Inicia el juicio contra el exgerente de Agua de Quito por posible peculado en compras en la pandemia
Según las estimaciones del tribunal de juzgamiento, la audiencia concluiría el próximo 25 de febrero
Otro de los casos de posible corrupción en compras de implementos para el Municipio de Quito, durante la pandemia de COVID-19, llega a juicio. Se trata del caso de posible peculado que investigó la Fiscalía en contra del exgerente de la Empresa Agua de Quito, Guido Andrade y otras personas más.
La diligencia se instaló en el auditorio del Complejo Judicial Norte de Quito pasadas las 08:30 de este miércoles 9 de febrero de 2022. Según las investigaciones de la Fiscalía, en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Quito (Epmaps), en 2020 se habría registrado la compra de insumos de bioseguridad en el contexto de la emergencia sanitaria.
El pasado 30 de septiembre de 2021 la jueza Ana Guerrón llamó a juicio a Andrade, exgerente de la Epmaps, a Sandra Ortega representante de la empresa Silverti, a Astrid Aguirre y Mateo Alarcón.
Las investigaciones del caso iniciaron en mayo del 2020 tras un informe de Contraloría que determinaba presuntos indicios de responsabilidad penal por un presunto delito de peculado en la adquisición de implementos de bioseguridad por esa empresa municipal.
Se habría evidenciado que existieron irregularidades en el proceso de contratación entre la empresa Silverti y la empresa municipal, expresó la Fiscalía en cun comunicado. El tribunal está integrado por los jueces: Maria Suárez, ponente, Mabel Tapia y Marcelo Narváez que han previsto concluir el juicio el próximo 25 de octubre. Sólo de parte de la Fiscalía se ha anunciado la presentación de alrededor de 234 testigos y peritos.
Este es el segundo caso de posibles anomalías en compras municipales en el contexto de la pandemia. En octubre del año anterior se suspendió el juzgamiento del exalcalde de Quito Jorge Yunda y13 personas más tras la recusación que hizo la defensa de Yunda del juez Fabián Fabara, integrante del tribunal. Yunda y otros fueron investigados por irregularidades en la compra de 100.000 pruebas para detectar COVID.
La recusación fue aceptada por los otros dos miembros del tribunal en diciembre y casi dos meses después no existe fecha de reinstalación del juicio y tampoco se ha dado a conocer las condiciones en las que se retomará la audiencia o el nombre del nuevo juez del caso.
