Se instaló en la Corte de Pichincha la audiencia preparatoria para el alcalde Jorge Yunda y otros

Este lunes 26 de abril de 2021 inició en la Corte Provincial de Pichincha la audiencia preparatoria de juicio en contra del alcalde de Quito Jorge Yunda y otras 13 personas más, investigadas por posible peculado en la compra de pruebas para detectar COVID-19, durante la emergencia sanitaria. La adquisición, con aparente sobreprecio, se habría realizado durante la administración de Lenín Mantilla, exsecretario de Salud del Municipio.

La diligencia se instaló pasadas las 09:30 y luego de constatar la presencia de las partes procesales convocadas. Inició con la exposición de los vicios de competencia,  procedimiento y nulidad.

Juan Pablo Albán uno de los abogados del alcalde Yunda no tuvo reparos con la competencia del presidente de la Corte en el conocimiento del caso porque Yunda es alcalde y es al presidente al que le corresponde conocer el caso. 

Una situación que Albán sí dejó sentada es su protesta porque "a lo largo del proceso han habido situaciones sospechosas que han impedido ejercer la defensa" de su cliente. Citó por ejemplo que no se le permitió el acceso al expediente tres días después de la vinculación de Yunda al caso. Mencionó además una supuesta divulgación a la prensa documentos que en la audiencia de exhibición los asistentes habían jurado no divulgar. 

Otra posible anomalía que citó Albán fue la divulgación de una información que aseguraba que el alcalde quería huir. En redes sociales se difundió un documento sobre un pasaje aéreo atribuido a Yunda. 

Albán insistió en que a pesar de esos inconveniente no harán alegaciones de nulidad porque confían en que el juez se va a ocupar que en el desarrollo de la audiencia el proceso se garantice "lo que no ocurrió antes". Finalmente añadió que demostraremos por qué no amerita un llamado a juicio que Fiscalía podría pedir.

La defensa de Linda Guamán alegó indefensión hacia su cliente y mencionó una serie situaciones como la falta de notificación de la designación de un perito. La abogada Lolo Miño reiteró que se practicaron peritajes sin contar con la defensa técnica. 

Manifestó además que no se les permitió la práctica de un peritaje antropológico para deteminar el entorno social de una parte de la población capitalina con alto riesgo de contagiarse de COVID-19.

Nicolás Salas, defensor de Ximena Abarca, pidió la nulidad del proceso. Citó vulneraciones en contra de su cliente "por el uso abusivo de la figura de allanamiento" en el proceso penal. Mencionó el allanamiento de las oficinas de la Secretaría de Salud.

Otro de los conectados a la diligencia fue Pablo Encalada quien defiende a Enrique Bucheli. Él fue miembro de la Comisión Técnica y según su defensor, solo habría participado en la etapa precontractual. 

Los alegatos de Encalada se orientarán en vicios de procedimiento porque, según él, la  Fiscalía se ha concentrado en la ejecución del contrato, en la recepción de las pruebas y en la validez de las mismas. Pero, para él, su cliente participó de la fase precontractual, él solicitó pruebas PCR para detección de COVID y Salumed ofreció esas pruebas. Su criterio es: ¿qué entregaron, y sí sirvieron o no?, ya no es competencia de su cliente.

Habló además de vulneraciones a los derechos a la defensa de su cliente. Solicitó la nulidad de los actos señalados y que se vuelva el proceso a los actos que no fueron concedidos.

Luego de la exposición de los vicios que realicen los abogados el juez debe decidir si da paso a alguno de ellos o si declara la validez de todo lo actuado con lo que se daría paso a la sustentación del dictamen por parte del fiscal de Pichincha Alberto Santillán.