Inseguridad: más de lo mismo, si no se ataca el problema de raíz

Daniel Noboa lleva en la Presidencia de Ecuador poco más de cuatro meses. El 8 de enero de este año declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional por grave conmoción interna, incluyendo a todas las cárceles del Sistema de Rehabilitación Social. Su vigencia fue de 60 días y antes de que culmine ese período el 8 de marzo, el jefe de Estado firmó el 7 de marzo la renovación por 30 días más, reconociendo la existencia de un conflicto armado interno. Es decir, el estado de excepción terminó.

Del 9 de enero al 4 de abril se registraron 18.156 detenidos, 300 de ellos por terrorismo; y constan otros 17 terroristas abatidos, de acuerdo a las estadísticas del Eje de Seguridad que es parte del Plan Fénix, según el Gobierno. Sin embargo, la situación de inseguridad continúa y se acerca la jornada electoral del 21 de abril por la consulta popular.

El constitucionalista Alan Añazco explicó que ya no se puede hacer otra renovación del estado de excepción porque la Constitución lo prohíbe. El artículo 166 permite aplicar esa medida hasta por 90 días. “Los hechos de violencia tendrían que controlarse a través del aparataje institucional ordinario”, a criterio del jurista.

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El artículo 164 de la Carta Magna establece las siguientes causales para aplicar la medida emergente: en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural.

El Gobierno podría intentar buscar otra causal para declarar un nuevo estado de excepción, pero eso sería inconstitucional, según Añazco, porque la Corte Constitucional ha dicho que si los hechos siguen siendo los mismos, el presidente no puede invocar otra causal para decretar un nuevo estado de excepción.

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Noboa se ha dedicado en las últimas semanas a reiterar la relevancia de votar por el sí en las 11 preguntas de consulta y referéndum, para enfrentar a los grupos “narcoterroristas”. 

Esa es una alternativa que tomará tiempo y el Gobierno debió prever otras acciones mientras tanto, como mayor presupuesto, mayores herramientas para la fuerza pública, más control de las cárceles, analizó Añazco. Cree que los estados de excepción son “solo un parche” porque no logran erradicar del todo el problema central de la violencia, que tiene múltiples aristas como el narcotráfico.

Si se aprueba la pregunta A del referéndum para que los militares apoyen en la seguridad interna a la Policía será una ayuda, pero “eso no es atacar el problema de fondo”, advirtió.

Leonardo Jaramillo, experto en seguridad, ve que el sistema carcelario aún no está bajo el control del Estado y que las medidas tomadas han sido coyunturales. “El Gobierno tendría que optar por otra vía para controlar la violencia dentro de las cárceles, pero se ha limitado a hacer lo mismo que el Gobierno anterior, que fue declarar los estados de emergencia y actuar dentro de ese marco, pero se necesitan medidas de largo plazo”, sostuvo. Sin el estado de excepción, en espera de la consulta, no se avizora un plan de transición hacia un estado de seguridad normal y “parece que habrá que esperar más de lo mismo, que volvamos a tener violencia dentro de las cárceles en el corto plazo”, estimó.

El experto sugiere que el Ejecutivo puede optar por convenios o programas con la Policía, un plan de reforzamiento del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), aunque sea emergente. Criticó que el Gobierno no transparente sus planes, si es que los tiene, y que solo sea reactivo ante las crisis, como la del feriado de Semana Santa, donde se registraron 137 asesinatos.

Álex Gavilanes, representante de la Asociación de los Exguías Penitenciarios, insiste al SNAI que se les reincorpore. Tienen un proyecto que, aseguró, ayudaría a controlar las cárceles y consiste en retomar los tres filtros en el corredor por donde ingresan los alimentos y los objetos prohibidos a las regionales. Conoce que ahora solo hay un filtro a cargo de la Policía.

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