Nacional, acusado de crímenes de lesa humanidad y asesinato o poco menos. Ahí será humillado, vilipendiado, arrastrado y descuartizado por una cuerda de conspiradores llenos de frustración por no haber podido tumbar al presidente. Carrillo será su chivo expiatorio y su premio consuelo. Su proceso de destitución ha empezado ya a cocinarse en la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, cuyo promedio de analfabetismo funcional es superior al del Pleno, donde sólo llega a la mitad.

El asambleísta de Pachakutik y amigo de mineros ilegales Mario Ruiz, el hombre que confunde Ucrania con Hungría y escribe Hungría sin H, encontró una causal: no haber obedecido la resolución de la Asamblea en la que se exige a la fuerza pública retirarse inmediatamente de la Casa de la Cultura. “¿Por qué no se cumplen las órdenes de autoridad legítima?”, pregunta. Y argumenta: “El primer poder del Estado es la Asamblea Nacional”. Rafael Correa creía que, por ser jefe de Estado, era jefe de todos los poderes del Estado. Mario Ruiz está convencido de que, como él es integrante de la Asamblea, primer poder del Estado, son sus subordinados el ministro del Interior, el gabinete en pleno y, si le apuran, el presidente de la República, por qué no. Sargento Ruiz, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

De vuelta a El Arbolito

Entre la frase “Este pueblo jamas se ha cerrado a los procesos de diálogo” y la frase “Venimos por los diez puntos y regresaremos con los diez puntos” (pronunciadas ambas, una tras otra, por el presidente de la Conaie, Leonidas Iza) media un universo de contradicciones. ¿Para qué habría de dialogar aquel que no acepta menos que todo lo que quiere? Mantener un cruce de cartas con Carondelet, añadir nuevos puntos al pliego de peticiones, interponer condiciones para sentarse a la mesa de diálogo… Todo ello parece ser nomás una estrategia para ganar tiempo.

Ya está, el gobierno les cedió el parque de El Arbolito. Dizque para que tengan su asamblea, así había dicho Iza: que sin El Arbolito no tienen dónde reunirse para tomar decisiones. Y lo dijo, vaya descaro, desde el coliseo de la Universidad Central, que estaban ocupando. Lindo lugar para una asamblea, ¿no? Mejor que un parque, de hecho. Pero el parque ya lo tienen. A cambio, dijo el ministro de Gobierno Francisco Jiménez, se pide a los manifestantes cesar toda forma de violencia y vandalismo y permitir el libre tránsito de bienes y personas. Esa sí que es una condición muy fácil de cumplir para Leonidas Iza. Al fin y al cabo, la violencia, el vandalismo, los bloqueos, no tienen nada que ver con él ni con el movimiento indígena. Eso es obra de los infiltrados, lo viene diciendo desde el primer día. Y a los infiltrados, también lo ha dicho, los debe controlar la Policía, no él.