Un informe de risa para tumbar al presidente

Ofensiva final del correísmo para tumbar al presidente de la República. La más anodina de las comisiones parlamentarias, la de Garantías Constitucionales, lo acusa de violar el Pacto Ético que prohíbe a todo funcionario tener bienes o capitales en paraísos fiscales. ¿En qué se basan para decir esto? ¿Rastrearon sus inversiones? ¿Auditaron su conducta tributaria? ¿Desenmascararon a sus testaferros? ¿Descubrieron las actas secretas de un grupo de accionistas anónimos? Nada de eso. Nomás aplicaron (y así lo declaran en su informe de 241 páginas que se aprobó el viernes sin mediar debate), “una metodología de investigación jurídica basada en los aspectos sociológicos, históricos, documentales y analíticos”, entendiéndose por “aspectos documentales” las publicaciones de prensa y las propias declaraciones juramentadas de Guillermo Lasso; y analíticos, los estudios sobre el impacto de los paraísos fiscales en la región y el mundo. Ni un solo documento nuevo ni un dato que no fuera público reveló la supuesta investigación de la Comisión Pandora.

¿Por qué el presidente violó el Pacto Ético de 2017? Porque las empresas Banisi Holding y Banisi, cuyas acciones asegura él haber traspasado a terceros antes de inscribir su candidatura, continúan siendo parte de la estructura financiera del Banco de Guayaquil y por tanto, dice la Comisión, todavía le pertenecen. A lo largo de decenas de páginas, el informe vuelve de manera recurrente y repetitiva sobre el caso de Banisi, su relación con la Corporación Multi BG, sus ganancias obtenidas en 2011, sus operaciones financieras entre 2014 y 2018, sus traspasos de acciones, el diseño de su publicidad y de su página Web, que sospechosamente se parece tanto a la del Banco de Guayaquil... Pero, ¿cómo prueban que Banisi es de Lasso? No lo hacen. Más aún: “No se puede -admiten- determinar la participación directiva directa de Guillermo Lasso” en esa empresa. Esta confesión se desliza inadvertidamente en la página 69 y se olvida por completo en el resto del informe. En cuanto a la participación directiva indirecta, tampoco se demuestra: “es de suponer”, es lo máximo que afirman al respecto. Y ahí concluye el informe en lo que tiene que ver con el tema que el Pleno de la Asamblea mandó a la Comisión a investigar.

Lo demás es sociología, historia, teoría jurídica, delirio puro y duro hasta completar 241 exasperantes páginas. Elucubraciones sobre lo que significa ser un Estado de derechos y justicia; digresiones sobre la diferencia entre derechos y garantías, según Luigi Ferrajoli; largas disquisiciones sobre el principio de seguridad jurídica, el debido proceso, la naturaleza del juicio político...

El análisis del daño que causan los paraísos fiscales a las economías de la región ocupa un largo espacio y está confiado a los especialistas que comparecieron en varias jornadas dedicadas por completo a la retórica (se recordará que, en esos días, los especialistas que piensan diferente fueron impedidos de hablar, ya sea porque el correísmo los dejó sin cuórum, ya porque el bien mandado presidente Fernando Cabascango, simplemente, no les concedió la palabra).

También ocupa varias páginas la transcripción de una parte del proceso que Lasso ganó en el Tribunal Contencioso Electoral cuando su candidatura fue impugnada precisamente con el argumento de que tenía bienes en paraísos fiscales. El catastro de grupos económicos del SRI y la declaración juramentada de bienes de Guillermo Lasso ante la Contraloría son reproducidos en calidad de “pruebas sustantivas”. Otra prueba que se transcribe en extenso es el contenido de las investigaciones del Consorcio de Periodistas Internacionales (ICIJ) sobre los Pandora Papers, lo cual sobrepasa la frontera del ridículo, pues las investigaciones del ICIJ, se supone, eran el punto de partida de lo que debió ser la investigación de esta comisión, y ellos la ponen entre las conclusiones.

Hay un rosario de actas de las juntas de accionistas del Banco de Guayaquil desde el año 2013, del cual no se obtiene conclusión visible alguna. Hay un sin fin de cuadros sobre el total de activos de los principales bancos del país; sobre el crecimiento de la cartera de créditos; sobre la ubicación geográfica de los clientes; sobre el porcentaje de intermediación financiera y otros más que tampoco vienen a cuento. Hay una larga y absurda bravata sobre los desproporcionados porcentajes de pago de impuestos que se registran entre la persona natural Guillermo Lasso, que paga el 34,48 por ciento de sus ingresos, y el Banco de Guayaquil, que rinde el 3,01 por ciento de los suyos. Lo cual es perfectamente normal, pero los comisionados interpretan como una estrategia de evasión fiscal, donde se demuestra la absoluta ignorancia en cuestiones financieras de quienes están a cargo de esta investigación sobre temas financieros.

Posibilidades disfrazadas de certezas, verbos conjugados en condicional (sería, habría, estaría...) y suspicacia, toneladas de suspicacia: retórica ideológica en contra de los ricos; sentimientos de rabia soterrada ante la buena salud del sistema financiero, al que se preferiría ver sufriendo un poco; resentimiento, toneladas de resentimiento. Todo ello expresado en el típico metalenguaje pedante, pretencioso y hermético del intelectual orgánico: “En términos epistemológicos se supone una comprensión de economía política del comportamiento y de las formas que asumen la relación de grupos con dominancia de mercado y con capacidad de financiarización dentro de la economía”. En fin: nada.

Solo hay una cosa escrita con claridad en este informe y esa cosa son las palabras mágicas: “conmoción social”. Causal suficiente para deponer al jefe de Estado sin juicio político previo, que de eso se trata todo esto. El cómo se llega a ese escenario de conmoción social es un ejemplo de retorcimiento intelectual que podría ser extremadamente cómico si no fuera tan perverso: como el presidente violó la ley, explica el informe, “no tendría margen de maniobra para llevar adelante el Plan Nacional de Desarrollo”. En consecuencia, “su credibilidad social se desplomaría”, lo cual “genera en la sociedad un ambiente de frustración, conflicto social, y vergüenza colectiva” que alteraría “de forma radical las coordenadas éticas y deontológicas del sistema político”. Eso “posibilita la anomia de las instituciones”, con el consiguiente escenario de “conmoción social”. El proceso recuerda a esos mecanismos en los cuales una pelolita golpea y mueve una palanca que pone en marcha una rueda dentada que activa una polea que libera un resorte que mete la pelotita en una canasta. Bingo. El caso es que la Asamblea, muy a su pesar, tendrá que echar al presidente.

Para empezar, es necesario llamarlo ante el Pleno de la Asamblea para que rinda cuentas. Cierto que no existe ley ni disposición constitucional que contemple esa posibilidad, pero no importa. El hecho es que la Comisión ya lo declaró culpable pero, como no tiene pruebas en su contra, quiere obtenerlas haciéndolo comparecer, y así lo recomienda al final del documento. Luego de esa comparecencia, se ofrece para redactar un nuevo informe, esta vez sí con todas las de ley. Hay que ser profundamente retorcido.

Metodología

Tenían que investigar el comportamiento tributario del presidente y, en lugar de hacer auditoría financiera, hicieron sociología, historia, epistemología... Y de la mala.

La gaceta, al tarro

La gaceta oficial panameña, donde se registra el traspaso de acciones de Banisi, con fecha 19 de octubre, era la prueba maestra de los correístas: demuestra, decían, que la inscripción de la candidatura de Guillermo Lasso, el 23 de septiembre, fue ilegal. Esta semana, el superintendente de Bancos de Panamá certificó que la transferencia tuvo plenos efectos jurídicos desde el 17 de septiembre.

Sin pruebas

La Comisión ya declaró culpable a Lasso, pero no tiene pruebas en su contra. Para conseguirlas, quiere que se lo llame al Pleno y, con lo que diga, elaborar otro informe.