Camilo Ponce Enríquez: Las iniciativas fiscalizadoras, a cuentagotas

La zona minera en el cantón azuayo se ha extendido sin ningún tipo de control, así lo evidenció Diario EXPRESO en una serie de publicaciones en las que da cuenta que la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr) está desarticulada al no contar con ningún tipo de personal activo en la zona 6 desde el 31 de julio. En este marco, se consultó a los asambleístas por el Azuay sobre las acciones que emprenderán o que ya hayan tomado con respecto a la fiscalización de lo que viene pasando. 

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Es así que Adrián Castro, pese a que su equipo de comunicación explicó que ha recibido varias amenazas por los procesos de fiscalización que ha iniciado, decidió dar a conocer brevemente las acciones que ha emprendido con la solicitud de información a varias autoridades. 

“No solo que estoy fiscalizando la minería ilegal y los nombres de jueces y fiscales que están entorpeciendo las tareas de la policía y las Fuerzas Armadas, sino que además hechos sospechosos como el bingo millonario que se organizó en ese cantón en marzo y donde se sorteó hasta dinero en efectivo”.

Para Castro es indispensable que las “autoridades del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica presenten denuncias penales que generen precedentes” ante la destrucción ambiental provocada por la extensión sin control de la actividad minera. El legislador puntualizó que, en el marco del estado de excepción, las Fuerzas Armadas han desmantelado decenas de campamentos ilegales y suspendido actividades. 

Comparecencia de autoridades

Cuando fue consultado por una posible acción de comparecencia de funcionarios públicos que pudieron haber cometido algún tipo de omisión en el control del cantón, Castro recalcó que no se descarta esa posibilidad señalando que el artículo 233 de la Constitución no exime de responsabilidades a los funcionarios públicos por sus acciones u omisiones en la ejecución de su labor. 

“El problema de Ponce Enríquez es que el territorio por más de dos décadas ha sido invadido por grupos delictivos”, sostuvo. Así adelantó que para septiembre de este año presentará su informe sobre los procesos de fiscalización que ha emprendido en Ponce Enríquez.

Leonardo Berrezueta, legislador de la bancada del correísmo, explicó que como parte de su fiscalización a lo que sucede en el cantón azuayo está el proceso de juicio político que impulsa en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia. 

Un problema nacional que influyó en situación de Camilo Ponce Enríquez

“El tema de Ponce Enríquez parte de un problema nacional sobre la falta de acción del Gobierno en la implementación del famoso Plan Fénix, que no existe”, sostuvo. Además, señaló que la inseguridad en la zona es un resultado del desmantelamiento del Estado que se inició en 2017 y esto dejó la vía libre para que las organizaciones delictivas se tomen todas las instituciones. El legislador no descarta pedir, en conjunto con todos los asambleístas de la provincia, “explicaciones a los entes reguladores y a sus funcionarios sobre la falta de control y la inacción que han tenido en Ponce Enríquez”.

Para el analista político Fernando Vega la situación por la que está pasando el cantón azuayo radica en la crisis múltiple que vive el Estado y que se desea solventar a través de la minería legal. “Esto es falso, la minería no deja los réditos económicos que se dice y atenta contra los derechos ciudadanos”, sostuvo. 

Además, puntualiza que al problema se suma el hecho de que “el Estado no controla nada y se encuentra dominado por las bandas criminales y controlan las minas legales e ilegales”. Adelantó que hay muy pocas personas que puedan hablar con pleno conocimiento de lo que está pasando en Ponce Enríquez. “Es ilógico pensar que en una reunión con funcionarios de la Gobernación del Azuay para hablar del tema se nos pida a los ciudadanos documentos, cuando ellos deberían tener toda la información”. Vega concluyó que la falta de control que existe “es parte de un Estado fracasado, que además lo hace a propósito para que crezca la ilegalidad y la corrupción”.Las iniciativas fiscalizadoras en Ponce Enríquez, a cuentagotas  

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