El informe sobre los Pandora Papers va a votación de la Asamblea después de 27 días
La presidenta de la Función Legislativa, Guadalupe Llori, mete en agenda la convocatoria para conocer el documento en el que la mayoría correísta y de Pachacutik piden destituir a Guillermo Lasso
Hubo mucha prisa en la elaboración del informe sobre los Pandora Papers aprobado el pasado 5 de noviembre por la mayoría correísta y de Pachacutik, en la comisión de Garantías Constitucionales. Sin embargo, la misma urgencia no se dio en su agendamiento para el conocimiento y aprobación en el pleno de la Asamblea que solo 25 días después de la aprobación ha sido colocado en agenda.
La presidenta del organismo, Guadalupe Llori convocó a los legisladores a una sesión que se instalará este jueves 2 de diciembre, a las 08:00, para conocer y resolver el informe del caso Pandora Papers en el que se pedía la destitución del presidente Guillermo Lasso.
El pasado 5 de noviembre, la Comisión de Garantías Constitucionales, presidida por Fernando Cabascango de PK, con 6 votos a favor, dos en contra y una abstención, aprobó el informe no vinculante de la investigación del caso. La tarea le fue encargada por el pleno del Legislativo.
La recomendación de la comisión fue que el informe sea enviado a la Fiscalía, Contraloría, SRI y Superintendencia de Bancos. El objetivo fue que, al margen de las responsabilidades políticas que determine el pleno de la Asamblea, actúen en el marco de sus competencias.
Pero hubo ocho sugerencias en el documento. Por ejemplo, se recomendó que el pleno verifique que el presidente Guillermo Lasso habría inobservado el Pacto Ético aprobado en la consulta popular de 2017. Para la mayoría correísta y de Pachacutik, eso configuraría el incumplimiento de la Constitución, "por conmoción interna y afectación al mandato popular sobre paraísos fiscales que facilitan estructuras que afectan los intereses económicos y tributarios del Estado".
Recomendó la comparecencia del presidente en el pleno del Legislativo en el plazo de ocho días para entregue la información del caso desvelado por el Consorcio Internacional de Periodistas que impulsó el análisis de alrededor de 12 millones de documentos que les fueron filtrados. El trabajo les tomó al menos dos años.
Adicionalmente el informe dice que de acuerdo con el artículo 131 de la Constitución se proceda al enjuiciamiento político de las autoridades que no acudieron o no facilitaron información requerida por la comisión dentro del proceso de investigación.
El informe no estuvo exento de cuestionamiento de sus propios miembros. Los asambleístas de Pachakutik, Edgar Quezada y Sofía Sánchez, afirmaron en declaraciones públicas que el informe no fue elaborado en la comisión. Según ellos, el documento solo llegó a la mesa legislativa para recoger las firmas de sus integrantes. Situación que fue motivo de un pedido de acto urgente a la Fiscalía por presunta falsedad ideológica. Ese organismo abrió una investigación previa y requirió información a la comisión.
Por el caso también hubo un informe presentado por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio en el que afirmó que el presidente Lasso no es beneficiario directo ni indirecto, social o director de ninguna empresa ubicada en paraísos fiscales.
Según él, los Pandora Papers nombran, además de Lasso, a empresarios y exfuncionarios vinculados con el negocio petrolero.
