Un informe de ciencia ficción

“Crímenes de lesa humanidad”, “ejecuciones extrajudiciales”, “terrorismo de Estado”… Palabras mayores que el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, banaliza y manipula. Se vale del informe de una comisión “de la verdad y la justicia” a la que encargó investigar los hechos ocurridos entre el 3 y el 16 de octubre de 2019, cuando una protesta contra políticas impopulares derivó en tentativa de golpe de Estado. Carrión se situó del lado de los golpistas sin sombra de disimulo. No es extraño que hoy los justifique, especialmente en una coyuntura de campaña electoral que podría reportarle numerosos beneficios. Laborales, cuando menos.

Fue el episodio más violento en cuarenta años de democracia. En un país acostumbrado a deponer presidentes con movilizaciones populares, la sociedad civil se convirtió por primera vez en el centro del ataque. No de la Policía o el Ejército, que afrontaron la crisis sin armas de fuego, sino de los golpistas, que sitiaron la capital de la República. La comisión, integrada por Sybel Martínez, Juan Carlos Solines y Xavier Zavala Egas, con el pretexto de que a la Defensoría del Pueblo no le compete juzgar la violencia de los manifestantes, omite los hechos fundamentales y termina trazando una caricatura de la historia, donde al presidente Lenín Moreno, a sus ministros María Paula Romo y Oswaldo Jarrín y a los mandos de la Policía y el Ejército se les atribuye el papel de asesinos fascistas. Criminales de lesa humanidad, ni más ni menos. Freddy Carrión lleva el caso a Fiscalía y el correísmo para el que trabaja salta de contento.

Cierto es que el trabajo de la Defensoría consiste en vigilar al Estado, garante de los derechos, para evitar que los vulnere. Y que la violencia de los manifestantes es un problema penal, no de derechos humanos. Pero ninguna acusación de “uso desproporcionado de la fuerza” se puede tomar en serio si no considera la dimensión de la amenaza. Es el tamaño y la naturaleza de la amenaza lo que determina la proporción de la fuerza. La comisión comete el absurdo de no decir una palabra sobre la amenaza y calificar de “desproporcionado” el uso de la fuerza. ¿Desproporcionado en relación a qué?

¿Es necesario, a estas alturas, recordar los desafueros de octubre? ¿Aún? El decreto del presidente de la Conaie para secuestrar a policías y militares, orden que se cumplió a rajatabla y se aderezó con tratos crueles y degradantes… El ataque sistemático a la infraestructura estratégica: los pozos petroleros, asaltados; las antenas de telecomunicaciones en la Sierra central, boicoteadas; el servicio de agua en la ciudad de Ambato, suspendido; el de Quito, amenazado… El uso generalizado de armas caseras fabricadas en serie, que delata financiamiento, preparación, entrenamiento… El ataque a un cuartel militar, la destrucción de estaciones policiales, la invasión masiva de la Asamblea Nacional, la quema del edificio de la Contraloría… La estrategia del terror aplicada contra la población civil, los saqueos de empresas y negocios, el asalto y destrucción de ambulancias en servicio y locales de la Cruz Roja, la intimidación violenta a cargo de piquetes de salteadores que apedreaban tiendas, apaleaban personas, destruían vehículos y se convirtieron en amos absolutos de la capital el sábado 12 de octubre, mientras el agitador correísta Virgilio Hernández, en sus redes, en sus medios, pedía más.

Resulta inaudito, y es una prueba irritante de la deshonestidad obscena, impúdica de Freddy Carrión Intriago, escucharlo acusar a los medios de comunicación de haberlo inventado todo para justificar una represión policial que según él no tuvo precedentes. Lo dijo el jueves pasado, en una reunión de parlamentarios correístas: “Jamás podríamos aceptar que bajo sesgos comunicacionales se pretenda imponer una verdad de que la protesta fue violenta”. Fue pacífica, según él. La culpa es de los medios.

Sí, los enfrentamientos dejaron decenas de heridos y seis muertos (no once, como se inventó él hace año y medio) cuyos casos deben ser investigados. Pero si el Estado detenta el monopolio de la fuerza legítima, es para usarlo. A cinco personas mató a tiros la guardia nacional estadounidense durante la toma masiva del Capitolio y nadie en el mundo se escandalizó, peor aún cacareó crimen-de-lesa-humanidad. Porque cuando uno se toma la Asamblea Nacional o quema la Contraloría debería saber que puede salir averiado.

“La Defensoría del Pueblo estará con ustedes”, había dicho Carrión a los dirigentes indígenas Jaime Vargas y Leonidas Iza en el Ágora de la Casa de la Cultura, cuando ante sus ojos tenían a diez policías y 27 periodistas secuestrados. Y él, en la cresta de la ola de su furor revolucionario, tomó la palabra: “Compañero Jaime, compañero Leonidas -dijo-, gracias a ese compromiso estamos aquí y ofrecemos a ustedes seguir acompañando esta lucha”. Y en eso está: acompañando esa lucha contra la democracia.