El inmenso poder de un extrano

Es más que un nombre. Detrás de Ricardo Rivera, el tío del vicepresidente Jorge Glas, contra el que la Fiscalía pidió arresto domiciliario tras acusarlo de haber recibido 13 millones de dólares de Odebrecht, se esconden una serie de incógnitas que ni el Ministerio Público ni el segundo mandatario se han dispuesto aún a resolver.

La oposición no piensa pasarlo por alto. Y, de hecho, convertirá a ‘El tío’ en una doble arma: como cerco durante la primera comparecencia de Glas ante la Comisión de Fiscalización dominada por PAIS y como base política para el llamado a juicio político que hoy, previsiblemente, superará largamente las 46 firmas para ser solicitado.

¿Por qué? Porque Rivera es, en la trama de Odebrecht, un eslabón perdido.

Después de todo se trata de un hombre cuya única conexión con el mundo político es su vínculo familiar con el segundo mayor despacho de Carondelet. Un empresario, sí. Pero dedicado al mundo de las telecomunicaciones, con una fugaz participación, hacia más de un lustro, en el sector público.

Sin embargo, Rivera, de 76 años, es también un millonario patrocinado por los sobornos de Odebrecht. Según la Fiscalía recibió el uno por ciento de los más de 1.300 millones que la compañía corrupta brasileña se adjudicó en obras durante la década de la revolución ciudadana, esto es: 13 millones. De estos, cinco llegaron a sus cuentas a través de transferencias, un hecho relevante si se tiene en cuenta que -durante la campaña- el propio vicepresidente solicitó a la Unidad Activos Financieros de Ecuador, requerir información bancaria sobre él y su tío en “más de 100 países” y ventiló ante las cámaras el resultado: “no se ha encontrado nada”, dijo entonces.

Ahora sí. Se encontraron cinco millones. Los otros ocho, según el relato fiscal, los recibió en efectivo, en la célebre suite 156 de la Torre B del Swissotel de Quito, que Odebrecht rentó para el pago de sobornos y en el que, según la prensa brasileña, se filmaban las transacciones irrefutadas.

Su participación, está claro según el fiscal, se logró gracias a que “valiéndose de su parentesco con un funcionario de Estado habría ayudado a que se obtengan no uno, sino varios contratos a la compañía”. De hecho, el parte remitido a la Policía para su detención justifica su participación: “en casi todos los contratos, principales y complementarios” de la compañía en el país.

¿Cómo lo hizo? ¿Qué capacidad tenía para adjudicar contratos en las áreas estratégicas sin ser siquiera funcionario público? ¿Qué destino final tenían los ocho millones de dólares en efectivo? ¿Cuántos parentescos además del vicepresidente tiene Rivera en el poder? y ¿Cómo aseguró que, una y otra vez, en contratos principales y secundarios, su oferta a la compañía fuese cumplida?

Ninguna de estas preguntas ha sido contestada (ni siquiera el parentesco de Rivera con “un funcionario de Estado”) por el fiscal Carlos Baca Mancheno, quien fue consultado insistentemente durante su comparecencia ante la Asamblea.

La falta de respuestas solo genera más preguntas. Por eso la oposición, en su conjunto, no desvía la mirada. En FE, Dalo Bucaram urge a Glas a responder “si se tomaron su nombre. Y si lo hicieron cómo cumplieron con lo ofrecido a cambio de soborno. Al final, el tiempo me dio la razón, Glas protegió a un corrupto”; el legislador de CREO-SUMA, Roberto Gómez, lo considera un sustento “vital” para abrir el juicio político; la bancada socialcristiana lo califica como “una incógnita a ser resuelta con urgencia” y para la bancada de minoría es “el camino más rápido hacia la responsabilidad de Jorge Glas”, según el asambleísta Eliseo Azuero.

Se espera que Glas comparezca y responda estas preguntas mañana, a las 10:00.

En Ecuador, Odebrecht facturó $ 553 millones por sobreprecio

Odebrecht no solo pagaba sobornos. También inflaba los costos de sus construcciones.

El proyecto periodístico Investiga Lavajato, que convocó a medios de once países, para analizar el caso de sobornos, concluyó que la empresa brasileña cobró casi 6 mil millones de dólares adicionales a los montos de adjudicación inicial en cada contrato. Y que el 40 % de sus obras se encuentra bajo investigación en los ministerios públicos y las contralorías de cada país.

En el caso ecuatoriano, que ocupa el sexto lugar en el ranking de países donde Odebrecht cobró más sobreprecios, la cifra asciende a 553 millones de dólares, según se desprende de la comparación de los contratos iniciales y los finales.

“En Ecuador, el Gobierno anterior de Rafael Correa calificó de ‘emblemática’ la construcción de la hidroeléctrica de Manduriacu, porque fue la primera obra de infraestructura de generación de energía eléctrica iniciada, contratada e inaugurada por su administración. El proyecto tenía un valor inicial de 125 millones de dólares pero acabó costando 227 millones de dólares. Una comisión anticorrupción independiente de la sociedad civil llegó a denunciar irregularidades en las obras, pero el Ministerio Público del país archivó el caso”, cita el reportaje en referencia a la central.