Instantáneas coronavíricas: cada hospital, una cueva de Alí Babá

La campaña que la Secom olvidó

El 75 por ciento de los infectados de coronavirus en Quito se mueve libremente por las calles, sostiene escandalizado el alcalde Jorge Yunda. Que no, dice la ministra de Gobierno María Paula Romo, con quien comparte panel en un programa especial de Teleamazonas: que sólo es el 40. Se lo contó el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena. Que no se dude de la efectividad de sus controles. Yunda guarda silencio y pone cara de jugador de póker.

Sea 40 o 75, es una barbaridad. Sobre todo si se considera que muchos, como el vendedor ambulante que murió en la calle este fin de semana, ni siquiera llevan barbijo. ¡Vendedor ambulante! Romo repite sus nuevas palabras preferidas: “disciplina”, “obediencia”, “desacato”. Yunda saca el as que tenía escondido bajo la manga. ¿Desacato?, se pregunta. No: desconocimiento. El problema, dice con un tonito de candidez que a uno le entran ganas de asistirlo, es que el gobierno no ha hecho “una campañita tan sencilla sobre el uso de la mascarilla”. Es verdad. Y rima.

Todos los días, los noticieros de la televisión entrevistan a decenas de personas. Y todas las noches, tres o cuatro de ellas aparecen en la pantalla con el barbijo mal puesto, con la nariz o la boca descubiertas. Vendedores del mercado, usuarios de algún servicio, peatones, la alcaldesa de Guayaquil, el gerente del hospital del IESS de Quito, el comandante de Policía del Distrito Metropolitano… Todos con la mascarilla mal puesta. Nadie les ha enseñado cómo se usa y para qué sirve.

Todos los días, la Secretaría de Comunicación emite una cadena nacional financiada con plata pública en la que se encuentra, invariablemente, siempre el mismo contenido: ministros repartiendo fundas. “Kits alimenticios”, dicen con su horripilante jerga tecnocrática. “Estoy recibiendo esta donación por parte del señor presidente -dice una beneficiaria-, yo le agradezco de todo corazón y que Diosito lo bendiga”. Sólo falta que lleve la mascarilla en el cogote.

El IESS no se arrepiente de nada

Nuevo escándalo en el IESS. La Fiscalía ordena siete allanamientos y detiene a catorce personas. “Aprovecharse de la emergencia para robar fondos públicos es de miserables”, tuitea la Fiscal Diana Salazar. “Es intolerable”, reacciona la ministra de gobierno, María Paula Romo, pocas horas después de que se conoció del caso. El presidente de la República vuelve a despachar la sarta de muletillas al uso que se acostumbran en estos casos: “¡No vamos a permitir actos de corrupción! Caiga quien caiga. Exijo todo el peso de la justicia…”. Tres tópicos al hilo, uno tras otro: este caballero es un prodigio.

En las redes sociales la gente pide sangre. “El escándalo del IESS de esta semana es lo peor que hemos escuchado desde el escándalo del IESS de la semana pasada”, escribe un tuitero. Y no es para menos: los casi 600 mil dólares que gastó el Hospital de Los Ceibos en la compra de 4 mil fundas para embalaje de cadáveres (a razón de 148,50 dólares por funda), son un derroche de proporciones épicas. Otros hospitales del país adquirieron fundas de ese tipo a 16 dólares cada una. O sea que medio millón de dólares de la seguridad social se esfumaron en el camino.

Y cuando parecía que nada podía empeorar la situación, el IESS emite un “Comunicado oficial” de una carilla y sin firma de responsabilidad. ¿Pidiendo disculpas públicas y ordenando una investigación? No: justificándolo todo. “Todo este proceso -explica el boletín- se realizó con total transparencia y apego a la normativa establecida”. Se aplicó “la modalidad de contratación en situación de emergencia”, se presentaron cuatro ofertas y se eligió “la más beneficiosa”.

En resumen: robarse medio millón del IESS es perfectamente legal si se cumplen los requisitos estipulados. Ya pueden escandalizarse el presidente, la ministra de Gobierno, la Fiscal y todos los tuiteros del planeta pero aquí, señores, no ha pasado nada. Y como no ha pasado nada, como todo lo actuado es “transparente” y “se ajusta a la normativa establecida”, es evidente que lo seguirán haciendo. ¿Alguien lo duda?

No nos den esa plata que la robamos, dice el gobierno

Se imponen, pero no son impuestos. Son “contribuciones especiales”, dijo el secretario del Gabinete Sebastián Roldán entrevistado ayer en Ecuavisa. “Voluntarias”, han dicho otros funcionarios. Pero impuestas. Como los legionarios romanos a quienes el centurión de Petibonum enviaba a recibir golpizas de los guerreros galos en los libros de Asterix. “Han sido ustedes nombrados voluntarios”, les decía el centurión.

La diferencia está en que el dinero que se recaude de estas contribuciones especiales impuestas por el gobierno, o impuestos especiales, como quiera que se llamen, no va a manos del Estado. “Va a un fideicomiso que van a manejar entre privados -explica Roldán-, es decir, el Estado no va a tocar ese dinero porque precisamente aprendimos del ejemplo de Manabí”. Se refiere al terremoto y al reparto que hicieron los correístas con los impuestos especiales de aquella vez. Es decir: el despretigio de lo público ha topado fondo.

Hemos llegado al punto en que el Estado ya no puede confiar en el Estado. Ni nos den esa plata que la vamos a robar, están diciendo en el fondo, quieran que no, los altos funcionarios del gobierno de Lenín Moreno. Por eso es tan importante llamar “contribuciones especiales” a los impuestos: para disimular el hecho sorprendente de que la plata pública (que no deja de ser tal con cambiarle de nombre) termine siendo manejada por privados.

A este paso, para luchar contra la corrupción van a terminar creando un Estado paralelo que se haga cargo de todo aquello en lo que sería mejor que el Estado original no meta las manos. En la Secretaría Anticorrupción ya empezaron. Esta semana, en vista de los escandolosos procesos de compras públicas que no paran de descubrirse en los hospitales de Quito y Guayaquil, el titular de esa cartera, José De Las Gasca, anunció la creación de lo que llamó pomposamente “Unidades de Integridad y Anticorrupción Emergente” para el Teodoro Maldonado, el Eugenio Espejo y el Hospital de Los Ceibos. La integridad y la anticorrupción están sumergidas y hay que hacerlas emerger. Por eso emergentes.

Para vigilar los procesos de contratación pública, se supone, existe la Contraloría. Será porque esta no se da abasto por el gobierno no confía en ella que han preferido inventarse una contraloría pequeñita por cada organismo público, a ver si así dejan de robar de una puñetera vez. Luego vendrán las unidades de integridad y anticorrupción emergentes para vigilar a cada unidad de integridad y anticorrupción emergente. “Tenemos que hacer una corrección estructural”, dijo Roldán ayer en Ecuavisa. ¿Será esta?