Instantáneas coronavíricas: No es discapacidad, es angurria

Hace no muchos años, las cosas se llamaban por su nombre. A los ancianos se les decía ancianos; a los presos, presos; ciegos, sordos y mudos a los ciegos, sordos y mudos; cojos, mancos y paralíticos a los cojos, mancos y paralíticos. No había dónde perderse. Una señora decía, “mi esposo es paralítico” y uno se hacía perfecto cargo de que el hombre necesitaba una silla de ruedas para trasladarse. Todo era muy claro hasta el día en que a alguien se le ocurrió que, para conjurar las miserias de la parálisis, la sordera, la vejez o la cárcel, no había mejor solución que desterrarlas del vocabulario. Entonces los ancianos se convirtieron en personas de la tercera edad; los presos, en privados de la libertad; los sordos, ciegos, mudos, cojos, mancos y paralíticos en personas con discapacidades. Ahora leemos una nota periodística sobre la inauguración del año escolar para 25 niños con discapacidad auditiva y no nos enteramos de lo esencial: si oyen o no oyen o cuánto oyen. Ahora escuchamos a una señora asambleísta decir “mi marido tuvo un accidente y padece una discapacidad” y nos quedamos sin saber si el tipo es incapaz de caminar o nomás cojea, si le falta un brazo o nomás un dedo, si le duelen las heridas en las noches de luna llena, en fin, lo básico. Solo nos queda la vaga noción de que estamos obligados a costearle los aranceles de su carro de lujo.

Es inquietante: uno conoce a una persona y se la encuentra regularmente en el trabajo, conversa con ella con normalidad, la ve caminar, moverse, interactuar con el entorno y el prójimo sin dificultad visible, subir las escaleras de dos en dos, responder cuando le llaman… Y un buen día nos enteramos de que tiene, para efectos oficiales, una discapacidad del 51, del 56, ¡del 64 por ciento! Ah, es que no oye bien. Ah, es que le faltan 40 centímetros de intestino delgado. Ah, es que el corazón tal cosa, es que la presión tal otra. Y así resulta que uno puede andar por ahí con una discapacidad de más del 50 por ciento sin que nadie lo note. ¡Gente de no creer! Deberían estar postrados y se los ve de una pieza.

Es el caso del asambleísta Fabricio Villamar. No oye bien. Grado de discapacidad según consta en el respectivo carné: 51 por ciento. “¿Y le recomendaron usar algún audífono?”, le pregunta la periodista de Teleamazonas Andrea Samaniego, poniendo el dedo no en la llaga sino en la oreja del problema. “No, aún no”, responde el otro, como dando a entender que la posibilidad está abierta y es inminente. Es como tener una pierna diez centímetros más corta que la otra y no usar zapatos ortopédicos. Aún no. También el contratista amigo de los Bucaram, Daniel Salcedo, alega tener una disfunción auditiva. Su carné certifica 46 por ciento de discapacidad. Entendámonos: no es que las facultades auditivas de Salcedo están disminuidas en un 46 por ciento; es que sus facultades físicas generales están disminuidas en esa proporción como consecuencia de su discapacidad auditiva. O sea que Salcedo debería ser sordísimo. Pero resulta que es músico. Y créanlo: no es Beethoven.

Elizabeth Cabezas y el accidente de su marido; Marcia Arregui y su dolencia cardíaca que nunca llegó a infarto; Israel Cruz y su intestino operado... ¿Qué tienen en común estos asambleístas entre sí y todos ellos con Daniel Salcedo? Que todos se compraron carro. De hecho, para eso sirven los carnés. Y mientras más alto sea el grado de discapacidad registrado, mayor será el descuento en aranceles. Sobre el 50 por ciento de discapacidad, el 70 por ciento de exoneración. Que no tiene nada de ilegal, dice Fabricio Villamar. “Si es que la ley te franquea esa posibilidad, yo lo que hice es el uso de una posibilidad amparada en la ley”, fueron sus felices palabras en Teleamazonas. Y claro, uno puede abstraerse del hecho de que una persona que no necesita prótesis auditivas aparezca en los registros nacionales como un caso “grave”, con el 51 por ciento de discapacidad general. Uno puede abstraerse de ese detalle (que no parece tan legal, después de todo) y reconocer que sí, que usar el carné de discapacitado para comprarse un carro ahorrándose el 70 por ciento de los impuestos es una posibilidad que franquea la ley. Aun recibiendo un sueldo mensual de alrededor de 5 mil dólares con plata pública. Aun siendo representante de los ciudadanos que sí pagan la totalidad de esos impuestos. La angurria podrá ser grotesca, antiestética y hasta moralmente reprochable. Pero ser angurriento es perfectamente legal.

Hay otras posibilidades que franquea la ley a los portadores del carné. Ahorros del 50 por ciento en las tarifas de agua, luz, internet, telefonía celular. Igual descuento en pasajes aéreos. Es de suponer que los asambleístas discapacitados hacen uso de todas ellas, ni que fueran bobos. Y hay otra más: el voto optativo. Esa sí que es una buena razón para carnetizarse. La posibilidad de mantenerse alejado de papeletas llenas de discapacitados por pura angurria es una tentación maravillosa.