Inseguridad: la Asamblea esquiva su responsabilidad a punta de tiktoks
Las publicaciones en la red social Instagram de la Asamblea muestran, con algunos comentarios, la poca aceptación que tiene entre los usuarios.
Un mensaje irresponsable que no aclara, oscurece. La comunicación de la Asamblea Nacional en redes sociales se reduce a informar sobre las leyes que han creado, lo que hará el “presi Saquicela” y recalcar que el único responsable de la seguridad del país es el Gobierno Nacional: “Las leyes están aquí, ¿el Gobierno cuándo va a ejecutarlas?”, pregunta en un vídeo publicado en la cuenta oficial del Legislativo en TikTok, un joven que golpea unas hojas de papel contra una de las mesas ubicadas en la Asamblea.
Él, con actitud airosa, acompaña el cuestionamiento con una foto de Carondelet y unas manos que avientan dichos papeles al aire y se mueve al ritmo de la viral canción de cumbia mexicana norteña llamada ‘Una mushasha shula’.
Estos videos agravan la poca credibilidad que se tiene en los cinco poderes del Estado. La deteriora más.
Estos videos, que en otros casos, luego de explicar las leyes creadas por la Asamblea, acompañan la imagen de Carondelet con el ‘cantar’ de grillos, tienen, para el experto en comunicación y análisis político Jorge León, el objetivo de alejarse del Ejecutivo, debido a la poca aceptación que tiene. “Por eso están diciendo que hacen lo que les compete y que todo lo malo que pasa y acontece en el país es culpa del Gobierno, cuando no es así de simple como lo dicen”.
Para el estratega, el mensaje de la Asamblea también tiene incongruencias entre lo que dice, lo que hace; específicamente en los que repite, enérgicamente, que está velando por la seguridad de los ciudadanos. Y no solo eso, pues además es “errado e irresponsable”, pues refiere que con este paquete comunicacional en redes sociales evidencia la fractura que hay entre estos dos poderes del Estado, lo que agrava la crisis de institucionalidad del país.
“Para este tipo de videos se debió destinar un presupuesto, pero evidentemente carecen de un equipo de profesionales que construya un mensaje que contribuya a la institucionalidad del país para que los ciudadanos vuelvan a confiar, no en alguna corriente política o Gobierno, sino en las instituciones públicas del país; en los cinco poderes del Estado. Es una irresponsabilidad en medio de la crisis de violencia en la que vivimos y en la que, además, se ve a una Asamblea sacándole la lengua al Gobierno con el juicio político, y a un Gobierno que le responde con la muerte cruzada”.
El mensaje burlesco de la Asamblea en redes sociales es sesgado e incompleto, para el analista político y abogado constitucionalista Jorge Peñafiel. Él sostiene que la Asamblea no solo debe crear leyes, sino también fiscalizar. Sin embargo, a su criterio, los asambleístas no realizan este control político a las autoridades e instancias del Estado de manera sopesada, sesuda ni balanceada, sino con tintes políticos particulares.
Este Diario ingresó al portal de la Asamblea Nacional para constatar cuántas leyes han creado, en materia de seguridad, durante el año 2022 y lo que va de 2023 por y para el bienestar del país. Hay más videos likes en TikTok que leyes aprobadas; solo hay tres.
En ese periodo han creado la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza, la Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral, además de la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos.
Solo tres cuerpos legales ha logrado registrar una Asamblea (entre esos, los 137 legisladores) que mes a mes le cuesta a los ecuatorianos 2,9 millones de dólares solo en sueldos, y que asegura crear “leyes para combatir la inseguridad” y que, además, sostiene que es “obligación del Gobierno velar por la seguridad ciudadana”.
Este Diario se contactó con el secretario de Comunicación de la Asamblea Nacional, Carlos Dávila, para conocer con qué parámetros se estableció que los videos realizados y publicados cumplen con el deber de informar a los ciudadanos del acontecer político del país. Una comunicación que nunca obtuvo respuesta.
Carlos Dávila, quien registra en la Senescyt un título de abogado y gana por su labor de secretario de Comunicación en la Asamblea $ 4.283 mensuales, dijo a este Diario que debía solicitar permiso al presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, para conceder la información que solicitó EXPRESO. Una autorización que, al parecer, no le concedieron, pues hasta el cierre de este artículo el equipo de prensa de la Asamblea no respondió el requerimiento ni por mensajes ni por llamadas.
