Un inicio de año agresivo que achica la previsión de seguridad

Los resultados no se divisan. Las muertes violentas en la Zona 8, Guayaquil, Durán y Samborondón, durante las primeras dos semanas del nuevo año, dibujan que la crisis de seguridad que las autoridades han prometido atender y paliar con cooperación internacional y otras acciones, sigue siendo su terreno. Ejemplo de ello, los 54 asesinatos que ha reportado la Policía Nacional durante los primeros 13 días de 2023. De los que 52 tuvieron lugar en Guayaquil y dos en el cantón Durán.

Una cifra que supera a las 35 muertes violentas que se reportaron durante el mismo período y localidad en el 2022. “Es preocupante y se ve que esto se salió de control”, dice un dirigente barrial de Guayaquil que, por varios años, ha promovido actividades para garantizar el bienestar y la seguridad de la urbanización donde reside.

El reciente asesinato, al estilo sicariato, de Javier Rosero, presidente del Comité de Los Ceibos, la mañana del 13 de enero de 2023, en el norte de Guayaquil, lleva a dirigentes barriales a guardar silencio, como una herramienta de seguridad. “La familia me ha pedido que ya no diga ni haga nada”, responde a este Diario un miembro de un gremio barrial, al considerar que las ciudades del país “están invadidas por la narcodelincuencia, y no de delincuencia común como se dice. Contra eso nadie puede, solo las Fuerzas Armadas, pero hasta que se les permita salir a las calles y dotarse de armas, habrán muerto los que son y no son delincuentes”.

Rosero, de 52 años, fue asesinado a tiros mientras manejaba su vehículo, en compañía de su esposa. La mujer, tras el ataque, condujo hasta una casa de salud cercana, donde los médicos confirmaron su muerte.

Un amigo de la víctima reveló a este Diario que la agresión se habría registrado por la continua lucha que Rosero mantenía con delincuentes que se estaban apoderando del sector donde él residía con su familia.

Otra muestra de la crisis de seguridad en el país, la reciente balacera dentro de un hospital privado ubicado en el norte de Guayaquil. Acto que fue propiciado por cinco sujetos que ingresaron la madrugada del 11 de enero a la casa médica para asesinar a un hombre que, cuatro días antes, fue atacado a bala en la avenida Miguel H. Alcívar, en el sector de la Kennedy.

Escenario que se traduce, para la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador, en un escenario nada alentador. “Empezamos el año sin buenas noticias, pero sí con nuevas tragedias. La situación de seguridad sigue siendo alarmante porque, siendo instituciones prestadoras de salud y con la escénica de salvar vidas, hemos sido irrumpidos por la violencia. Hasta en tiempos de guerra un hospital se convierte en un lugar que nunca debe ser atacado; como si fuera un código de ética. Pero aquí eso se perdió y se necesita que el Estado actué”.

Este Diario consultó a Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública y del Estado, sobre los resultados de las acciones que se realizan desde Gobierno en materia de seguridad para resolver la ola de violencia que golpea al país. Refirió que “es un problema muy complejo”, y explicó que las cifras de muertes violentas tienen una causa que analizan y cotejan con otras. “Si se sobrepone la curva de crecimiento de la incautación (de droga) sobre la curva de evolución y crecimiento de las muertes violentas, hay una asociación, hay una causalidad”.

Por eso, señaló Ordóñez, es esta estadística la que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar los resultados que arrojan las acciones que ejecuta el Gobierno contra el crimen organizado.