Se instala la audiencia preparatoria de juicio para siete procesados en el caso hospital de Pedernales

El caso de delincuencia organizada por la fallida construcción del hospital de Pedernales en Manabí que investigó a 19 personas por ser parte de una supuesta estructura de corrupción se quedó con siete procesados. 

El lunes ocho, encabezados por el exasambleísta Daniel Mendoza y el exdirector del Secob René Tamayo, entre otros, asumieron el cometimiento del delito y fueron sentenciados a penas que van desde 34 a 50 meses de cárcel. 

Hubo otros cuatro que no recibieron acusación de la fiscal Diana Salazar y fueron sobreseídos por el juez Marco Rodríguez.

La fiscal señaló que la Fiscalía ha realizado su trabajo y es derecho de los procesados optar por los juicios cortos y en el caso hay varias penas y sobre todo una reparación integral por ocho millones de dólares en favor del Estado. 

"La delincuencia no se organiza únicamente para hacer deporte, la delincuencia tiene como fin último obtener beneficios económicos", dijo. 

Añadió que el enfoque de la investigación de la Fiscalía es afectar el bolsillo de las estructuras y cuando se hace eso realmente se está luchando contra la delincuencia organizada. Según la fiscal, la cooperación eficaz de varios de los procesados sí aportó en la investigación fiscal. 

Para los siete procesados que insisten en su inocencia este martes 10 de noviembre, pasadas las 09:00 se instaló la audiencia preparatoria de juicio.  Entre ellos se encuentra el exasambleísta Eliseo Azuero, Jorge Jalil y otros procesados. 

Daniel Morales abogado de Azuero indicó al juez Rodríguez que las grabaciones obtenidas y que fueron puestas en cadena de custodia han violado la Ley y el derecho a la defensa de su cliente. Según él se ha violado el principio de libertad probatoria. 

Azuero fue señalado por Mendoza en la trama de corrupción del hospital de Pedernales. En contra del exlegislador existen grabaciones de diálogos telefónicos mantenidos con Mendoza en donde se habla de reparto de dinero a otros legisladores quienes han negado cualquier responsabilidad. 

En su exposición la fiscal recalcó que las actuaciones de la Fiscalía han sido apegadas a la Ley y a la Constitución. Sobre lo expresado por la defensa de Azuero indicó que se conoce el origen de las grabaciones y eso fue ratificado en el testimonio anticipado rendido ante el juez. 

La fiscal acusó a Azuero de líder de la organización y a los demás procesados en calidad de colaboradores. Recordó que los hechos delincuenciales se ejecutaron entre 2019-2020 en Pichincha y Manabí. El liderazgo de la estructura organizada atribuyó a Azuero, actualmente prófugo de la justicia. 

Manifestó que el propósito del grupo delincuencial era la recaudación de dinero, es decir que los sospechosos se encontraban concertados para cometer delitos con penas superiores a los cinco años utilizando a personas jurídicas.

Según la fiscal los delitos eran: peculado, cohecho, tráfico de influencias, lavado de activos y falsificación de firmas. Con ello se habría vulnerado la eficiencia de la administración pública. Remarcó que la estructura se organizaba a través de la distribución de roles. Se hacían cobros de réditos económicos a través de la efectivización de cheques. 

Añadió que la organización ejercía sus actividades de forma permanente y no circunstancial. Así señaló que Jorge Jalil se debía a las órdenes de la organización cuyo liderazgo estaba en manos de Azuero y cumplió un rol determinante en la estructura de la organización ya que sin su intervención no habrían podrido consolidarse y perpetrarse los delitos afines con el fin de obtener beneficios económicos. 

Jorge Luis Ortega, abogado de Jalil defendió su inocencia. Ratificó que su cliente no tenía por qué someterse a un juicio abreviado porque no tiene responsabilidad en el delito.